Pesos pesados de la minería mundial, como Lundin Mining Corp, Glencore Plc y First Quantum Minerals Ltd., se están volcando a Argentina, en momentos en que un nuevo Gobierno decidido a atraer inversión extranjera impulsa a las empresas más que nunca a explotar los vastos yacimientos de cobre de los Andes.
Esto es parte de una ola descomunal de inversiones necesarias en todo el mundo para evitar la escasez de oferta del metal, un componente clave en el impulso a la electrificación para frenar el cambio climático.
Argentina podría obtener una buena parte de esos recursos si el presidente Javier Milei convence a las empresas de Toronto, Melbourne y Londres que sus proyectos están a salvo de la inestabilidad política y las volátiles normas comerciales del país, y si estas empresas logran convencer a los argentinos que los beneficios económicos compensan los riesgos medioambientales.
En la actualidad, Argentina casi no produce cobre, a pesar de compartir las mismas características geológicas de su vecino Chile, el mayor exportador del mundo del metal rojo.
Pero si solo seis de las aproximadamente dos docenas de proyectos de cobre que se contemplan en Argentina se llevaran a cabo, el país podría convertirse en uno de los principales proveedores en 2035, produciendo más de un millón de toneladas métricas al año. Las exportaciones anuales podrían superar los US$ 8,000 millones, según el grupo minero local Caem.
“Con el cambio de Gobierno, creo que Argentina se convertirá en un gran rival de Chile”, afirma Marcelo Awad, quien fue presidente ejecutivo de Antofagasta Plc entre 2004 y 2012. “Las políticas proempresa claramente lo convierten en un gran competidor para atraer flujos de capital a proyectos de cobre”.
Milei, un libertario en su primer año en el cargo, está tratando de cambiar la suerte de un país que se encamina a su sexta recesión en una década mediante la reducción de la influencia del Estado y la liberación de las empresas de una serie de controles para —al menos en teoría— estimular el crecimiento impulsado por el sector privado. El expresidente Mauricio Macri intentó algo similar entre 2015 y 2019, pero los esfuerzos no prosperaron mucho y rápidamente perdió el apoyo de la gente.
Para evitar que esto se repita, Milei necesita generar un repunte de la actividad económica. La minería, uno de los pocos sectores con la capacidad de estimular la economía en Argentina, ofrece una oportunidad obvia.
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Por eso Milei preparó un amplio paquete de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para grandes inversiones —el llamado RIGI—, un sello distintivo de las reformas propuestas que están siendo debatidas en el Congreso.
“El RIGI será un puente para los proyectos de infraestructura”, asegura Michael Meding, gerente general de la mina de cobre Los Azules, operada por la canadiense McEwen Copper Inc. Ejecutivos de la empresa estiman que se necesitará una inversión de US$ 2,500 millones para construir la mina, mientras que el inicio de las obras está previsto para mediados de los cuatro años de mandato de Milei si se obtienen los permisos necesarios.
Los precios del cobre, un metal utilizado en cables, se han disparado en los últimos meses, en parte debido a la preocupación de que la demanda procedente de la energía limpia, los equipos militares y los centros de datos supere la oferta. Las empresas mineras necesitan invertir unos US$ 130,000 millones en la próxima década para hacer frente a un déficit anual estimado para 2034 de unos 7.7 millones de toneladas, según CRU Group, que se especializa en minería y materias primas.
Aunque todavía queda mucho cobre en el subsuelo, la explotación de los yacimientos es cada vez más cara y complicada, en un momento de creciente escrutinio de los aspectos sociales y medioambientales. En Argentina, estas cuestiones han sido un obstáculo mayor que en otros países, pero los precios récord y el giro de Milei hacia un entorno empresarial más favorable súbitamente han vuelto más viable la explotación de los recursos del país.
Argentina ya ha tenido éxito con el litio, un mineral clave para fabricar baterías para vehículos eléctricos. Sin embargo, los proyectos de cobre por lo general son más grandes, caros y destructivos. Además, Argentina es un destino especialmente precario para las empresas mineras, ya que se centra principalmente en la agricultura y el petróleo, y no en los metales, como Chile y Perú.
El mes pasado, una escena ofreció una visión de este dilema. En el pueblo cordillerano de Calingasta, en la provincia de San Juan, Meding y otros ejecutivos de McEwen Copper estaban presentando a inversores sus planes para excavar el yacimiento de Los Azules, de 3,7 kilómetros de largo y más de la mitad de ancho, justo al final de la carretera en una zona virgen de los Andes.
A Rob McEwen, el fundador de la empresa que se encontraba entre el público, no le gustó el panorama halagüeño que presentaban sus subordinados sobre el impacto que tendría la mina en las vegas altoandinas, ubicadas a 3,600 metros de altura. Sugerían que el agua podría desviarse para recrear los humedales en otro lugar.
“Esas vegas están desapareciendo”, interrumpió McEwen, de 74 años, desde el otro lado de la sala, sorprendiendo a los ejecutivos. “Desaparecerán para siempre. No traten de ocultarlo, la gente se dará cuenta”.
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Además de los permisos medioambientales, las minas que operan en rincones remotos del mundo en desarrollo como Calingasta deben obtener “licencias sociales” de las comunidades y otros grupos. Es una tarea difícil en un país como Argentina, que no ha abrazado plenamente la industria metalúrgica, pero McEwen afirma que es fundamental para evitar protestas e interrupciones en el futuro.
San Juan, una provincia relativamente pobre con una economía basada en la agricultura y la energía solar, ha abierto los brazos a las mineras de una forma que otros, poco dispuestos a ceder en cuestiones ecológicas, no han hecho.
Además de los humedales, los glaciares son otro motivo de preocupación. Un inventario federal enumera 16,000 sitios que proteger en los Andes argentinos, muchos de los cuales están en San Juan. Glencore ha intentado que se elimine de la lista un glaciar de roca rico en hielo para poder seguir adelante con su proyecto de cobre de El Pachón.
Los temblores son otra amenaza importante: un gran sismo podría dañar una mina y liberar sustancias químicas en los sistemas fluviales.
Los dirigentes de un pequeño grupo antiminero de Jáchal, un departamento de San Juan cercano a Calingasta, ya han advertido a la población que no dé su aprobación a Los Azules. En reuniones comunitarias organizadas por McEwen Copper, han destacado los impactos negativos de la cercana mina de oro Veladero, que sufrió tres fugas de cianuro entre 2015 y 2017, lo que llevó a un juez federal a recomendar su cierre. Tras realizar mejoras, hoy Veladero opera con normalidad.
“Fuimos a Calingasta con nuestra propia verdad: a decirles que por el tamaño de las minas es imposible que no contaminen”, dijo Faustino Esquivel, uno de los líderes de la organización no gubernamental Asamblea Jáchal no se toca.
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Bill Shaver, director de operaciones de la empresa matriz de McEwen Copper, dice que, en 50 años de carrera, ya ha oído argumentos similares. Su estrategia consiste en llevar a especialistas externos que se sientan cómodos con el proyecto, por ejemplo, profesores de la universidad provincial, y hacer que se reúnan con los lugareños para abordar sus preocupaciones.
“Hay que trabajar con las comunidades”, afirma Shaver.
San Juan —que tiene la facultad de emitir permisos medioambientales para la construcción de minas, en lugar de las autoridades federales— quiere las ganancias extraordinarias de las inversiones, los puestos de trabajo y los ingresos fiscales que puede generar el cobre. Sin embargo, las autoridades son muy conscientes de que deben actuar con cautela cuando se trata de consideraciones sociales y medioambientales.
“La minería en San Juan es política de Estado”, señaló el gobernador Marcelo Orrego en una entrevista. “Pero también sabemos que no podemos equivocarnos en cuestiones medioambientales”.
También hay riesgos a nivel nacional: los beneficios fiscales del RIGI propuestos por Milei para las empresas mineras —parte del paquete de desregulaciones más amplio— se producen después de que un acuerdo similar alimentara recientemente protestas y el cierre de una gigantesca mina de cobre en Panamá.
Por ahora, McEwen, como la mayoría de los inversores ricos, se muestra encantado con estas políticas.
“Argentina ha sido un caso de ‘yacimiento bonito, pero país equivocado’”, dijo. “Milei es el príncipe azul que le ha dado el beso del despertar”.
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