La Comisión Europea (CE) aclaró que el contrato firmado con la farmacéutica AstraZeneca continuará en vigor más allá del mes de junio, después de que el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, asegurase en la víspera (domingo) en una entrevista en FranceInfo que Bruselas no iba a renovar el contrato, concluido ese mes.
El término “renovación” del contrato “se presta a confusión y deberíamos evitarlo”, dijo el portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, clarificando que el acuerdo se ha firmado “sobre la base de la distribución de dosis previstas” y, por tanto, el contrato no termina hasta que no se entreguen todas.
En la misma línea incidió el portavoz de Sanidad de la CE, Stefan de Keersmaecker, al asegurar que “la vacuna de AstraZeneca es muy importante para nuestra cartera”, señalando que “hay miles de ciudadanos europeos” que la han recibido y que “es importante que recibamos las dosis previstas en el contrato”.
Ambos portavoces recordaron además que Bruselas no optará a la compra de 100 millones de dosis adicionales a las que tenía derecho, tal como ya anunció la CE en abril.
Tanto Mamer como De Keersmaecker corrigieron así a Breton, que ayer aseguró que el contrato actual con AstraZeneca se extiende hasta finales de junio y “no hemos renovado el pedido”.
AstraZeneca entregó solo 29,8 millones de dosis en el primer trimestres y hasta junio prevé distribuir solo 100 millones de dosis, un tercio solamente de lo que establece el contrato.
Precisamente para recuperar esos 200 millones de dosis adicionales, la CE ha llevado a la farmacéutica ante los tribunales belgas, en un caso que se inició en abril y que continuará el próximo 26 de mayo con la primera audiencia.
Bruselas calcula que el tribunal de primera instancia de lo civil de Bruselas puede tardar un máximo de siete semanas en dictar sentencia, que en cualquier caso se puede recurrir.
Por contra, Bruselas sí ha decidido firmar un nuevo contrato con Pfizer-BioNTech para obtener 1,800 millones de dosis adicionales entre del 2022 y 2023, con el objetivo de afrontar los retos que plantean las nuevas variantes de la COVID-19 y la necesidad vacunar a los menores de edad, no incluidos por ahora en las estrategias nacionales.