La propuesta de reforma constitucional para fortalecer la empresa estatal de electricidad en detrimento de las privadas en México ha abierto el enésimo frente del presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios, que la rechazan frontalmente, y una oposición dividida en torno a su aprobación.
“Queremos que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica ni subsidios para las grandes empresas”, reivindicó el presidente en su rueda de prensa matutina desde Veracruz.
Pero la cúpula empresarial mexicana no tardó en replicar que la reforma conllevará tarifas de la luz más elevadas, fomentará una producción más dañina para el medioambiente y acabará en los tribunales.
Blindar el sector público
Desde que asumió el poder en el 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a las empresas privadas, pero sus intentos para revertirla encallaron en algunos tribunales.
Por eso, envió el pasado jueves al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54% del mercado de generación en el país, además de nacionalizar la explotación del litio.
Convencido de que las firmas eléctricas extranjeras “saquearon” el país, López Obrador aseguró este martes que por culpa de la reforma de Peña Nieto “aumentaron como nunca los precios de la luz” y defendió que con un mayor control estatal se evitarán “tarifas elevadísimas” como las de España.
“El presidente está planteando la renacionalización eléctrica, que sea el Estado el único que pueda vender electricidad a los mexicanos”, dijo el consultor energético Gonzalo Monroy, quien consideró que López Obrador está regresando a la política energética de la década de 1960.
Monroy reprochó además que la reforma quiere suprimir los organismos reguladores del sector -la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE)- con lo que la CFE no va a rendir “cuentas a nadie”.
Peligran inversiones y medioambiente
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, criticó que la reforma no define con claridad las reglas de la entrega de electricidad ni de precios, y auguró que acabará en los tribunales porque va “en contra de los compromisos tomados con inversionistas en el pasado”.
Asimismo, aseguró que al ser más antiguas y menos eficientes las plantas de la CFE, los mexicanos “pagarán más” en la tarifa de la luz porque subirán los costos de generación.
También las empresas de la Asociación Mexicana de Energía (AME) advirtieron que está en riesgo el acceso a “energía más limpia y a precios más accesibles”.
Y es que la reforma pretende alterar el orden actual en el que se entrega la energía, que contempla primero la generación más limpia y barata, que suelen ser plantas eólicas o solares, seguidas de geotermia, hidroeléctrica, nuclear, gas natural y en último lugar carbón y combustóleo, que son viejas plantas en manos de la CFE.
Greenpeace lamentó que la iniciativa “deja claro que las energías renovables no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades” y abre la puerta a que “el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria”.
“El uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumentará el precio de la luz”, añadió.
Presión sobre el PRI
El gran escollo para el presidente es que la coalición oficialista, liderada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ostenta las dos terceras partes del Congreso para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará a la oposición.
López Obrador amenazó en la víspera con exhibir a los legisladores que voten en contra de la reforma y este martes redobló la presión sobre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que avale el texto en la votación que podría tener lugar la próxima semana.
“Es una oportunidad histórica para el PRI de definirse”, dijo López Obrador, quien recordó que este partido pasó de nacionalizar el petróleo y la electricidad a mitades de siglo pasado a defender las privatizaciones a partir de los ochenta.
El PRI conforma una coalición con el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) para hacer una oposición frontal a López Obrador.
Pero el partido ha anunciado “foros temáticos” para analizar a fondo la reforma, mientras sus socios de la coalición opositora tratan de disuadirlo.
“El PRI es un partido que se acomoda a las circunstancias y no tiene una convicción ideológica muy clara”, declaró el politólogo Khemvirg Puente.
El analista ve posibilidades de que López Obrador logre convencer la corriente priista más “nacionalista y proteccionista”, con lo que lograría “una victoria contundente que es dividir a la oposición”.