:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/AANT7FJ2PVEVFLYCRBQEGNSQWU.jpg)
El Gobierno chileno de Gabriel Boric presentó este lunes un proyecto que busca prohibir la expropiación de los ahorros previsionales de los contribuyentes, el mismo día en que se discute una polémica norma que busca permitir un retiro del 10% de las pensiones.
El documento ingresado por el Ejecutivo indica que la norma busca “hacerse cargo de la preocupación existente por los fondos ahorrados a día de hoy por los trabajadores en sus cuentas de capitalización individual frente a una futura reforma de pensiones”.
En concreto, busca agregar dos párrafos nuevos a la Constitución indicando que “sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social” se garantizará “la propiedad del afiliado respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiarlos”.
Este proyecto era una de las condiciones de algunos partidos de la oposición (derecha) para apoyar al Gobierno y rechazar esta tarde en la Cámara Baja un polémico proyecto de ley que busca permitir que cada contribuyente retire un 10% de los ahorros de sus fondos previsionales.
El Gobierno, el Banco Central y numerosos expertos llevan semanas advirtiendo sobre las posibles consecuencias que podría traer esta extracción masiva de capital sobre la ya inédita inflación que atraviesa el país, que acumula un aumento del IPC de 9.4% en doce meses, según la marca de marzo.
Tras el anuncio el proyecto de inexpropiabilidad, la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) y la centroderechista Evópoli cedieron en apoyar al Gobierno, sin embargo, el futuro de proyecto es incierto puesto que entre el oficialismo hay diversos parlamentarios que ya anunciaron que darán la espalda a Boric.
Desde la llegada del COVID-19, se han aprobado otros tres retiros del 10% de los fondos que han supuesto un desembolso de más de US$ 55,000 millones para entidades privadas que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En paralelo, el Gobierno ha optado por la vía de reforzar las ayudas sociales, anunciando un paquete de subsidios por valor de US$ 3,700 millones, y presentando un proyecto alternativo que permite retirar un 10% de los fondos pero de manera acotada que se votará esta noche en la Cámara Baja.
La iniciativa oficialista busca permitir la extracción de circulante solo con tres propósitos: para el pago de pensiones alimenticias de los hijos, para la cancelación de deudas y para contribuir al financiamiento de una primera vivienda, supuestos que según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, no generarían impacto inflacionario.
El sistema de pensiones de Chile, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10% mensual de su sueldo a un fondo gestionado por empresas privadas, las AFP.
En los últimos años ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga, con la mitad de los contribuyentes chilenos recibiendo menos de 215,000 pesos (US$ 280) al mes de pensión, según datos de la Fundación Sol.
