Los países ricos se han asegurado suficientes vacunas contra el coronavirus para poder aplicarlas casi tres veces a sus poblaciones antes de fines del 2021, dijeron Amnistía Internacional y otros grupos, lo que posiblemente ha privado su acceso a miles de millones de personas en áreas más pobres.
Reino Unido aprobó este mes la vacuna COVID-19 de Pfizer, generando esperanzas de que pronto pueda controlarse un virus que ha matado a casi 1.5 millones en todo el mundo, ha golpeado la economía mundial y trastornado la vida normal.
Amnistía y otras organizaciones, incluidas Frontline AIDS, Global Justice Now y Oxfam, instaron a los gobiernos y a la industria farmacéutica a tomar medidas para garantizar que la propiedad intelectual de las vacunas se comparta ampliamente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha pedido repetidamente a los gobiernos este año que conviertan una vacuna que protege contra el COVID-19 en un “bien público”.
La OMS ha respaldado un programa de vacunación global conocido como COVAX, que busca garantizar la distribución equitativa de las vacunas y 189 países se han sumado. Pero algunos países como Estados Unidos no se han inscrito y se aseguraron acuerdos bilaterales.
COVAX espera entregar unos 2,000 millones de dosis para fines del 2021, pero eso solo representaría alrededor del 20% de la población de los países que forman parte del mecanismo.
“Casi 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra el COVID-19 el próximo año a menos que se tomen medidas urgentes”, ha dicho Amnistía Internacional, basándose en cálculos recientes.
“Los datos actualizados muestran que las naciones ricas que representan sólo el 14% de la población mundial han comprado el 53% de todas las vacunas más prometedoras hasta ahora”, dijo.
Amnistía dijo que Canadá era el país que había comprado más vacunas al considerar el tamaño de su población con dosis suficientes para vacunar a cada canadiense cinco veces.
La organización instó a apoyar una propuesta hecha por Sudáfrica y la India al Consejo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para renunciar a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, pruebas y tratamientos COVID-19.