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Las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para definir su relación posbrexit alcanzan un momento crítico, ante la necesidad de sellar un entendimiento o enfrentar un futuro incierto marcado por la falta de acuerdo.
Cuando el Reino Unido se retiró formalmente de la UE, las partes acordaron un período de transición hasta el 31 de diciembre de este año para negociar cómo funcionará la relación comercial entre el bloque y su ex Estado miembro.
Sin embargo, Londres y Bruselas llegaron a mediados de noviembre atrincherados en diferencias irreconciliables que despiertan el temor real de una ruptura sin acuerdo a un mes y medio del vencimiento del plazo.
En caso de que las partes no lleguen a ningún acuerdo, a partir del 1 de enero del 2021 las relaciones comerciales entre la UE y el Reino Unido se regirán por las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), un escenario que todos los actores decían que era necesario evitar.
En octubre, Londres y Bruselas acordaron “intensificar” las negociaciones en busca de un compromiso, pero, a pesar de los frenéticos contactos, los avances son aparentemente inexistentes.
Las dificultades se centran en tres cuestiones: los derechos de pesca en aguas británicas, las ayudas y subsidios estatales para garantizar una competencia justa entre las empresas y el marco legal del Brexit.
Derechos pesqueros
Por cuestiones que obedecen a migraciones naturales de los cardúmenes, los pescadores europeos tuvieron acceso a las aguas británicas durante siglos, y al inicio de las negociaciones del Brexit la impresión reinante era que no habría mayores dificultades en un entendimiento.
Los montos que se manejan en este sector no son importantes si se tiene en cuenta el tamaño descomunal del intercambio entre la UE y el Reino Unido.
Pero de todos modos existe una desproporción evidente: los barcos europeos capturan al año peces por valor de unos US$ 740 millones en aguas británicas, y los barcos británicos en aguas europeas unos US$ 120 millones.
La cuestión es literalmente explosiva internamente en varios países -Francia, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca e Irlanda- por la forma en que está montada desde hace décadas la cadena de producción, y que hace que utilicen los puertos británicos.
El acceso a sus aguas territoriales es una cuestión altamente simbólica para el Reino Unido, que precisamente se retiró de la UE para recuperar su soberanía.
Los propios países europeos comenzaron a mostrar divisiones sobre el tema, ya que algunos países (como Holanda) prefieren concentrarse en las aguas profundas, y otros (como Francia) tienen los ojos y las redes puestas en las aguas costeras.
Competencia justa
En todo un año de negociaciones, Londres ha sugerido varias veces el interés en algún tipo de acuerdo comercial de tarifa cero para su futuro comercio con el mercado europeo.
Para las capitales europeas, sin embargo, eso significa permitir que una economía vecina se transforme en un competidor interesado en participar de un mercado altamente regulado en lo que se refiere a subsidios y ayudas estatales.
Así, por ejemplo, una empresa británica podría producir con mayor contaminación que las empresas europeas, que están rígidamente reguladas en términos de emisiones contaminantes, y por lo tanto la competencia sería desigual.
Pero el nudo de los temores europeos son los subsidios y las ayudas estatales, un tema de altísima sensibilidad en las capitales del bloque.
Aquí también se presenta el mismo problema: Londres impulsó el Brexit precisamente para librarse de la camisa de fuerza de las regulaciones europeas, y por ello volver a negociar los subsidios representa un desafío.
Gobernanza
Al fin de más de seis meses de negociaciones, las partes tampoco han logrado ponerse de acuerdo con la “gobernanza” del eventual acuerdo, esto es, las condiciones de implementación, el monitoreo y los mecanismos de solución de controversias.
Este aspecto se convirtió en un gran punto de fricción luego de que el gobierno británico impulsase una ley sobre mercado interno que alteró de forma unilateral aspectos críticos del Acuerdo de Retirada, que rige el Brexit.
Esa ley desató la furia en las capitales europeas, que la consideraron una violación explícita de detalles negociados y acordados, al punto que Bruselas amenazó con llevar la cuestión a los tribunales.
En este escenario, la decisión más difícil será determinar hasta cuándo las partes seguirán invirtiendo en un acuerdo, que debería ser traducido a todas las lenguas de la UE, sometido a revisión legal y ratificado por los parlamentos del Reino Unido y los 27 miembros del bloque.
Los líderes europeos tienen prevista una cumbre por videoconferencia el 19 de noviembre, y resulta difícil imaginarse que después de esa fecha aún haya lugar para el optimismo.
“El acuerdo tendrá que ser sellado esta semana en Bruselas, o entonces no habrá acuerdo”, dijo un diplomático europeo a la AFP.
