Un grupo de activistas disidentes cubanos entregó cartas al Gobierno y el Consejo de Administración Municipal (CAM) de La Habana en las que piden autorización para realizar una marcha pacífica contra la violencia el próximo 20 de noviembre.
Los promotores de la iniciativa, encabezados por el joven dramaturgo Yunior García, apelan al reconocimiento de los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana aprobada en el 2019.
También alegan que la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas.
En sus cartas, entregadas el pasado martes en las oficinas del gobernador de La Habana, Reinaldo García, y el intendente del CAM, Alexis Acosta, los firmantes exponen una marcha “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”
Asimismo, solicitan a las autoridades la “garantía del ejercicio pleno” de sus derechos humanos y constitucionales, así como la protección de los manifestantes, y el normal servicio de las telecomunicaciones.
Adelantan las características del proyecto, que prevé la participación de unas 5,000 personas y un recorrido de tres horas que comenzaría en la avenida Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral).
Entre la veintena de sunoscriptores de la petición figuran el disidente Manuel Cuesta, el actor Reinier Díaz, el cineasta Raúl Prado Rodríguez y la editora Miryorly García, participantes en las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en la isla del pasado 11 de julio con un saldo de varios centenares de personas detenidas y un fallecido.
Según los organizadores de la marcha, decidieron programarla unos días después de la reapertura gradual al turismo internacional -anunciada por el Gobierno cubano desde el próximo 15 de noviembre- cuando se espera que más del 90 % de la población esté vacunada contra el COVID-19 y una mejora de la situación epidemiológica.
Yunior García indicó que la iniciativa es extensiva a los ciudadanos de todo el territorio nacional para que presenten documentos similares ante las autoridades de sus localidades de residencia y a los cubanos emigrados.
Se considera poco probable que el Gobierno cubano autorice la marcha solicitada por los activistas, ya que en las últimas seis décadas no se ha permitido ejercer el derecho a manifestación a activistas u organizaciones opositoras.