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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) nombró al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Policía Nacional Bolivariana como dos de las fuerzas de seguridad cuyos miembros han cometido, presuntamente, crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El tribunal hizo público un informe anual en el que enumera delitos cometidos por las fuerzas de seguridad, entre ellos el de tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución por motivos políticos y encarcelamiento en violación de las normas fundamentales del derecho internacional.
“La información disponible indica que personas afines al Gobierno también participaron en la represión de opositores o de personas percibidas como tales, principalmente actuando en conjunto con miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo la Fiscalía.
Otros cuerpos que habrían cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde abril del 2017, serían la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) y la Guardia Nacional Bolivariana, bajo control del ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro.
Es la primera vez que la oficina dirigida por la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, especifica por su nombre qué fuerzas del orden del país controlado por el régimen chavista están bajo sus pesquisas.
Asimismo, la jurista notificó un informe entregado por las autoridades venezolanas en el que se da cuenta de “procesos nacionales llevados a cabo en la jurisdicción ordinaria y militar, y por el Tribunal Supremo de Justicia, así como copias de documentos judiciales detallando procedimientos internos”.
Este documento se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía de La Haya, ya que la CPI es un tribunal de última instancia que solo interviene cuando los Estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados.
Bensouda dijo que prevé concluir el examen preliminar sobre Venezuela en el primer semestre del 2021, momento en el cual espera determinar si existe una base razonable para solicitar a los jueces la apertura de una investigación o, por el contrario, da carpetazo al asunto.
Antecendentes
La Corte, con sede en La Haya, examina el caso de Venezuela desde febrero del 2018 y en setiembre de ese mismo año un grupo de países -Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú- pidió una investigación, según el informe divulgado en la página web de la CPI.
En esta fase del examen y “sin perjuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril del 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad”, dijo.
“La información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”, agregó.
El Ministerio de Comunicación y la Fiscalía de Venezuela no respondieron de inmediato un pedido de comentarios.
En el 2017, opositores protagonizaron manifestaciones callejeras y enfrentamientos con cuerpos de seguridad y al menos 125 personas murieron en todo el país.
La CPI es un tribunal de última instancia, que interviene solo cuando un Estado no puede o no quiere enjuiciar delitos graves.
