El nuevo presidente de Chile Gabriel Boric. (JAVIER TORRES / AFP).
El nuevo presidente de Chile Gabriel Boric. (JAVIER TORRES / AFP).

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric y quien asumirá el poder el próximo viernes, iniciará su gobierno en el marco de la más compleja situación política y económica vivida por su país desde el retorno a la democracia en 1990.

Boric —36 años, diputado del izquierdista Frente Amplio— es uno de los varios exdirigentes universitarios que en el 2011 lideraron protestas masivas. Aunque muchos esperan que a partir de esta semana encabece los mayores cambios políticos de la historia reciente de Chile, analistas consultados por The Associated Press coincidieron en señalar que Boric tendrá el reto de enfrentar una situación local e internacional no vivida por ninguno de sus cinco antecesores.

La situación que vivirá este nuevo gobierno, independiente de cuales sean sus intenciones, es la más difícil desde el retorno a la democracia”, dijo el académico Gonzalo Valdés, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Por su parte, el doctor en estudios americanos, Marcelo Mella, indicó que el contexto que espera a Boric, ”es como una situación de tormenta perfecta, de altísima complejidad”.

Ambos destacaron que entre los problemas más graves que enfrentará están la inmigración descontrolada que vive Chile en su frontera norte con Bolivia y Perú, y la violencia y los ataques incendiarios que se registran casi a diario en las sureñas regiones del Biobío y La Araucanía, donde grupos de indígenas mapuches presionan por la devolución de sus tierras ancestrales.

En el último tiempo, especialmente en el 2021, miles de extranjeros indocumentados ingresaron por pasos fronterizos no habilitados en el norte, instalándose en campamentos improvisados.

Tras múltiples protestas y bloqueos de avenidas y carreteras contra la inmigración no autorizada, el saliente presidente Sebastián Piñera impuso en febrero un estado de excepción que permitió sumar centenares de militares a la vigilancia fronteriza y partió una “reconducción” de inmigrantes, esto es, devolverlos al país de dónde llegaron.

Esta semana el ejército inició la excavación de una zanja de unos 300 metros de largo y unos tres de profundidad en la frontera con Bolivia.

En el sur, Píñera impuso en octubre pasado un estado de emergencia que posibilitó que unos 2,000 militares acompañen a las policías, que fueron sobrepasadas por los hechos violentos que se suceden casi a diario, con la quema de camiones, maquinarias de empresas forestales y de algunas viviendas, además de algunos asesinatos.

Según el Índice Global de Terrorismo, del Instituto para la Economía y la Paz, Chile se ubica en el lugar 18 entre 163 país con ”362 ataques terroristas”, la mayoría “se atribuyen a indígenas mapuches extremistas”, señala. Además de reivindicaciones territoriales y de autonomía, en la zona hay robos de madera y narcotráfico y crimen organizado, según el gobierno saliente.

Mella recordó la devastación que enfrentó Piñera al asumir su primer mandato (2010-2014) tras un terremoto de magnitud 8.8 ocurrido dos semanas antes de llegada. Aunque muy dramático, “no es comparable a la situación de malestar, de desconfianza, de informalidad económica y con los conflictos en el norte y sur del país” que vive hoy el país.

Boric, que ganó con un 56% de los sufragios al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta electoral de diciembre, dijo durante su campaña electoral que liderará un acuerdo con los gobiernos de la región para “establecer cuotas por países y tránsitos dignos”. Y sobre la violencia en el sur, afirma que se buscará una solución mediante el diálogo con todos actores, incluidos los que protestan con acciones violentas.

A los problemas de seguridad en el norte y sur del país se suman, entre otras, una inflación desatada no vista en más de 15 años, el alza del dólar y el fuerte incremento en el precio del petróleo empujado por la invasión de Rusia a Ucrania.

Chile es el tercer país con mayor consumo de crudo en la región, que importa casi en su totalidad, y la situación golpeará el costo de las bencinas y se traspasará a toda la cadena de suministros. El cobre, en tanto, la mayor exportación chilena, registró a comienzos de semana el mayor valor desde que hay registros, producto de la guerra.

“Va a ser muy difícil sortear estos problemas en el corto plazo manteniendo el apoyo de la población, y eso va a significar que el manejo de la agenda, difícilmente lo va a tener el gobierno”, añadió Valdés.

Militante de Convergencia Social —una de las varias colectividades del Frente Amplio, creado en el 2017— Boric compitió por la presidencia en representación de Apruebo Dignidad, un bloque formado por el Partido Comunista y el FA. La mayoría de los miembros de este último grupo carece de experiencia de gobierno.

Su coalición electoral será minoría en el Congreso, con 37 de los 155 diputados y cinco de los 50 senadores, lo que lo obligó a nombrar a varios ministros y viceministros de la centroizquierda para obtener su apoyo en el Congreso. Sin embargo, aún le faltan tres votos para lograr la mayoría simple. Lo anterior obligará a Boric a “moderar y priorizar sus propuestas” en el parlamento, dijo Mella.

Una Convención Constituyente, nacida tras un plebiscito que siguió a un estallido social en octubre del 2019, escribe una Carta Magna destinada a reemplazar a la impuesta en 1980 por la dictadura militar (1973-1990) y cuenta con todo el respaldo del futuro mandatario hacia los convencionales izquierdistas que dominan el órgano.

Entre las propuestas, que parece contar con una mayoría entre los constituyentes, figura una que busca eliminar el Senado. Si ello no ocurre y sigue vigente por ocho años más, “podría ser que (Boric) no pudiera lograr sus objetivos” de aprobar múltiples proyectos de ley, opinó Valdés. El proyecto de Constitución debe plebiscitarse durante el segundo semestre y su aprobación es vista por muchos como una medición a su gobierno.

La prioridad de Boric será buscar la aprobación de una reforma tributaria para recaudar cinco puntos del Producto Bruto Interno (PBI) durante los cuatro años de su gobierno. Si fracasa, no podrá financiar la mayoría de sus propuestas, que incluyen derechos sociales universales, una reforma estructural para hacer un sistema de salud igualitario, crear 500,000 puestos de trabajo femeninos, subir las pensiones y una jornada de 40 horas semanales.

Chile recuperó la actividad económica previa a la pandemia y en el 2021 creció un 12% empujado por un consumo desbocado por la gran liquidez productos de tres retiros de fondos de pensiones por US$ 50,000 millones, mientras para este año crecería en torno a un 1.5% y entre 0% y un 1% en el 2023.

La inflación acumulada en el 2021 llegó al 7.2%, la mayor en 14 años. Enero último registró un alza de 1.2%, con un acumulado de 7.7% en 12 meses.

“Claramente va a ser un gobierno que va a funcionar con una fuerte presión (y) no va a tener tiempo de una luna de miel, como históricamente se da en el caso de Chile”, cuando la opinión pública es más condescendiente durante los primeros meses de gobierno, sentenció Mella.