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El modelo privado de pensiones de Chile, que recientemente cumplió 41 años, está siendo fuertemente cuestionado, hasta el punto de que el presidente electo, Gabriel Boric, se comprometió a reemplazarlo por uno público, una decisión que podría generar un “efecto dominó” en algunos países de la región con sistemas similares.
Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e ideado por uno de los hermanos del mandatario saliente, Sebastián Piñera, el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual.
Boric, quien se impuso con una amplia victoria, prometió “pensiones dignas” durante su campaña, algo que pretende conseguir acabando con las polémicas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y transitando hacia un sistema público.
El exlíder estudiantil, sin embargo, ha explicado reiteradamente que no se “interferirá” en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha y que su propuesta “debe estar abierta a modificaciones”.
Para Francisco Castañeda, de la Universidad Mayor, el objetivo de Boric se antoja “complejo” por la composición del futuro Parlamento —altamente fragmentado y sin mayoría— y su reforma podría terminar no siendo tan ambiciosa.
¿En qué consiste el modelo chileno?
Las pensiones llevan años en el ranking de las principales preocupaciones de los chilenos y la refundación total del sistema fue una de las principales demandas de las protestas del 2019, las más graves desde el retorno a la democracia.
“Las AFP nunca han entregado pensiones dignas porque no fueron creadas para ello, sino para generar un mercado de capitales en torno a las élites”, denunció Mario Villanueva, uno de los fundadores del movimiento No+AFP, que lleva años movilizando a miles de personas en las calles.
En Chile, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10de su sueldo mensual a una cuenta personal que es tutelada por las AFP y de la que puede disponer cuando se jubile (60 años para las mujeres y 65 años los hombres).
Actualmente existen siete AFP, que obtienen beneficios millonarios tras invertir en los mercados los ahorros de los trabajadores, que suman más de US$ 200,000 millones, cerca del 8% del PBI chileno.
La rentabilidad media que las AFP han proporcionado en estas cuatro décadas, señaló Villanueva, “no llega al 5%”, frente a las utilidades promedio del 25% que han obtenido: “Es un sistema fracasado”, agregó.
Según la Superintendencia de Pensiones, las más de 8,000 personas que se jubilaron en noviembre recibieron de media una pensión mensual de US$ 260, un poco menos de la mitad del salario mínimo.
“Desde el punto de vista de la inversión, las AFP han contribuido al crecimiento, pero los trabajadores no han recibido lo esperado”, explicó Castañeda, quien apuntó que el sistema funciona si se tiene un empleo estable y un ingreso alto, algo impensable para la gran mayoría de los trabajadores chilenos.
Germán Vera, de la Universidad de Los Andes, indicó a Efe que parte de la responsabilidad de que las AFP sean tan impopulares “recae en los mismos arquitectos del sistema, que para lograr su adopción prometieron tasas de reemplazo del 100%”, cuando en la actualidad rondan el 30%.
El sistema, sin embargo, ha sufrido reformas en los últimos años, como la impulsada en el 2008 en el primer Gobierno de Michelle Bachelet, quien introdujo el llamado “Pilar Solidario”, un tipo de pensión financiada por el Estado y dirigida al 60% más pobre de la población que nunca había cotizado.
En un hecho histórico, el Parlamento chileno aprobó en julio del 2020 el primer retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones para que la castigada clase media pudiese hacer frente a la crisis provocada por la pandemia ante las “insuficientes” ayudas gubernamentales.
Desde entonces, ya se ha dado luz verde a otros dos retiros y las AFP han desembolsado más de US$ 46,500 millones, lo que implica una importante descapitalización.
¿”Efecto dominó” en la región?
El modelo chileno se expandió a otros países de la región, como Perú, México o Colombia, pero se combinó con sistemas públicos.
Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló en el 2018 que el 60% de los países que privatizaron sus pensiones revertieron las medidas, sobre todo después de la Gran Recesión, porque la privatización “no dio los resultados esperados”.
“Los sistemas de capitalización individual tuvieron el efecto positivo de involucrar menos carga fiscal en contextos de pesadas mochilas de deuda pública, pero ahora torna imperativo que se realicen ajustes”, señaló Castañeda.
En Perú, pionero en aprobar los retiros anticipados de las pensiones y los trabajadores pueden optar por aportar al sistema público o afiliarse a una AFP, la crítica hacia la capitalización individual también está muy extendida.
La pandemia generó además más presión sobre las AFP, que desembolsaron US$ 16,480 millones entre el 2020 y 2021 en cinco adelantos extraordinarios, y los ataques contra el sistema privado de pensiones en el Perú son constantes durante las campañas presidenciales.
El debate en Colombia también está sobre la mesa y un posible contagio de lo que pasa en Chile dependerá mucho del resultado de las elecciones del año próximo, en las que todas las encuestas dan como favorito al izquierdista Gustavo Petro, quien ha hablado de reformar el actual sistema mixto.
Los planes de Boric sí pueden impactar de alguna manera el negocio que tiene el Grupo Sura, uno de los principales conglomerados de servicios financieros de Colombia y que controla al menos el 20% de los fondos de pensiones de Chile.
El grupo, sin embargo, desmintió el pasado fin de semana que su operación en Chile esté en riesgo: “A la fecha, no conocemos ninguna decisión del gobierno de Chile en ese sentido”.
La propuesta de Boric también ha encontrado eco en México, donde “la tecnocracia mexicana de Ernesto Zedillo (presidente de 1994-2000) hizo una copia casi en calca de la privatización del sistema de pensiones de Augusto Pinochet”, dijo Gustavo Leal, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En enero pasado, bajo el gobierno de Manuel López Obrador, entró en vigor la primera reforma al sistema desde 1997, que busca aumentar en un 40% el ingreso de los jubilados.
Para Leal, la reforma “es insuficiente porque preserva el modelo que justamente Boric quiere sustituir”: “En un contubernio con el sector empresarial y con un segmento intensamente corporativo del sindicalismo, el presidente le dio por lo menos diez años más de oxígeno al sistema equivalente a las AFP”, agregó.
Adalides del sistema público
Brasil y Argentina son los grandes defensores de los sistemas de reparto en la región.
En la mayor economía latinoamericana, el sistema de jubilaciones continúa siendo público, aunque existe la posibilidad de que los trabajadores aporten voluntariamente a fondos privados para complementar su renta futura, ya que la jubilación pública máxima es de 6,000 reales (un poco más de US$ 1,000).
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, propuso en el 2019 crear fondos privados como alternativa al sistema público, pero el Congreso lo rechazó y aprobó una reforma más suave, que impuso una edad mínima de jubilación (62 años para las mujeres y 65 para los hombres), así como un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.
En Argentina, un país con recurrentes períodos de alta inflación, el sistema es completamente público, pero la ley establece que la tasa de reemplazo debe ser del 82% y actualizarse periódicamente.
Esta imposición legal no siempre se ha cumplido y ha suscitado a lo largo de las décadas conflictos. Hasta el 2017, la actualización era semestral y en base a una fórmula determinada en partes iguales por la variación de la recaudación tributaria y la variación de los salarios.
El exgobernante Mauricio Macri cambió la fórmula (70% de inflación y 30% de variación salarial), pero el gobierno de Alberto Fernández recuperó la recaudación tributaria y los salarios como componentes de la actualización.
