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Luis Arce asumió la Presidencia de Bolivia un 8 de noviembre del 2020 tras ganar unas complejas elecciones con el 55.1% de los votos en medio de un contexto polarizado, con grandes retos por la crisis social, política y sanitaria, y este lunes cumple su primer año de gestión.
Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales, comenzó su gestión haciendo referencia a la “unidad” tras la polarización de los bolivianos por las elecciones fallidas del 2019, que dividieron al país entre quienes aseguran que se trató de un “golpe de Estado” y quienes señalan que fue un fraude electoral a favor de Morales.
El mandatario boliviano hace un año asumió también el compromiso de hacer justicia por todos los muertos de los enfrentamientos en Sacaba y Senkata del que responsabiliza al Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, además, de las múltiples crisis en el país.
Arce aseguró que gobernaría con distancia de Evo Morales, quien fue presidente por casi 14 años, y también manifestó que una de las principales premisas de su Gobierno sería la recuperación económica de Bolivia.
Estas son las claves del primer año de gestión de Arce:
Caso “golpe de estado”
En noviembre del 2020, la exdiputada del MAS Lidia Patty presentó una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por hechos relacionados a la crisis política del 2019 tras las fallidas elecciones.
La expresidenta transitoria Jeanine Áñez está detenida por este caso de forma preventiva en una cárcel de La Paz desde marzo, ya son casi ocho meses de su reclusión en medio de duros problemas de salud, una “autolesión” y pesan sobre ella varios otros procesos mientras que el Parlamento boliviano analiza otros juicios de responsabilidades.
Por este caso también están detenidos dos exministros de Áñez y exjefes policiales y militares, mientras otros como el gobernador opositor de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, están vinculados a ese proceso.
Además, la Fiscalía boliviana también investiga a Áñez y a exjefes militares en el denominado caso “golpe de Estado II” que pretende indagar el marco de la sucesión presidencial en el 2019.
Manejo del COVID-19
Arce pidió a la población “aguantar y resistir” la pandemia del COVID-19 hasta que llegaran las vacunas, una declaración que causó polémica en el país, en medido una fuerte segunda ola de contagios.
El plan contra el COVID-19 de Arce se ha centrado en tres pilares: el diagnóstico, para el cual adquirieron pruebas antígeno nasales, la inmunización del 100% de la población vacunable y la coordinación con las autoridades subnacionales.
El plan de vacunación se inició a finales de enero con el personal sanitario y los enfermos de base que luego avanzó por edades, se amplió hasta los menores de 16 y 17 años y que hasta ahora alcanzó a inmunizar al 64% de la población vacunable con la primera dosis.
Asimismo, el Gobierno de Arce lidera una campaña internacional para la liberación de patentes de las vacunas contra el COVID-19 ante la escasez de los inmunizantes a nivel mundial.
Economía
La reactivación económica es una de las principales premisas del Gobierno de Arce, quien fue ministro de Economía de Morales.
En un año ha aplicado varias medidas como el bono contra el hambre, una ayuda social por la pandemia del COVID-19, también ha promovido fideicomisos para otorgar créditos a productores con la finalidad de reactivar la industria y sustituir las importaciones.
De la misma manera creó un impuesto a las grandes fortunas y se dio luz verde al retiro total o parcial de los aportes de jubilación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), una promesa cumplida de su campaña electoral.
Conflictos
La política en el último año en Bolivia también ha estado muy polarizada por cuenta de los constantes roces entre sectores oficialistas y de la oposición, que en varias ocasiones se han trasladado a las calles con paros y marchas.
Entre los principales conflictos que se han registrado está el fuerte enfrentamiento entre dos sectores de los cocaleros, por la elección de su máximo dirigente, uno afín al oficialismo, lo que levantó ampollas por ser un sector privado.
El mes de octubre fue uno de los más convulsionados con varios paros y protestas en contra de algunas medidas del Gobierno como un polémico proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, que luego el propio Ejecutivo dijo que retiraría del Parlamento boliviano.
Precisamente en la jornada de hoy varios sectores del país realizarán un paro en contra de la “ley madre” o de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo ya que consideran que busca imponer un “totalitarismo económico y financiero”.
