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Por Eli Lake
No nos engañemos pensando que las elecciones municipales y provinciales del domingo en Venezuela marcarán un retorno a la democracia para este empobrecido país sudamericano.
Si bien participarán algunos políticos de la oposición, otros han sido arrestados por el régimen de Nicolás Maduro. La mayoría de las instituciones poderosas del país, desde tribunales hasta bancos, están bajo el control de sus leales. Además, en los últimos años, el Estado ha utilizado raciones de alimentos y otros beneficios para coaccionar la lealtad política de sus ciudadanos.
Bajo tales condiciones, uno pensaría que los observadores electorales se mantendrían al margen. Pero la Unión Europea planea enviarlos de todos modos. La decisión fue tomada por Josep Borrell, el alto representante de la UE para la política exterior, a pesar de advertencias de su personal de que una delegación oficial para observar las elecciones le daría al régimen de Maduro una legitimidad democrática inmerecida.
El plan concierne a Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas en Washington. “Probablemente no habrá mancha en lo que sea que los observadores puedan ver”, me dijo. “Pero eso no tiene nada que ver con la realidad de si las elecciones son libres o justas”.
Los observadores de la UE no solo servirán para encubrir la “elección” de un déspota. La decisión de enviarlos ayudará a profundizar la brecha dentro de la propia oposición de Venezuela, la cual se ha frustrado en los últimos dos años con Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional del país, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países en todo el mundo.
La presencia de observadores dará legitimidad a elementos de la oposición que favorecen una estrategia más acomodaticia con Maduro.
La decisión también ha creado una brecha dentro de Europa, y entre la UE y Estados Unidos. Casi un año después de la presidencia de Joe Biden, la política de su predecesor de reconocimiento de Guaidó por parte de Estados Unidos sigue vigente. El reconocimiento también es una política oficial para los aliados de Estados Unidos en América Latina y Europa. Enviar observadores electorales socava esa unidad.
Las políticas de Borrell “han estado descoordinadas con su propio personal o con Estados Unidos o las principales capitales europeas”, dijo Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial del expresidente Donald Trump para Venezuela. “Le han hecho un gran daño a la oposición en Venezuela”.
No es la primera vez para Borrell. En 2020, Borrell apoyó la decisión del político opositor venezolano Henrique Capriles de negociar por su cuenta con el régimen de Maduro. Esto fue una sorpresa para el Gobierno de Estados Unidos, me comentó Abrams. Más tarde se enteró de boca de interlocutores en Países Bajos, Alemania y Francia que ellos también desconocían la decisión de Borrell de apoyar las negociaciones de Capriles.
Todo esto presenta un dilema para Biden, cuya Administración negoció la extradición de España de un aliado clave de Maduro el mes pasado, y ha mantenido en gran medida la dura política de Trump hacia Venezuela.
El propio Biden ha dado gran importancia a la oposición al autoritarismo y al apoyo a la democracia en su política exterior. El próximo mes será anfitrión de una cumbre virtual de líderes mundiales democráticos en la que discutirán sobre la lucha contra las dictaduras.
Como mínimo, Biden debería asegurarse de que Guaidó sea invitado a esa cumbre. También debe dejar en claro que cualquiera que sea el resultado de las elecciones del domingo en Venezuela, no deben considerarse ni libres ni justas.
