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El acercamiento entre dirigentes de pequeños transportistas y el gobierno de Chile para buscar el fin de una paralización de cinco días encontró el viernes su primer escollo en las querellas judiciales presentadas contra los conductores, quienes interrumpieron la negociación ante la negativa del ejecutivo de retirarlas.
El gobierno del presidente Gabriel Boric y los líderes de los transportistas se sentaron a hablar para conocer la propuesta de las autoridades con la que llegar a un acuerdo para suspender la paralización que ya amenaza con el desabastecimiento de alimentos y combustibles, especialmente en ciudades extremas del país.
Los camioneros demandan rebajas de un 30% en el precio del diésel, el fin de las alzas semanales de los combustibles y mayor seguridad en las rutas en las que, aseguran, los robos y asaltos crecieron descontroladamente. El gobierno calificó de “desproporcionadas” las peticiones.
Freddy Martínez, presidente de los camioneros del sur, reconoció que hubo avances en las conversaciones del viernes, pero se interrumpieron cuando el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que no era posible retirar la treintena de querellas presentadas contra los conductores en huelga por obstruir el libre tránsito.
Cristián Sandoval, líder de transportistas del norte, afirmó que el gobierno “en estos momentos está cerrando la puerta”. No ha habido un pronunciamiento del ejecutivo al respecto.
Días atrás, el presidente Gabriel Boric advirtió al gremio en protesta que recurriría a “toda la fuerza de la ley” para afrontar el pulso de los camioneros. De los 40,000 conductores del sector, 30,000 son medianos y pequeños.
La paralización del transporte pone en jaque la actividad del país, que por su geografía angosta, moviliza el 95% de la carga nacional por carretera. Por las vías chilenas circulan alimentos, materiales de construcción, maquinaria o combustibles y los 3,300 kilómetros de la Ruta 5 o Panamericana son el eje estratégico que une el país de norte a sur.
Fuente: AP
