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La Unión Europea (UE) afronta un exigente 2022, con retos como seguir luchando contra la pandemia, desplegar los fondos de recuperación, avanzar en la legislación climática o digital y lidiar con amenazas externas, especialmente desde el Este.
COVID-19
La pandemia, revigorizada ahora con la variante ómicron, sigue siendo el primer desafío planetario y la UE centra sus esfuerzos en incentivar la vacunación con dosis de refuerzo y en incrementar las donaciones de fármacos a terceros países.
Energía e inflación
Con el precio del gas en máximos históricos su reflejo automático en la factura eléctrica de los consumidores y pocas perspectivas de que la situación mejore en los primeros meses del año, la crisis de precios energéticos seguirá siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para la Unión Europea en el 2022.
Clima y digitalización
En paralelo, la UE inicia el desarrollo legislativo para reducir sus emisiones en un 55% en el 2030 respecto a 1990 como senda para descarbonizar la economía a mitad de siglo, un debate que se prolongará años y que se anuncia intenso.
También intentará aprobar en el primer trimestre del 2022 sus dos principales leyes para limitar el poder de las grandes plataformas de internet como Google, Facebook o Amazon, llamadas a regular la libre competencia, al exigir mayor transparencia en sus algoritmos y a fijar la responsabilidad de las tecnológicas a la hora de eliminar y moderar contenido ilegal.
Seguridad y defensa
La gran apuesta de la UE en defensa para el 2022, que debería quedar aprobada en marzo, es la llamada Brújula Estratégica para que los 27 ganen autonomía en materia de seguridad y defensa ante nuevos retos como las amenazas híbridas o cibernéticas, y que contempla poder desplegar fuerzas de acción rápida de unos 5,000 efectivos.
La mayor amenaza que la UE tiene en este momento en su entorno más inmediato es la tensión entre Ucrania y Rusia.
Recuperación económica
La UE se enfrenta a la tarea de desplegar con éxito el fondo de recuperación de 800,000 millones de euros con el que quiere relanzar la economía tras el golpe de la pandemia e impulsar las transiciones ecológica y digital.
Con la mayoría de los planes nacionales aprobados, los Estados miembros encaran a lo largo del 2022 los primeros exámenes de las reformas e inversiones prometidas a Bruselas para ir desbloqueando los tramos de ayudas, un desafío sin precedentes en el bloque.
La puesta en marcha del fondo de recuperación coincide con un momento de despegue de la recuperación económica amenazada por la inflación y la actual crisis de suministros que, aunque considerados temporales, despiertan miedos en Bruselas por su impacto.
A todo esto se suma la reanudación de los debates sobre el futuro de las reglas fiscales que establecen límites a la deuda y el déficit públicos, un debate que la Comisión quiere dejar cerrado antes de que acabe el año pero que todavía divide a los países del sur y a los del norte de la UE.
Estado de derecho
La deriva autoritaria de Hungría y Polonia, ambos con los fondos de recuperación pospandemia bloqueados hasta que no den marcha atrás en sus violaciones de los principios en los que se basa la Unión Europea, como la independencia judicial o la no discriminación, seguirá siendo uno de los principales desafíos internos de la UE en el 2022.
El cuestionamiento del Supremo polaco de la primacía de la legislación europea o la normativa húngara anti LGTBIQ+ han incrementado la tensión entre Budapest y Varsovia con Bruselas y las partes tendrán que buscar zonas de entendimiento porque ni Hungría ni Polonia tiene intención de abandonar la UE ni el resto de socios puede expulsarles.
Migración
Dentro de la UE, en paralelo a la falta de avances en la negociación del Pacto europeo de Migración y Asilo, sigue la división entre España y demás países en primera línea, que piden un reparto equitativo de la responsabilidad en materia migratoria y otros, como los de Visegrado -Polonia, Eslovaquia, República Checa y Hungría-, reacios a acoger refugiados.
Por otra parte, en el último año ha surgido una nueva amenaza: la utilización de los flujos migratorios como arma política por parte de Estados como Marruecos y Bielorrusia, el primero con una oleada puntual en mayo y el segundo facilitando durante meses la llegada de miles de migrantes irregulares a las fronteras de Lituania, Polonia y Letonia.
