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La Cámara de los Diputados de Chile avanzó este miércoles en la discusión de un proyecto que permitiría un retiro de un 10% de las cuentas individuales de pensiones de manera acotada y en casos puntuales, una iniciativa que ha generado gran polémica por la grave inflación que atraviesa el país.
Tanto la Comisión de Hacienda como la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja dieron luz verde a esta iniciativa presentada el martes por el Gobierno e impulsada como una alternativa para tratar de frenar otros proyectos que apuntaban a un retiro de un 10% de los fondos universal y masivo.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló en la víspera que la iniciativa permite la extracción de manera “acotada” de una parte de los fondos y solo con tres propósitos: para el pago de pensiones alimenticias de los hijos, para la cancelación de deudas y para contribuir al financiamiento de una primera vivienda.
Según aclaró el titular de cartera, esta iniciativa, que se discutirá el lunes en el pleno, “no tendrá impacto sobre la economía ni la inflación porque no va afectar al consumo”, mientras que los otros proyectos de retiro podrían implicar que se agrave la actual inflación hasta acumular un 16% a 12 meses en setiembre.
En tanto, el presidente, el progresista Gabriel Boric, aprovechó para reiterar su rechazo a un retiro indiscriminado de un décimo de las pensiones, postura que mantiene desde que asumió el cargo en marzo pasado.
“Aprovecho para reiterar el llamado a que pensemos en qué es lo mejor para Chile y que cuidar la economía no es una cosa de derechas o tecnócratas”, dijo durante un evento en la Universidad de Chile.
La discusión del proyecto oficialista discurre en paralelo a las otras propuestas de retiro, que en la víspera fueron rechazadas por la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, lo que implica que seguirán discutiéndose en el pleno, pero con un informe negativo —lo que hace más improbable que prosperen—.
Desde la llegada del COVID-19 se han aprobado otros tres retiros del 10% de los fondos de pensiones, que hasta ahora ha supuesto un desembolso de más de US$ 55,000 millones para entidades privadas que gestionan estos dineros, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
En diciembre se discutió la posibilidad de una cuarta extracción, pero la iniciativa fue rechazada por las posibles consecuencias que podría suponer sobre la economía y la inflación al aumentar la cantidad de circulante.
Por ahora y según la marca de marzo, Chile acumula un aumento del IPC de 9.4% en los últimos 12 meses, lo que ha llevado al ente emisor a subir las tasas de interés de 2.75% a 7% en menos de medio año como medida de contención.
En paralelo, la pasada semana, el presidente Gabriel Boric anunció un paquete de ayudas sociales por valor de US$ 3,700 millones y un proyecto de ley de subida del salario mínimo de 350,000 pesos (sobre US$ 430) a 400,000 pesos (sobre US$ 500) en el 2022.
El sistema de pensiones de Chile, instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), es pionero en la capitalización individual y obliga a cada trabajador a aportar un 10% mensual de su sueldo a un fondo gestionado por empresas privadas, las AFP.
En los últimos años ha sido ampliamente criticado por las escasas pensiones que otorga, con la mitad de los contribuyentes chilenos recibiendo menos de 215,000 pesos (US$ 280) al mes de pensión, según datos de la Fundación Sol.
