En el aire enrarecido de El Alto multitudes de compradores buscan gangas en puestos de zapatos, libros escolares, utensilios de cocina o ropa falsificada.
Acá, en estos puestos comerciales en la ciudad más alta del mundo en Los Andes, se pueden detectar las primeras pistas de la crisis financiera que está emergiendo en Bolivia. Los bolsillos de la gente comienzan a sentir el efecto del colapso de la fijación entre la moneda nacional y el dólar. Los precios se han disparado.
“Todo está subiendo, incluso los productos nacionales”, dice Rocío Sarmiento, quien atiende un puesto de bocadillos en El Alto. El negocio ese día está lento.
A principios de este siglo Bolivia registraba algunas de las tasas de crecimiento más altas de América Latina. Pero eso ha cambiado. Una tormenta financiera está golpeando a la nación de 12 millones de habitantes. Ésta tiene sus raíces en el fin de un auge del gas natural y el fracaso del país, hasta ahora, en capitalizar sus enormes reservas de litio.
El escenario agudiza el conflicto entre el presidente Luis Arce y su antecesor, Evo Morales, quien busca regresar al poder, a pesar de un fallo de la Corte Constitucional el año pasado que se lo impediría.
Este deterioro económico es una seria amenaza para Arce. La escasez de divisas está frenando el comercio exterior y los efectos se sienten en todo el país, desde la capital, La Paz, hasta la cuenca del Amazonas.
Jimena Ugrinovic maneja una empresa familiar de importación de fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dice que cada día cuesta más conseguir dólares para pagar a sus proveedores en China, India e Israel. Esto amenaza a los productores soja y carne vacuna que han impulsado gran parte del reciente crecimiento económico del país.
“Somos el primer eslabón de la cadena de producción”, dijo, desde la provincia de Santa Cruz. “Si no podemos importar, no habrá agricultura. Es tan simple como eso”.
La agitación en Bolivia es un nuevo golpe para la alguna vez dinámica región andina. El débil crecimiento, el estancamiento político y el descontento popular afectan desde Colombia hasta Chile. En Perú, el sistema político está contra las cuerdas, Argentina implementa una terapia de choque para hacer frente a una inflación cercana al 300%, y Ecuador lidia con sendas crisis económicas y de seguridad.
Morales vuelve a escena
La convulsión en Bolivia fortalece las posibilidades de Morales. El ex pastor de llamas de 64 años de edad asumió como el primer presidente indígena de Bolivia en 2006. Sus éxitos lo convirtieron en un ícono del socialismo latinoamericano, pero se vio obligado a dimitir en 2019 después de una disputada elección.
Morales ahora planea su regreso tras romper relaciones con Arce, un economista de 60 años educado en el Reino Unido y que alguna vez fue su protegido.
La combinación de problemas económicos y divisiones en el partido gobernante podría resultar en mayores turbulencias en un país que ha tenido casi 200 golpes de estado y revoluciones desde su independencia de España hace dos siglos, y donde sindicatos de cocaleros, mineros o maestros suelen organizar violentas protestas.
“La gente que está apoyando a Morales va a buscar cualquier pretexto para salir a las calles”, advirtió Jerges Mercado, un congresista leal a Arce.
La ciudad de El Alto, con su millón de habitantes, es un bastión del gobernante partido socialista y donde se percibe claramente la pelea entre las dos facciones políticas y económicas. Ambas luchan por el control de los sindicatos y organizaciones indígenas antes de las elecciones del próximo año.
Es además la ciudad indígena más grande de Bolivia y gran parte de la población vive en condiciones de pobreza. Los más ricos viven en la vecina La Paz, casi 1,000 metros más abajo. Un sistema de teleférico ordenado durante la presidencia de Morales une ambas ciudades.
“El Alto será clave para que el próximo gobierno pueda lograr algo”, dijo Ignacio Renán Cabezas, un aliado de Morales y representante de esa ciudad en el Congreso.
Una encuesta reveló que Arce cuenta con aproximadamente el doble de apoyo que Morales dentro del partido gobernante. Pero ese respaldo puede disminuir si el gobierno se ve forzado a dejar de subsidiar los alimentos y el combustible, o si la escasez de dólares acelera la inflación.
Ya hay señales de que eso está sucediendo en el principal mercado de El Alto.
Sarmiento, la del puesto de bocadillos, dijo que ahora paga 30 bolivianos (US$ 4.30 al tipo de cambio oficial) al por mayor por un paquete de galletas importadas que costaba 24 bolivianos hace un año. Otros productos, incluida la Coca Cola, también han subido de precio, dijo.
Una licuadora ahora cuesta 210 bolivianos, mientras que el año pasado costaba unos 175, según otro dueño de una tienda. Una tetera marca Philips ha subido de 140 a 185 bolivianos.
En la entrada de supermercados subsidiados en Bolivia se ven imágenes de Arce sonriendo. Un símbolo del beneficio del gobierno para la gente.
Los subsidios a los productos básicos más el tipo de cambio fijo han ayudado a que Bolivia tenga una inflación más baja que la de Alemania y Japón en los últimos años, un logro no menor cuando los precios se dispararon en la mayor parte de América Latina.
Pero ahora que muchos importadores luchan por conseguir dólares o tienen que comprarlos a un precio elevado, el mayor logro de Arce podría estar en riesgo.
En los supermercados estatales, las autoridades han logrado hasta ahora mantener bajo control los precios de productos de producción local como arroz, pasta y fruta. Los precios al consumidor aumentaron sólo un 2.1% el año pasado.
“La canasta de inflación incluye en gran medida los bienes subsidiados por el gobierno, lo que mantiene la medición oficial de la inflación bastante baja”, dijo Christopher Dychala, quien cubre Bolivia para la calificadora Fitch Ratings.
Oficialmente, la fijación cambiaria todavía existe. Pero el año pasado surgió un mercado negro de dólares luego que el banco central se quedara casi sin billetes para suministrar al tipo de cambio oficial. La creciente tensión financiera se ha reflejado recientemente en el aumento de las comisiones cobradas por los bancos por enviar dinero al extranjero.
Estos aumentaron de un 2% el año pasado a casi el 30% en febrero, según Marcelo Olguín, director de la Cámara Nacional de Exportadores en La Paz. Los bancos compran dólares a precios de mercado, pero están obligados a vender al tipo de cambio oficial. Para cuadrar sus cuentas aumentaron las comisiones, pero el gobierno luego las limitó al 10%, cerrando un vacío legal que había permitido que el mercado siguiera funcionando.
Esto significa que no se puede vender dólares al tipo de cambio paralelo de unos 8.3 bolivianos por dólar sin incurrir en pérdidas. Los bancos han encontrado otra solución: cobrar una comisión para supervisar los acuerdos directos entre importadores y exportadores, aunque eso también puede no durar. El Gobierno está decidido a poner fin a los intentos de eludir sus reglas. Algunos importadores también han estudiado la viabilidad de comprar moneda directamente a los exportadores a través de bancos en Panamá o Estados Unidos.
“Es probable que el mercado salga del sistema”, dijo Olguín.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, dijo que con el tiempo el tipo de cambio regresará al nivel fijado por el banco central a medida que se supere la escasez temporal de liquidez.
“Todo el mundo está de acuerdo en que este es un problema de liquidez y no de solvencia”, dijo en una entrevista en marzo en La Paz.
El sólido desempeño de la economía boliviana durante el gobierno de Morales se debió en gran parte a un auge en las exportaciones de gas natural. Sin embargo, éstas ahora están en caída libre. En 2022 el país se convirtió en importador neto de energía por primera vez en décadas.
Por años Bolivia no logró controlar el déficit fiscal ni invirtió lo suficiente en exploración de gas. La esperanza era de que tarde o temprano los vastos depósitos de litio del país generarían una cascada de dinero. Pero llegó la crisis y el país todavía no produce cantidades significativas del metal usado en baterías (y eso sin considerar el desplome en el precio del litio). Mientras tanto, Australia, Chile y Argentina están sacando provecho del auge de los vehículos eléctricos.
El gobierno no quiere cortar los subsidios antes de un año electoral, pero con un déficit fiscal de más del 7% del producto interno bruto se está quedando sin formas de financiarse.
Los bonos soberanos en dólares de Bolivia se cotizan a niveles de ‘distressed’, con tasas sobre el 20%. Esto impide el acceso del país a los mercados de deuda globales. El gobierno tampoco puede pedir prestado a entidades multilaterales, ya que la ruptura con Morales ha privado a Arce de la mayoría en el Congreso necesaria para aprobar préstamos del exterior.
A esto se suma la renuncia de varios funcionarios del banco central involucrados en operaciones externas y gestión de reservas luego que el banco recurriera a medidas desesperadas. Tras gastar las reservas acumuladas durante la bonanza del gas natural de 2005-2014, el banco vendió sus derechos especiales de giro al Fondo Monetario Internacional y casi todo el oro que pudo. También comenzó a ofrecer bonos en dólares en el mercado local, con la esperanza de lograr que la gente vendiera los dólares escondidos en casa.
Al 31 de diciembre, última fecha con cifras oficiales, el banco tenía US$ 166 millones en efectivo, suficiente para pagar sólo unos días de importaciones. Este es el dinero con el que debe además pagar la deuda de Bolivia y las importaciones de combustible.
El país evitó por poco una crisis financiera en 2023 al permitir al banco central vender aproximadamente la mitad de sus reservas de oro. Seis meses después, ya se había gastado casi todo: al final del año al banco sólo le quedaban 23.5 toneladas de oro y la ley dice que esta cifra no puede bajar de 22 toneladas.
Por ahora, la crisis financiera ha afectado a las empresas dedicadas al comercio exterior. Pero cuando la gente común sienta aumentos grandes y sostenidos en los precios, comenzarán a protestar, dijo Jaime Dunn, un consultor financiero con sede en La Paz.
“La economía es lo que va a crear una presión social y política muy fuerte”, dijo Dunn. El Gobierno de Arce está decidido a mantener los subsidios y concentra sus esfuerzos en controlar los precios. Esto se debe a que, políticamente, la inflación es “un arma de destrucción masiva”, dijo.
Un escenario posible en las elecciones del próximo año sería una lucha a tres bandas entre dos socialistas (Evo Morales y Arce) y un conservador. Cualquiera que sea la alineación de contendientes, ahora es el peor momento para añadir inestabilidad política a la incertidumbre económica.
Sin embargo, en enero, miles de manifestantes partidarios de Morales bloquearon carreteras y se enfrentaron con la policía. Acusaron a Arce de conspirar con los magistrados de la Corte Constitucional para impedir que Morales se presente a las elecciones. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, los disturbios costaron a la economía US$ 1,000 millones.
Esto podría ser sólo el comienzo, ya que aún no está claro si se impedirá que Morales busque otro mandato.
“Millones de nosotros nos movilizaremos si intentan excluir a nuestro hermano Evo de las elecciones”, dijo Cabezas, el congresista de El Alto. “Nos van a ver en las calles”.
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