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Las protestas en Bolivia, que llevan ya seis días, se articulan alrededor de demandas de anulación de una “ley madre” y un grupo de “leyes malditas”, denominaciones que manejan los sectores movilizados al considerarlas contrarias a las libertades ciudadanas.
El canal de manifestación es el de un “paro indefinido” que comenzó el pasado lunes y que ha aglutinado a comerciantes, transportistas, mineros, cívicos y opositores a través de estrategias como marchas, bloqueos y cabildos que pese a ser parciales han sido constantes.
El foco de la protesta es Santa Cruz, la mayor región opositora del país y motor económico de Bolivia, junto a ciudades como Potosí, Cochabamba, Sucre, Tarija, Oruro y La Paz en las que también ha actuado la Policía y las organizaciones sociales afines al Gobierno bajo la consigna de defensa de la circulación y de la economía.
“Ley hija” y “ley madre”
La punta del ovillo fue inicialmente la ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, una ley específica observada por la oposición parlamentaria por otorgar “poderes extraordinarios” a varias instancias estatales casi a la par de la justicia.
La que fue considerada “ley hija” fue señalada como un instrumento de “persecución política” y que inclusive restringía la evocación de “reserva o secreto de fuente”, por lo que también los gremios de prensa se manifestaron contra ese proyecto de ley.
Finalmente, a mediados del mes pasado el Gobierno decidió retirar el proyecto de ley del Parlamento admitiendo de que hubo “fallas en la socialización” y “ausencias de información” ante un “temor infundado” de grupos políticos que buscan eludir responsabilidades penales.
Sin embargo, el Ejecutivo ya había promulgado la “ley madre”, más genérica, de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo que da las bases para que entidades estatales, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), o la Aduana soliciten información o apliquen multas.
Los sectores en protesta consideran que a pesar de que la ley específica fue retirada del debate parlamentario la “ley madre” está vigente y se corre el riesgo de que se conciba una similar a la anterior.
Las “leyes malditas”
Como trasfondo están otro grupo de normas que el Parlamento boliviano, con la mayoría del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó en la finalización de la legislatura 2020-2021 como el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 y la Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, la más observada fue la primera a la que algunas gobernaciones y municipios consideran atentatoria contra el régimen autonómico porque pide que las regiones ajusten su planificación a lo que propone el nivel central gubernamental.
Mientras que inicialmente la segunda daba la potestad al ministro de Defensa de intervenir en la definición de ascensos de militares, se busca que sea el Ejecutivo defina los detalles con una reglamentación, lo que despertó la desconfianza de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.
También se cuestiona el traspaso del servicio de Derechos Reales a dependencia del Ministerio de Justicia y la reglamentación de la ley de Emergencia Sanitaria que movilizó a los gremios de salud.
A esto se suma la demanda de la oposición legislativa para que se restituyan los 2/3 de votación en las decisiones del Parlamento.
Al respecto, autoridades como la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, han manifestado de que “no existen leyes malditas” como en tiempos del neoliberalismo de los años 1990.
Posición del gobierno
El presidente del país, Luis Arce, ha señalado que las críticas a las leyes son simplemente un “pretexto” de los grupos de oposición que buscan eludir juicios por hechos que se produjeron en el 2019 que califica como un “golpe de Estado” y que ahora intentan generar un episodio similar.
El exmandatario y presidente del MAS, Evo Morales, ha llamado a los sectores sociales, campesino e indígenas afines a “defender” al Gobierno de Arce y manifestarse en cada uno de los nueve departamentos del país.
En tanto que el Ministerio de Economía se ha abierto a dialogar sobre la ley Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo con el sector gremial o de comerciantes en una reunión fijada para este sábado en Cochabamba.
