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La Organización de Estados Americanos (OEA) se debate entre quienes apuestan a una salida diplomática a la situación en Nicaragua, quienes buscan suspender al país de la organización y quienes optan por la cautela o incluso defienden al ilegítimo gobierno de Daniel Ortega.
Ortega fue “reelecto” el domingo para un cuarto gobierno consecutivo tras haber reprimido a los opositores que podían hacerle sombra: a la mayoría los mandó a prisión y otros se exiliaron. Las detenciones se suceden desde las protestas del 2018, que pedían su dimisión y se saldaron con cientos de muertos.
Desde hace tiempo la OEA insta a Nicaragua a respetar los derechos humanos y adoptó dos resoluciones para pedir la liberación “de los presos políticos” y comicios “libres y justos”.
En la resolución aprobada en octubre advirtió a Managua que la asamblea general -inaugurada el miércoles- podía tomar “otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana”.
Por “otras acciones” se entiende una eventual suspensión.
Un proyecto de resolución impulsado el miércoles por ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) pide al Consejo Permanente que haga “una evaluación colectiva inmediata a más tardar el 30 de noviembre y tome las acciones apropiadas”.
Eso implica un paso hacia la suspensión, aunque concede un margen de maniobra.
Una eventual suspensión no aislaría completamente a Nicaragua a nivel internacional “porque el régimen de Ortega cuenta con el apoyo de varios países que no son miembros de la OEA, los cuales, presumiblemente, continuarán dándole soporte diplomático, económico, comercial y financiero”, afirmó Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica y director interino del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe Kimberly Green.
Agregó que “está por verse la actitud que asumirán” algunos países a la hora de votar, entre los que cita a Argentina, Brasil, El Salvador y México.
Rusia, Cuba, Bolivia y Venezuela respaldan a Nicaragua, cuyo embajador ante la OEA, Arturo Mcfields Yescas, sostuvo que en su país “se votó de manera libre, libre de presiones, libre de chantajes, libre de injerencias y libre de sanciones”.
La no suspensión de Nicaragua en la OEA “sería un fracaso de la comunidad internacional”, apunta Joel Martínez, analista del Center for American Progress.
Si la OEA aumenta la presión sobre el gobierno nicaragüense, fortalecería los esfuerzos de la comunidad internacional “para no darle reconocimiento a su nuevo mandato y anunciar e implementar medidas coercitivas”, añade.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se declaró en junio partidario de activar los mecanismos para aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud de la cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados.
En el supuesto de que se decidiera la suspensión, el país debería seguir cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos y la OEA continuaría trabajando para el restablecimiento de la democracia en el Estado suspendido.
Solís resaltó la dificultad de inducir a un país a acatar sus obligaciones internacionales si se niega “de manera reiterada, desafiante y tozuda”.
Por eso consideró más eficaz que la negociación corra a cargo de organizaciones humanitarias apolíticas, de una personalidad que no esté vinculada a Nicaragua, como un premio Nobel o una figura artística o deportiva, o incluso de alguien que simpatice con la causa de Ortega y precisamente por ello tenga un cierto “poder de convocatoria”.
En cualquier caso la OEA enfrenta un quebradero de cabeza diplomático de desenlace incierto.
