El VI Encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) terminó en la víspera (jueves) sus deliberaciones con la conclusión de que los sectores más afectados por el contrabando durante la pandemia fueron el farmacéutico, las bebidas alcohólicas y los alimentos.
También concluyó que el comercio ilícito y la falsificación son un obstáculo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que la región no está completamente preparada aún para el comercio electrónico.
Así lo recoge la Declaración de Quito con los planteamientos y propuestas de los participantes en el encuentro, entre los que estuvieron autoridades, gremios, empresas y académicos de países como Ecuador, Colombia, Honduras, Bolivia, Perú, Chile y Costa Rica, entre otros, según un comunicado.
Pablo Jiménez, vicepresidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), indicó al cerrar el evento que “el comercio ilícito es un tema de seguridad nacional” y que “todas las instituciones del Estado deben estar juntas para combatirla” para “una sociedad con más legalidad”.
Los efectos de la pandemia del COVID-19, tema de análisis durante los dos días del encuentro, reflejaron que los sectores más afectados por el contrabando fueron el farmacéutico, bebidas alcohólicas y alimentos, según Jeff Hardy, director general de Transnational Alliance to Combat Illicit Trade (TRACIT).
“La pandemia demostró que no estamos preparados para el e-commerce”, porque “no hay reglas que gobiernen el internet y protejan el fraude en línea”, dijo, al sugerir que las políticas públicas también se enfoquen en esta modalidad de comercio y ciberseguridad.
Durante el encuentro de la ALAC también se realizaron mesas de trabajo sobre las necesidades de sectores muy afectados por el contrabando como el tabaco, con la propuesta de “crear mesas de trabajo público-privado para identificar rutas internacionales de los cigarrillos ilegales”.
Según distintos informes, en Ecuador el contrabando de cigarrillos oscila entre el 50% y 79%, sin que los analistas se pongan de acuerdo sobre su verdadero alcance.
Igualmente, en otra mesa, los expertos coincidieron en “la importancia de fortalecer las normas de extinción de dominio en todos los países de la región y los controles en conjunto con los actores del gobierno y sector privado”, señaló.
La ALAC exhortó a la capacitación y sensibilización de la ciudadanía para que sepan identificar un producto de contrabando y sus efectos y recomienda fomentar la autorregulación y controles a las plataformas digitales que se dedican a la venta de productos.
En el sector farmacéutico se enfatizó la necesidad de hacer un seguimiento más detallado a las denuncias de casos de comercio ilícito y robustecer los procesos de judicialización en conjunto con la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional.
Los planteamientos debatidos forman parte de “una hoja de ruta para construir buenas prácticas y una agenda pública-privada para articular esfuerzos en contra del contrabando” de cara a la próxima reunión en el 2022, que tendrá lugar en Honduras.