Derechos laborales flaquean en ciudad automotriz de México pese a acuerdo comercial con EE.UU.

Tras organizar con éxito una huelga en el 2019, muchos trabajadores de la planta de autopartes de Tridonex en la ciudad mexicana de Matamoros, en la frontera con Estados Unidos, pusieron sus metas en alto: reemplazar al sindicato que, según dicen, se rehúsa a luchar por ellos.

Seis trabajadores de la fábrica, que reacondiciona autopartes de segunda mano para su venta en Estados Unidos y Canadá, dijeron que se sentían decepcionados porque su sindicato, SITPME, no respaldó sus demandas de un mejor salario.

Unos 400 trabajadores de Tridonex protestaron frente a la junta laboral de Matamoros el año pasado para que se les permitiera cambiar de sindicato.

Cuando estallaron las primeras manifestaciones en el 2019, muchos de los aproximadamente 4,000 trabajadores de la planta ganaban a diario poco más del salario mínimo de entonces, que llegaba a 176.72 pesos (US$ 8.82).

Los trabajadores de Tridonex y miles de empleados más de otras fábricas de Matamoros pararon sus labores exigiendo un aumento del 20% y un bono de 32,000 pesos, muchos de ellos sin respaldo sindical. En casi todos los casos, las empresas cedieron.

“Eso nos demostró que éramos capaces”, dijo Edgar Salazar, entonces empleado de Tridonex. “Sabemos que nosotros tenemos derechos. Sin embargo, el sindicato solo quiere cobrarnos. No nos apoya en nada”.

Jesús Mendoza, líder del SITPME de larga data, dijo que su sindicato genera empleos y brinda beneficios a sus miembros mientras mantiene relaciones armoniosas con los empleadores.

Sin embargo, Salazar y muchos de sus compañeros en Tridonex quieren dar su apoyo a una nueva organización liderada por la activista y abogada Susana Prieto.

Pero sus esfuerzos no bastan, según reconocen expertos laborales.

Desmantelar el arraigado poder de los sindicatos de México es un desafío apabullante, según algunos activistas laborales, ante las pocas señales de la situación mejorará con las reformas prometidas mediante el nuevo acuerdo comercial de América del Norte.

En medio de la resistencia del SITPME, la solicitud de los trabajadores de Tridonex de ser representados por el sindicato de Prieto aún no ha sido sometida a votación. Las demandas legales de la abogada Prieto para reemplazar a los sindicatos en otras 45 fábricas en el área también se han estancado.

Cuando Prieto instó a los paros laborales en enero para exigir nuevamente salarios más altos, solo unos pocos cientos de personas protestaron en un puñado de compañías. “La gente tiene miedo, porque no tiene quién la defienda”, dijo Prieto.

Según Prieto, alrededor de 600 de sus adeptos en Tridonex, incluido Salazar, fueron despedidos entre abril y octubre de 2020. Reuters no pudo confirmar la información de manera independiente.

Cardone Industries, la empresa matriz de Tridonex con sede en Filadelfia, no respondió a una pregunta sobre acusaciones de represalias.

Dijo que los despidos se realizaron debido a la reducción de la demanda tras los cierres de actividades por la pandemia, pero no proporcionó más detalles. Cardone es parte del grupo canadiense Brookfield Asset Management.

A paso lento

Al inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador se aprobó una ley en el 2019 que garantiza a los trabajadores el derecho a participar en sindicatos independientes. Aunque es fuerte sobre el papel, la norma entrará en vigor por completo hasta el 2023.

“La ley en general es muy buena. Pero eso no significa que vayamos a tener algún cambio en México pronto”, dijo Kimberly Nolan, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Algunos de los trabajadores de Matamoros ahora miran a Estados Unidos en busca de respaldo.

El nuevo acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) -implementado el año pasado- consagró los derechos de los trabajadores a elegir qué sindicato administra su contrato colectivo.

Con el demócrata Joe Biden ahora como presidente, México puede ser objeto de un mayor escrutinio para defender las disposiciones laborales asentadas en el pacto comercial, que fueron diseñadas en parte para evitar que los bajos costos de mano de obra hagan perder más empleos en Estados Unidos.

Según el acuerdo, las empresas que no garanticen la libertad de asociación de los trabajadores en México podrían ser sancionadas con aranceles y otras penalizaciones.

La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, que dirige la política comercial estadounidense, no respondió a una pregunta sobre cómo abordaría el Gobierno de Biden las violaciones de las normas laborales establecidas en el pacto.

Pero Katherine Tai, directora de la agencia, dijo la semana pasada que “no tenía miedo” de acogerse a las disposiciones del TMEC, sin especificar qué temas podrían ser revisados.

La poderosa federación sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO, dijo en abril que estaba conformando casos contra empresas en México bajo el TMEC y que haría públicos los detalles en mayo.

Matamoros es una de las numerosas ciudades fronterizas mexicanas a las que las empresas estadounidenses se han visto atraídas por mano de obra barata en las últimas décadas. Sus fábricas suministran repuestos para General Motors, Toyota Motor, Stellantis y otras automotrices.

El auge del comercio con Estados Unidos ha generado empleos en áreas del norte de México, pero los derechos laborales están rezagados.

Las empresas en México comúnmente han despedido a trabajadores, entre otras tácticas, en lugar de permitirles integrarse a nuevos sindicatos, sostienen activistas, académicos y funcionarios.

“Los despiden, los reprimen. Ya no les dan horas extras. No les dan bono. Les cambian de turno a la noche”, dijo Alfredo Domínguez, titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, creado bajo la reforma laboral, para garantizar que los contratos colectivos sean legítimos.

Una de las prioridades de la Secretaría del Trabajo es eliminar los llamados “contratos de protección”, firmados entre sindicatos y empleadores sin previa consulta o conocimiento de los trabajadores, que, según Domínguez, constituyen al menos el 80% de todos los contratos colectivos en México.

La reforma laboral, una vez implementada, también eliminará las juntas locales a los que los activistas sindicales acusan de retrasos prolongados en el proceso de establecimiento de nuevos sindicatos como el de Prieto. Las juntas serán reemplazadas por tribunales dependientes del poder judicial.

Nuevas tácticas

Frustrados por las demoras en la creación de un nuevo sindicato, cientos de trabajadores de Tridonex optaron a principios del 2020 por una nueva táctica: declarar que ya no querían pagar cuotas al sindicato establecido, SITPME. Tras varias protestas, Tridonex consintió.

Luego comenzaron los despidos, dijeron cuatro trabajadores a Reuters.

En marzo del 2020, Efrén Ruiz, quien limpiaba y ensamblaba piezas de frenos para Tridonex y era un firme defensor del sindicato de Prieto, fue despedido. “Esto es una represalia”, recordó Ruiz que le dijo a un supervisor, antes de que los guardias de seguridad lo escoltaran a la salida, afirmó. Otros tres trabajadores también dijeron que creían que su activismo sindical les costó el puesto.

Un registro de las autoridades visto por Reuters, con fecha del 30 de octubre del 2020, muestra que Tridonex despidió a 717 personas de abril a octubre del año pasado.

Reuters no pudo determinar si se ha vuelto a contratar a algún empleado desde entonces. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que rastrea el empleo, dijo que no podía comentar sobre empresas individuales. Prieto dijo que los despidos fueron una represalia de la empresa para proteger al SITPME y evitar más paros en demanda de un mejor salario.

El líder del SITPME, Mendoza, describió las denuncias de represalias como “mentiras”. Cardone dijo en un comunicado que la reducción de personal se debió a una caída en la demanda y fue “manejada a través de discusiones transparentes y constructivas con empleados y sindicatos relevantes”.

SITPME, que ensalza beneficios de la membresía como la asistencia médica y legal, dijo que atrajo de regreso al menos a 3,000 personas de diferentes compañías que habían apoyado al grupo separatista de Prieto. Reuters no pudo confirmar de manera independiente la información.

Mendoza señaló que busca el diálogo con las empresas, no las huelgas: “Lo que nosotros lideramos es garantía de paz laboral y eficiencia en la mano de obra”.