“Democracias imperfectas”, inquietud para el nuevo presidente de la CorteIDH

Las “democracias imperfectas” y las consecuencias que los grupos más vulnerables sufren por la pandemia del COVID-19 son algunas de las inquietudes que mantiene el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, quien acaba de ser elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Días después de conocer la decisión adoptada durante el 145º Período Ordinario de Sesiones, que lo llevará a ocupar su nuevo cargo desde el 1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2023, ofrece una entrevista a EFE.

Además, pone su foco en el fenómeno migratorio, en la situación de las personas que defienden los derechos humanos y en la de los periodistas.

Sentado en el despacho que tiene en Montevideo, quien también fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia de su país subraya, a sus 74 años, que la jubilación nunca fue una opción porque quería desarrollar “una actividad útil para la sociedad y para el Derecho”.

Democracias imperfectas

Listo para asumir su nuevo rol en poco más de un mes, Pérez Manrique dice que los próximos dos años van a ser “muy especiales” por la renovación interna de la CorteIDH pero, sobre todo, porque en la región hay “un progresivo deterioro en algunos aspectos de los sistemas democráticos”, lo que se conoce como “democracias imperfectas”.

“La Corte dice que es riesgoso para la democracia que haya presidentes o presidentas que quieran mantenerse en el poder indefinidamente, más allá de que pueda ser o no por la vía electoral. La Corte dice eso: que hay que afirmar el estado de derecho y afirmar la democracia representativa”, explica.

Y añade: “Lo que es necesario es pensar formas de democracia que, partiendo de su base esencial de gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, habiliten la participación de todas las voces en el debate y formas de ejercicio de la decisión pública, de manera que sea lo más democrática y participativa posible”.

Del COVID-19 a la migración

Para Pérez Manrique, otro de los problemas de la región son las “duras consecuencias” económicas, sociales, educativas y culturales que enfrentan, a raíz de la pandemia, los grupos más vulnerables.

“Hay gente que, debido al COVID-19, de buenas a primeras se encontró que tenía que quedarse encerrada en sus casas y no tenía posibilidad de salir a buscar el sustento diario, porque vivía en la informalidad. Estamos descubriendo que en muchos países de la región la informalidad supera el 50%, lo que es una bolsa de gente que está en una situación de absoluta vulnerabilidad”, puntualiza.

Su deseo es que exista un mundo “más inclusivo” y con “sociedades más justas”, ya que, por ejemplo, la pandemia aisló aún más a pueblos originarios sin acceso a internet.

Por otra parte, Pérez Manrique habla sobre otros fenómenos que tilda de “absolutamente preocupantes” como, por ejemplo, la migración.

“Son miles de personas que se ven afrontadas a todo tipo de sufrimientos, penurias y violaciones de sus Derechos Humanos. Tenemos el fenómeno de seis millones de emigrantes venezolanos y siguen habiendo problemas, sobre todo en países muy grandes de movimientos internos hacia lugares donde se supone que las personas, por un instinto natural, van a buscar un mejor nivel de vida”, señala.

La prensa

Pérez Manrique también dialoga sobre la situación de los periodistas, asunto del que ya habló en diversas oportunidades.

“Nos preocupa la situación de los periodistas y la libertad de expresión en el continente”, indica.

Dentro de esa inquietud, resalta la cantidad de reporteros que han fallecido en el ejercicio de la profesión, presiones y amenazas sufridas o la discriminación o desprestigio por género.

“Todo esto es una situación que nos debe llamar a reflexión”, concluye Pérez Manrique, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República uruguaya.

Con todo esto, el nuevo presidente resalta que la CorteIDH tiene un “muy fuerte desafío” en el continente e indica la importancia de dar a los pueblos de América Latina las mayores seguridades de que el tribunal trabajará por los derechos humanos de las personas.

“Creo que la gran misión va a ser mantener y aumentar, en la medida de lo posible, el prestigio de la Corte a través de las decisiones que esta toma, a través de su jurisprudencia, pero también a través de su presencia en el tribunal y su apertura al diálogo con tribunales nacionales, con la sociedad civil y con los estados”, finaliza.