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Ecuador aspira a duplicar en el marco de la actual legislatura su producción de petróleo, estancada desde hace casi 20 años, y buscará involucrar de lleno al sector privado mediante una estrategia que rompería el cuasimonopolio estatal.
El titánico objetivo lo ha anunciado repetidamente el nuevo presidente Guillermo Lasso y, aunque algunos dudan de que sea posible, para finales de este año ha exigido al titular de Energía y Recursos Naturales No-renovables, Juan Carlos Bermeo, un crecimiento de unos 40,000 barriles (8%).
“La meta es muy alta. Esto es como un atleta de elite que está apuntando al oro”, declaró el ministro, recién llegado al cargo.
Nuevos objetivos
Ecuador, que salió de la OPEP en enero del 2020 para eludir las limitaciones de cuota y pagos de membresía, produce en estos momentos unos 500,000 barriles, por debajo del 2019 y una cantidad muy similar a la del 2004, cuando comenzó a subir su último peldaño productivo.
Expertos del sector sostienen que el estancamiento se debe al modelo de explotación -está en manos del Estado en un 75%-80%, que no tiene recursos para invertir-, así como a los cambios contractuales fijados hace una década por el Gobierno de Rafael Correa, que ahuyentaron a inversionistas.
El objetivo ahora es una reforma avanzada a través del Decreto 95 firmado por Lasso en julio, con el objetivo central de “optimizar los ingresos estatales” e “incrementar la producción de hidrocarburos de una manera racional y ambientalmente sustentable”, según el documento.
El martes, Bermeo se reunió con directivos de 35 empresas en el país para asegurarse de que “todos estamos en la misma barca” y “tenemos que empujar hacia esa meta, primero la de diciembre y luego la de largo plazo”.
Para alcanzar la primera, prevé “impulsar ciertos trabajos específicos”, relacionados con infraestructuras, procesos de bombeo y trazados.
Aunque empezó su explotación en los años 20 del siglo pasado en Santa Elena (suroeste), no fue hasta los 70 cuando Ecuador tuvo su “boom petrolero” con la explotación en la Amazonía, hasta convertirse el petróleo en su principal producto de exportación (34.4% en el 2019) y, por ende, en una de sus principales vías de entrada de divisas e ingresos al presupuesto nacional.
La verdadera ambición
El segundo objetivo, el de duplicar la producción hasta un millón de barriles diarios, es el que más incertidumbre genera, primero porque requiere una inversión cuantificada en hasta US$ 7,000 millones y, segundo, porque pone en alerta a los grupos indígenas y ecologistas.
“A largo plazo la inversión no vendrá del sector público, que no tiene dinero, sino del privado”, destaca Bermeo al recordar que ello requerirá “adecuar el marco jurídico”.
El primer objetivo del Gobierno es migrar, de forma voluntaria, los campos que están bajo modalidad de contratos específicos, a “contratos de participación”, un cambio que trasladaría “un mensaje clave de seguridad jurídica”.
Para el ministro, se da la coyuntura para hacerlo por la “estabilidad del país”, en comparación por ejemplo con Colombia y Perú, el “entorno político” cómodo y la “reputación empresarial” de su presidente. “Creo que la imagen que proyecta hoy por hoy es de confianza”, asegura.
Con ello, y con unas reservas 3P de unos 2,200 millones de barriles, Bermeo exhorta a “aprovechar las disponibilidad petrolera hoy, no mañana”, porque “las necesidades están en la superficie”.
Al ritmo actual de explotación, las reservas durarían algo más de una década, y solo la inversión en nuevos pozos podría ampliarlas.
“Vamos a promocionar la opción del Contrato de Participación, vamos a salir con una nueva oferta que se llama Intracampos 2 y, una vez aprobado y legislado, saldremos en rondas petroleras. Tenemos ya inventario y zonas de explotación”, sostuvo el ministro.
Todo ello requerirá expandir las infraestructuras tanto en extracción como en transporte y almacenamiento.
Frontera petrolera
Un plan que prevé ampliar la “frontera petrolera” pero “no irracionalmente”, afirma el ministro, “primero porque está prohibido y, segundo, hay alta sensibilidad ambiental o social”.
A principios de agosto, la principal organización indígena, Conaie, exigió a Lasso detener el extractivismo y “privilegiar la economía que sabemos hacer los ecuatorianos: agricultura, ganadería y turismo”.
Pero la pandemia del 2020, que causó un gigantesco agujero fiscal, y la alta demanda frente a los problemas socieconómicos, generan una urgente necesidad de liquidez.
El ministro de Medio Ambiente, Gustavo Manrique, justificó la decisión gubernamental en que hay “un 27% de desnutrición infantil”, “no hay riqueza” y, subrayó, que el proceso se hará de la manera más controlada para garantizar que la industria cumple los criterios ambientales.
Unas garantías que, para Bermeo, se pueden obtener con simplemente “hablar la verdad” y revelar con transparencia “dónde se está trabajando, con qué tipo de prácticas, y cuáles son los beneficios tangibles para el Estado y las comunidades cercanas” de la explotación petrolera.
