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El COVID-19 ha puesto en serios aprietos a la agricultura familiar en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de esos productores trabajan con falta de equipos de protección y limitaciones para vender sus productos.
Así lo refleja un sondeo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), publicado realizado entre mayo y junio a 118 referentes de la agricultura familiar en 29 países de la región.
Entre las mayores dificultades que atraviesan estos agricultores como consecuencia de la pandemia se encuentran la carencia de equipos de protección y de protocolos sanitarios y de seguridad, así como las limitaciones en el transporte y la distribución de los productos por las restricciones impuestas a la movilidad.
Además, ha disminuido la disponibilidad de transportistas por prevención o temor al contagio, al tiempo que no todos los países cuentan con una normativa "definida y adecuada" que proteja la salud y bioseguridad de estos trabajadores.
Destacan las limitaciones en el acceso al crédito para la producción, después de que los gobiernos no siempre hayan priorizado el apoyo financiero a la agricultura familiar, según el estudio.
El coordinador del sondeo y gerente del programa de Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar del IICA, Mario León, ha señalado que se trata de una "radiografía muy precisa del sector" en un contexto "muy desafiante".
Insta a atender a la agricultura familiar, un sector "clave" para el empleo agrícola, el abastecimiento de alimentos, la seguridad alimentaria y la mitigación del éxodo rural.
Menos producción e ingresos
La mayoría de los consultados perciben repercusiones negativas por la pandemia y, en su opinión, los productos más afectados podrían ser los granos y cereales, las hortalizas, las frutas, las raíces y tubérculos, y las carnes.
En los próximos seis meses, se prevé que aumentará o se mantendrá la producción de maíz, frijoles, cereales andinos, sorgo, musáceas, papa y yuca, mientras que se reducirá la de tomates, cebollas, repollo y productos acuícolas.
La encuesta refleja una "creciente inquietud" entre los agricultores familiares por la reducción de la afluencia de los consumidores en los mercados de proximidad por miedo a contagiarse, lo que unido a la pérdida de poder adquisitivo repercutirá en una menor demanda.
El 84% de los consultados explica que los precios recibidos por la agricultura familiar se han mantenido estables o se han reducido durante la crisis.
Siete de cada diez personas atribuyen esa merma a la contracción de la economía, con precios más bajos y ventas menores; a las medidas de distanciamiento social y a las restricciones de transporte, que han hecho subir los costos de intermediación.
De hecho, apuntan que los agentes intermediarios han ampliado sus ganancias por la inestabilidad del mercado, lo que ha afectado a la capacidad de negociación de los productores, sobre todo en las zonas donde menor es su organización asociativa.
Preocupan la ausencia de instrumentos de regulación de los precios agrícolas por parte del Estado y de incentivos gubernamentales (como apoyo al crédito y servicios de asesoría y capacitación), y también los mayores costos de producción, las restricciones sanitarias en el funcionamiento de los mercados y la reducción de ingresos, causa de empobrecimiento de las familias rurales.
Para reactivar la economía tras la pandemia, el director general del IICA, Manuel Otero, llama a considerar la agricultura como un "sector estratégico" y "fortalecer el desempeño de los agricultores familiares y los circuitos cortos de comercialización de alimentos", implementando buenas prácticas de seguridad e higiene y políticas que fomenten el cooperativismo.
La cooperación regional, la construcción de políticas de Estado haciendo hincapié en la agricultura familiar y los planes de contingencia y prevención, coordinados entre las distintas instituciones y con la participación de la sociedad civil, son otras de las propuestas del IICA.
