(Foto: Reuters)
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico () recomendó a España vincular la edad de jubilación obligatoria a la esperanza de vida en el momento de dejar de trabajar y que contemple elevar el número de años de cotización exigidos para poder retirarse con la pensión completa.

El "Estudio Económico España 2018", presentado en Madrid por el secretario general de la OCDE, el mexicano Ángel Gurría, sugiere también ampliar el periodo de la vida laboral sobre el que se calcula la cuantía de la pensión en el momento de la jubilación.

Asimismo, aboga por una mayor flexibilidad para combinar trabajo y pensión, y por promover los planes de pensiones de empresa.

El informe pide ir más allá respecto a las últimas reformas de pensiones, a la vista de que el envejecimiento de la población española va a seguir presionando las finanzas públicas, con la previsión de que en el 2050 la tasa de dependencia de las personas de más edad se habrá duplicado "con creces".

Según la reforma española de las pensiones del 2011, que se aplica paulatinamente, la edad de jubilación aumenta de 65 a 67 años, en tanto que el periodo de cómputo para calcular la pensión se eleva de 15 a 25 años; y los años cotizados exigidos para cobrar la pensión completa suben de 35 a 37 años (38.5 años si se anticipa la edad de jubilación).

El informe incide en que, incluso con las reformas del 2011 y 2013, las tasas de sustitución (porcentaje que supone la pensión respecto al último salario) para carreras profesionales completas se mantienen por encima de la media de los países la OCDE.

De esta forma, el documento considera que el sistema desincentiva prolongar la vida laboral tras el periodo de cotización requerido y penaliza a quienes siguen trabajando mientras perciben la pensión.

La OCDE también señala la elevada deuda pública como el otro factor que se debe corregir para afianzar la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas.

Sobre impuestos, destaca que la fiscalidad sigue orientada a las rentas del trabajo, lo que penaliza el crecimiento y el empleo.

También recomienda suprimir tipos reducidos, exenciones y deducciones del Impuesto del Valor Añadido (IVA), que grava el consumo, e incrementar los que se aplican a combustibles contaminantes.

En el informe semestral de Perspectivas Económicas, presentado el miércoles en París, la OCDE rebajó en dos décimas la previsión de crecimiento de España para el 2018 y 2019 debido a la ralentización global, aunque auguró que la economía española seguirá "fuerte" gracias, sobre todo, a una robusta demanda interna.

En concreto, la organización pronostica ahora un crecimiento de 2.6% este año y del 2.2% el año próximo.

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