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Chile, que posee el 80% de los glaciares de Latinoamérica, se resiste a aprobar una ley para proteger estas masas de hielo, un tema que se discute desde hace 15 años pero que no se regula por intereses económicos de la potente industria minera, cuya actividad representa un 10% del PBI.
El pasado setiembre, un tribunal ambiental ordenó el cierre del proyecto minero Pascua Lama, de la firma canadiense Barrick Gold, y le impuso una multa de US$ 9.2 millones por daños al medioambiente, entre ellos, perjuicios permanentes a varios glaciares y glaciaretes al norte de Chile.
Fue en el 2005, con el inicio de este millonario proyecto, cuando numerosos ambientalistas y expertos glaciólogos alertaron sobre la necesidad de crear una ley que protegiera los 24,000 glaciares del país, que representan el 4% del hielo del mundo.
“El proyecto de Pascua Lama es un claro referente de la destrucción del hielo a manos de la minería chilena, una industria destructiva y extractivista”, aseveró Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile.
Para la organización, es un “sinsentido” que el país no tenga todavía una ley que proteja este patrimonio ambiental especialmente cuando supone una reserva de agua “esencial” para Chile, que desde hace 10 años vive una megasequía.
Los glaciares funcionan como embalses naturales que abastecen el caudal de numerosos ríos y de las napas, las aguas subterráneas que abastecen a las ciudades, a la agricultura y a la industria, explicó Francisco Ferrando, glaciólogo de la Universidad de Chile.
“Que las actividades mineras los estén destruyendo es una atentado contra la sustentabilidad, contra la biodiversidad y una manera de hipotecar nuestra reserva hidrológica para el futuro”, señaló.
En las últimas décadas más de 26 faenas mineras han excavado, dinamitado y contaminado con residuos de combustión más de 3.3 kilómetros de superficie de hielo, según un estudio de la Universidad de Waterloo y la Universidad de Chile, que calificó este hecho de “único a nivel mundial”.
Impacto en la minería
Pese a que legislar para proteger los glaciares sea algo “urgente” para numerosos ambientalistas y académicos, todavía no se ha llegado a ningún consenso político en Chile. Desde el 2006 se han presentado sin éxito seis proyectos de ley, de los cuales el último, ingresado por la oposición en el 2018, lleva más de un año congelado en la Comisión de Minería del Senado.
“El oficialismo quiere hacer un traje a la medida de los intereses de la minería chilena con un proyecto que permita intervenir los glaciares y nosotros (la oposición) queremos protegerlos”, explicó el senador de oposición Guidor Girardi, miembro de la citada comisión.
Esta ley ha polarizado el debate entre industria y medioambiente y las empresas mineras están llevando a cabo una “campaña del terror” sobre el impacto que podría significar para esta industria, denunció el parlamentario.
La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) publicó en un informe que el carácter retroactivo de la norma provocaría la paralización de cinco grandes proyectos mineros y el despido de más de 34,000 personas.
El freno de estas obras, apuntó el estudio, se traduciría en una pérdida del 17% de los ingresos para la estatal Codelco y de un 18% para el sector privado, además de una disminución de ingresos entre el 2018 y 2030 del 2% y 1% para ambos sectores, respectivamente.
“Necesitamos que esta regulación que busca proteger los glaciares también sea sostenible en términos de empleo”, aquejó Gustavo Tapia, portavoz de la Federación de Mineras de Chile que agrupa más de diez sindicatos de trabajadores del sector.
La poderosa industria de la minería de Chile, el primer productor mundial de cobre, representa el 10% del PBI nacional y se ha convertido en un sector clave para la fuertemente golpeada economía chilena, mellada por las restricciones sanitarias impuestas para combatir el coronavirus.
En Chile operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals aunque también muchas pequeñas y medianas compañías que dan empleo a más de 220,000 personas.
El glaciólogo Gino Casassa, del Ministerio de Obras Públicas, afirmó a Efe que el proyecto de ley actual “no es sensato” en términos económicos y que además de afectar a la minería también restringiría otras actividades y obligaría a cerrar algunas carreteras que van a Argentina, varios centros de esquí e incluso centrales hidroeléctricas.
“Desde el 2012 no hemos aprobado ningún proyecto que excave o dinamite glaciares, y las mineras ya han hecho un cambio de mentalidad hacia un modelo más sustentable, aunque sea por fuerza de las reglas ambientales”, defendió.
