El mandatario chileno, Sebastián Piñera, dos veces presidente de su país, se despide del poder tras cuatro años marcados por el estallido social, la gestión de la pandemia, la crisis económica, la discusión de una nueva Constitución, el conflicto en la Araucanía y una crisis migratoria sin precedentes.
El mandatario llegó a La Moneda en el 2017 en un momento en el que la derecha chilena llegó al gobierno con una vocación de “contrarreforma”, buscando “profundizar el libre mercado” ante los cambios impulsados anteriormente en la Administración Bachelet, recuerda el doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Diego Portales, Rodrigo Espinoza,
Sin embargo, expertos coinciden en que el Gobierno actual perdió la iniciativa desde fines del 2019 a causa del estallido social, la crisis política más grave de los últimos 30 años que dejó al Ejecutivo sin capacidad de maniobra y un saldo de miles de heridos, cientos de traumas oculares por disparos de la policía y decenas de muertos.
“Piñera, con su lamentable afirmación de “estamos en guerra” en medio de las protestas, declarándole la guerra a la sociedad civil movilizada de forma pacífica en su mayoría, y violenta en algunos casos, le cerró la puerta al proceso constituyente”, afirmó Espinoza.
“Llama la atención que Piñera no conduzca ninguno de los procesos relevantes a partir del estallido social, después del que surge el acuerdo por la nueva Constitución. Esos acuerdos los alcanzan la oposición con sectores del oficialismo, pero sin iniciativa del presidente”, señala por su parte el académico del departamento de sociología de la Universidad de Chile, Octavio Avendaño.
Derechos humanos
Las protestas del 2019, que fueron contenidas tras el acuerdo para la creación de la Convención Constitucional, estuvieron marcadas por una fuerte represión policial y violaciones generalizadas de los derechos humanos denunciada por grupos como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI).
“Es un gobierno que deja un saldo bastante negativo desde el punto de vista de la convivencia nacional debido a problemas de derechos humanos que se registraron a partir del estallido. Muchos han hablado de procesamiento judicial del presidente y lo más probable es que eso ocurra. Es un legado bastante controversial, con cosas no resueltas”, aseguró Avendaño.
Militarización al norte y al sur
La frontera norte con Perú y Bolivia es escenario desde febrero del 2021 de una crisis migratoria sin precedentes que conjuga falta de bienes básicos, colapso de infraestructura y un descontento local que ha azuzado la xenofobia.
Solo un año después, el Gobierno saliente decretó estado de excepción, militarizó la frontera en el borde altiplánico, pero sin dotar de medios a quienes tratan de resolver los problemas humanitarios, cada vez más agudos.
Un plan similar al que ensayó en el sur, donde grupos mapuches luchan contra las grandes empresas agrícolas y forestales a las que el Gobierno concedió la explotación de tierras consideradas ancestrales.
“Uno de los temas de campaña tanto en el 2010 como el 2017 fue asegurar mayor control de orden público y combatir la delincuencia. Algo que no ocurre porque se intensifican los niveles de violencia que muchas veces vienen asociadas a actos delictivos”, apuntó Avendaño.
“Reactivación artificiosa”
Con la caída del PBI más grande en cuatro décadas a raíz de la pandemia, alcanzando un 5.8%, la economía chilena está deteriorada y con una recuperación ralentizada, proceso que el Banco Central ya perfilaba como frágil debido a una agudización de la inflación.
“Se ha reactivado la demanda vía consumo, pero no hay una inversión económica productiva que permita generar más empleo. Eso es riesgoso teniendo en cuenta la coyuntura internacional donde vamos a observar aumento del precio del dólar y estar en presencia de restricción de algunos productos que hace un tiempo dependen principalmente del comercio internacional”, señaló Avendaño.
Impulsada a través de retiros de fondos de pensiones que a la fecha alcanzan más de US$ 50,000 millones en total, lo que ha solucionado de forma momentánea los problemas de liquidez de las familias chilenas, pero acentuados fenómenos que hace menos de una década estaban controlados: Chile tiene la mayor cantidad de campamentos informales en 25 años con 600,000 familias sin acceso a un hogar digno.
Control de la pandemia
Con una campaña de inoculación voluntaria y gratuita, extendida en todo el territorio nacional, Chile destaca como uno de los países con mayor éxito en el proceso de inmunización contra el SARS-CoV-2.
Un esfuerzo que hace que más del 93% de la población tenga esquema de vacunación completa y que una cifra similar haya recibido el refuerzo, pero que no ha impedido que las diferentes olas hayan golpeado con fuerza el país.
Y que la pandemia haya dejado un escenario de fragilidad económica que podría apuntillar la guerra en Ucrania.