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Occidente quiere contrarrestar la influencia china en los países desarrollados construyendo infraestructuras y estrechando las relaciones comerciales.
Durante la cumbre del G7, que terminó este martes en la localidad alemana de Elmau, los países más desarrollados confirmaron que tienen la intención de destinar US$ 600,000 millones para construirlas en los países de ingresos medios y bajos.
De ese dinero, Estados Unidos aportará US$ 200,000 millones a través de fondos públicos y privados durante los próximos cinco años, indicó el presidente de ese país, Joe Biden, durante esta cumbre.
Según Biden, las inversiones en infraestructuras son “cruciales” para un desarrollo sostenible y para lograr una “estabilidad global”. El macroplan de infraestructuras ya fue propuesto por el mandatario estadounidense en la cumbre del G7 que tuvo lugar en el Reino Unido. Y todo ello inmerso en plena disputa con Pekín por la hegemonía mundial.
Las iniciativas chinas
Una de las grandes razones por las que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se han lanzado al ruedo de las iniciativas globales de infraestructura es por las conocidas como Nuevas Rutas de la Seda, uno de los proyectos estrella del presidente chino, Xi Jinping, con las que China pretende tejer una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global.
Nacida en el 2013, la iniciativa ha generado tanto entusiasmo por las oportunidades de desarrollo que conlleva como escepticismo por los riesgos de endeudamiento excesivo y dependencia de Pekín, así como por su opacidad y sus consecuencias ambientales.
Las cuentas siguen sin estar del todo claras: según un ‘think tank’ dedicado a la iniciativa en el seno de la Universidad Central de Finanzas y Economía de Pekín, China destinó un total de US$ 755,000 millones a inversiones en países afiliados a las Rutas entre el año de su creación y junio del 2020.
Esa cifra todavía está muy lejos de las estimaciones más extendidas sobre el coste combinado de todos los proyectos acordados: entre US$ 1 billón y US$ 8 billones.
Según la shanghainesa Universidad de Fudan, aunque la mayoría de las inversiones en el 2021 fueron a parar a países asiáticos, cada vez se dedica más a Oriente Medio o África, mientras que Sudamérica es la región en la que más crece la actividad de construcción de los proyectos acordados.
Las autoridades chinas sacan pecho por algunos proyectos de las Rutas como líneas ferroviarias en Indonesia o Nigeria, puertos en Sri Lanka o Grecia, puentes en Bangladesh o Croacia e instalaciones energéticas en Chile, Rusia o Bolivia.
Los críticos aseguran, no obstante, que la inversión no sale gratis y que, a cambio, los países que la reciben deben comprometerse a alinearse con la posición de Pekín en diversos asuntos internacionales.
La movilización europea
La UE aspira a movilizar 300,000 millones de euros hasta el 2027 en el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el sudeste asiático y sobretodo en África, continente en el que Bruselas quiere destinar la mitad de los fondos.
El plan, conocido como Global Gateway, pretende, principalmente, contrarrestar la nueva ruta de la seda China y se centrará en impulsar la transición ecológica y digital en los países que quieran formar parte del proyecto.
Así, la UE podría financiar inversiones para producir hidrógeno verde o la instalación de cables submarinos que permitan el cambio de datos entre continentes, según explicó la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, cuando presentó la propuesta en diciembre del año pasado.
Además, en África se prevén destinar, por ejemplo, 125 millones de euros para que la Unión Africana logre el objetivo de producir el 60% de las vacunas que se inoculan en el continente para el 2040, teniendo en cuenta que los países africanos solo fabrican actualmente el 1% de las que se administran.
Bruselas promete condiciones favorables de financiación que no generen niveles insostenibles de deuda, pero para poder optar a los fondos, los destinatarios tendrán que respetar los derechos de los trabajadores, las normas internacionales en materia de propiedad intelectual, permitir un acceso justo a los concursos públicos y comprometerse, en líneas generales, con los valores democráticos.
La UE quiere movilizar un total de 300,000 millones de euros gracias a la participación de instituciones financieras como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, distintos programas europeos de ayuda exterior y los fondos que destinen tanto los países de la UE así como el sector privado.
Y ahora el G7, liderado por EE.UU.
El G7 destinará US$ 600,000 millones a un macroplan de infraestructuras en países de ingresos medios y bajos para contrarrestar el avance de China. Fue uno de los anuncios realizados por el presidente Biden durante la cumbre que acaba hoy en Elmau, cifra además que está incluida en las conclusiones de la cumbre. De esa cantidad, Washington movilizará US$ 200,000 millones a través de fondos públicos y privados, a lo largo de los próximos cinco años.
El mandatario estadounidense apuntó que las inversiones en infraestructuras son “cruciales” para un desarrollo sostenible y para lograr una “estabilidad global”. La iniciativa, bautizada como “Colaboración por la Infraestructura Global y la Inversión”, pretende impulsar el desarrollo de países de ingresos bajos y medios, fortalecer la economía global y la cadena de suministros.
Biden destacó que este plan se centra en ámbitos como la sanidad y la seguridad sanitaria, la conectividad digital, la igualdad de sexos, el clima y la seguridad energética.
En el marco de este plan, el presidente de Estados Unidos mencionó la creación de un cable submarino, que unirá el sureste asiático con Oriente Medio y Europa Occidental, que se ha adjudicado a la compañía de telecomunicaciones estadounidense SubCom.
Estados Unidos también quiere movilizar US$ 335 millones en inversiones para proporcionar internet y tecnología financiera en países de África, Asia y Latinoamérica.
Busca impulsar una réplica occidental y presenta el plan de infraestructuras como “una colaboración entre las grandes democracias para llevar a cabo un proyecto guiado por los valores, con altos estándares y transparentes”.
