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Únete al canal de GestiónEl consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, opinó que la posible suspensión de las patentes de la vacuna contra el COVID-19, apoyada por Estados Unidos, creará problemas de suministro y desalentará a otras empresas a tomar riesgos.
En una carta publicada en su cuenta de LinkedIn, Bourla reflexionó sobre esta iniciativa a la que han mostrado su oposición las principales fabricantes del sector y afirmó “categóricamente” que, de salir adelante, va a “crear más problemas” en lugar de mejorar la situación de la cadena de suministro.
“La exención propuesta para las vacunas de COVID-19 amenaza con interrumpir el flujo de materias primas. Desatará una batalla por los insumos clave que necesitamos para crear una vacuna segura y efectiva”, anticipó el ejecutivo.
La vacuna de Pfizer, desarrollada con el laboratorio alemán BioNTech, requiere 280 componentes de 89 suministradores diferentes ubicados en 19 países, sobre lo que Bourla desgranó que “la escasez” de esos materiales es lo que provoca un “cuello de botella” en la producción, y no la infraestructura.
“Entidades con poca o nula experiencia en producir vacunas probablemente perseguirán las mismas materias primas que necesitamos para escalar nuestra producción”, explicó, alertando de que eso podría suponer un “riesgo para la seguridad” pública.
Bourla también expresó preocupación por la posibilidad de que, sin la “protección de las patentes”, las empresas pierdan el incentivo para tomar “grandes riesgos”, pero aseguró que no será su caso y que la “reciente retórica” no “desalentará” a la farmacéutica que dirige a invertir en ciencia.
“No estoy seguro de que vaya a ocurrir lo mismo con las miles de pequeñas innovadoras biotecnológicas que dependen totalmente de acceder al capital de los inversores que solo invierten bajo la premisa de que su propiedad intelectual sea protegida”, apostilló.
El Gobierno del presidente Joe Biden apoyó el miércoles la propuesta presentada por varios países en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para suspender la propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19, cuando Estados Unidos ya lleva administradas 250 millones de dosis.
Desde entonces, el grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de Estados Unidos (PhRMA), asociación que engloba fabricantes como AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson, ha advertido que la propuesta “debilitará aún más las cadenas de suministro y alimentará la proliferación de vacunas falsificadas”.
