Brasil, el mayor exportador de carne vacuna del mundo, ha entrado en el radar internacional debido a la deforestación de la Amazonía y la pandemia del nuevo coronavirus, dos problemáticas que ya comenzaron a cerrar las puertas del mercado en China y que hacen prever restricciones de la Unión Europea.
Denuncias de organizaciones civiles internacionales sobre la comercialización de carne de ganado criado ilegalmente en la Amazonía volvieron a poner el dedo en la llaga ambiental de Brasil, una de las que más apalea al Gobierno de Jair Bolsonaro, que defiende la explotación económica de la selva.
A eso se suma la crisis causada por el nuevo coronavirus, una pandemia que ya deja más de 78,000 víctimas y dos millones de infectados en Brasil, donde el sector cárnico también ha sido impactado, con casos de hasta el 75% de los trabajadores de una misma planta contagiados.
Estas problemáticas han generado algunas trabas en las exportaciones de carne brasileña a China y a la Unión Europea, que representan, juntos, casi la mitad de los embarques de la proteína al exterior, siendo el país asiático el principal comprador.
En el 2019 Brasil exportó más de 1.8 millones de toneladas de carne bovina, que le generaron ingresos por US$ 7,656 millones. De ese total, China compró 600,000 toneladas, por las que pagó US$ 2,685 millones, y la Unión Europea importó 100,000 toneladas que le costaron US$ 600 millones.
Mientras que China ya suspendió la compra de carne de varias plantas brasileñas afectadas por el COVID-19, la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur -del que Brasil forma parte junto con Argentina, Paraguay y Uruguay, y que fue firmado el año pasado tras 20 años de negociación- tambalea por la gestión ambiental del Gobierno Bolsonaro.
La selva se convierte en pastizales
Organizaciones internacionales medioambientales y de derechos humanos han revelado que detrás de una parte de la deforestación y los incendios de la Amazonía hay redes mafiosas que comercializan ilegalmente ganado.
Según estudios de Amnistía Internacional (AI) y Greenpeace, la destrucción de la selva forma parte de un proceso delictivo que comienza con la ocupación ilegal de tierras -muchas de ellas en reservas indígenas- que luego son taladas y quemadas, para finalmente transformarlas en campos de pasto para el ganado.
De acuerdo con AI, el número de reses en la Amazonía representa un 40% del total nacional, un hecho que fomentó la deforestación de sus selvas donde al menos el 63 % del área talada se convirtió en pastizales para el ganado.
Entre las empresas denunciadas por las ONG está la multinacional brasileña JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, así como Marfrig, líder del mercado mundial de hamburguesas, y Minerva, otra gigante del sector.
Las acusaciones se basan en que animales que terminaron en plantas de las tres compañías estaban en áreas declaradas como reservas ambientales y en las que está prohibida la cría de ganado.
La JBS precisó que no compra ganado de "ninguna granja involucrada en pastoreo ilegal dentro de áreas protegidas", y que son bloqueadas aquellas que no cumplen con sus políticas de abastecimiento sostenible.
No obstante, un vacío en los controles internos de su cadena de suministros, revelado por AI, permitió el ingreso de carne de ganado ilegal.
El tema de la vigilancia también tiene vacíos por parte del Gobierno, que ha flexibilizado la fiscalización ambiental en busca del "progreso" económico de la Amazonía.
"El Gobierno de Bolsonaro no ha fiscalizado adecuadamente, no ha hecho cumplir su deber y ha relegado a las personas, a los residentes de los territorios indígenas y a nosotros mismos, que tenemos derecho a un ambiente saludable", indicó Jurema Wernek, directora ejecutiva de AI en Brasil.
Según la activista, la situación no es de extrañar, ya que el Gobierno es socio de JBS, con un banco público que es el segundo mayor accionista de la gigante cárnica, con el 21% de la participación.
Así las cosas, la probabilidad de que la Unión Europea vete el ingreso de materias primas procedentes de la deforestación toma fuerza, algo a lo que no teme el Gobierno brasileño, pues señala que hay "mucha desinformación" sobre el tema.
Consultado por Efe, el Ministerio de Agricultura indicó que la Amazonía aún conserva el 84% de su bioma, y que la agricultura representa el 2% del área, mientras que la actividad pecuaria el 12%, por lo que "los productos exportados, en su mayor parte, no provienen de la región amazónica".
Crecen infecciones de COVID en las plantas cárnicas
Los casos de contagio por el nuevo coronavirus en las plantas cárnicas de Brasil están bajo la fiscalización de los entes de control, que adelantan más de 200 investigaciones en todo el país por el incremento de trabajadores contagiados en las procesadoras.
El COVID-19 avanza en las principales regiones productoras del país y en el estado de Río Grande do Sul, por ejemplo, los contagios subieron 40% en el último mes y el número de empleados infectados ya supera los 6,000, según el Ministerio Público del Trabajo (MPT).
Aunque el órgano fiscalizador ha ordenado la paralización de 11 plantas en seis estados, la gravedad de la situación puede ser mayor ya que hay un sinnúmero de casos no notificados pues el seguimiento en las procesadoras se realiza manualmente, "algo absurdo por el tamaño y extensión de este país", dijo Priscila Dibi Schvarcz, coordinadora en el MPT de la fiscalización de las plantas.
La situación se ha registrado en plantas de pequeñas y grandes comercializadoras como la JBS y BRF -que aseguraron no escatimar esfuerzos y adelantar todos los protocolos sanitarios exigidos- y Marfrig, que no quiso pronunciarse sobre el tema.
A eso se suma que las normas de control de frigoríficos del Gobierno federal no están alineadas con las de los Gobiernos regionales, lo que causó un retroceso en los procedimientos y llevó a que 31 entidades pidieran la revocación de las medidas implementadas por la administración central, apuntó Dibi.
Actualmente hay 3,299 establecimientos de procesamiento de carne y sus derivados registrados en Brasil, de los cuales 445 venden proteína animal, según el Ministerio de Agricultura.
De las 445 comercializadoras, 102 están autorizadas a vender a China, que ha suspendido hasta ahora la compra de seis plantas.
Si bien los expertos consultados por Efe aseguran que el cierre de esas plantas no afectará las exportaciones de carne de Brasil ni el liderato que tiene la potencia suramericana en ventas de la proteína a nivel mundial, la situación prende alarmas de no conseguir un control eficaz de la pandemia.