:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/LKJ2YOLIBBFHLNR7PHVQU2IFJU.jpg)
El uso del programa de ciberespionaje israelí Pegasus generó grandes controversias en varios países, pero ahora, como un efecto bumerán, también impacta a Israel, con sospechas de espionaje a personalidades locales.
En julio del 2021, un consorcio de medios internacionales reveló que los teléfonos de al menos 180 periodistas, 600 políticos, 85 activistas de derechos humanos y 65 jefes de empresas habían sido espiados gracias al programa Pegasus de la sociedad privada NSO, considerada como un “arma” por el Ministerio de Defensa israelí.
De hecho, la exportación del programa requiere la aprobación de la Agencia de Control de Exportaciones de Defensa (DECA, por sus siglas en inglés), que autoriza la venta a gobiernos extranjeros --no a empresas o particulares-- de esta tecnología, que permite acceder a los datos de un teléfono inteligente e incluso controlar la cámara o el micrófono.
Desde estas revelaciones, la empresa NSO repite que ha obtenido las licencias para exportar sus programas informáticos y que éstos, destinados a luchar contra el terrorismo y la delincuencia, pueden haber sido “desviados” de su uso previsto por algunos clientes.
Desde mitades de enero, la prensa israelí --en particular el diario económico Calcalist-- reveló que el programa no solo se usó en el extranjero, sino también por la policía en Israel, pese a que no tenía orden judicial para controlar a distancia los teléfonos de los ciudadanos.
Mientras que las ventas de Pegasus “se multiplicaban en el extranjero, hubo una suerte de normalización de su uso por parte del gobierno israelí”, dijo Eitay Mack, un abogado que trata de regular el uso de Pegasus en Israel.
El lunes Calcalist publicó los nombres de las personas cuyos teléfonos habrían sido infiltrados por el programa. Entre ellas figuran personas que están en el centro del juicio por corrupción del ex primer ministro Benjamin Netanyahu.
“Después de leer Calcalist, empezamos a pensar que tal vez este país no es democrático”, escribió el martes la columnista política Sima Kadmon en las columnas de Yediot Aharonoth, el periódico más vendido de la prensa israelí: “Si el Estado realmente funciona así estamos como en la Rumanía de Ceausescu o el Chile de Pinochet.
Testigos
El lunes, el ministro de Seguridad pública, Omer Bar-Lev, pidió crear una “comisión de investigación gubernamental” sobre el uso sin autorización judicial de herramientas de ciberespionaje.
Por su parte, el primer ministro, Naftali Bennett, prometió “una respuesta” de su gobierno y Netanyahu reclamó la creación de una “comisión de investigación independiente”.
El diario Calcalist afirma que el programa Pegasus era usado de manera habitual para obtener informaciones y que fue utilizado sin autorización judicial contra Avner Netanyahu, uno de los hijos del ex primer ministro, consejeros de éste, así como periodistas y alcaldes.
También fue usado para espiar a los supuestos protagonistas del “caso 4,000″, también conocido como el caso “Bezeq”.
En este caso, se acusa a Netanyahu de haber intentado hace unos años asegurarse una cobertura favorable por parte del sitio de noticias Walla.
A cambio, habría concedido favores gubernamentales que podrían haber hecho ganar millones de dólares a Shaul Elovitch, entonces jefe del grupo de telecomunicaciones israelí Bezeq, del que forma parte Walla.
Según la prensa israelí, los teléfonos de dos ex directores generales del Ministerio de Comunicaciones --y testigos del fiscal en este caso--, ejecutivos y jefes de Bezeq, así como periodistas del sitio web Walla, fueron infiltrados sin orden judicial por Pegasus.
El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, defendió su solución personal publicando en las redes sociales una foto suya con un teléfono... sin conexión a Internet.
