Las élites política y empresarial de Chile suspiran con alivio luego de los dictámenes finales relacionados con importantes casos de corrupción. Para algunos, empero, las autoridades sólo han echado un velo sobre el problema.
Las causas varían desde financiamiento político ilegal y una evasión fiscal que derivó en la caída de uno de los mayores conglomerados financieros de Chile, Grupo Penta, hasta acusaciones de tráfico de influencias que salpicaron al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet. Otra situación amenazó con frenar la expansión de SQM (Sociedad Química y Minera de Chile), que cuenta con algunas de las mayores reservas de litio del mundo.
El gobierno espera recuperar parte de una reputación impecable ganada con esfuerzo -en una región desbordante de corrupción y escándalos por coimas- después de que los jueces dictaron su fallo en tres casos esta semana.
Chile avanza más rápido que sus pares, donde grandes proyectos de infraestructura están frenados debido a múltiples investigaciones. El carácter limitado del caso de corrupción, que derivó en multas y sentencias suspendidas, y las modificaciones a la ley que rige el financiamiento público limitaron, asimismo, las consecuencias.
“Chile habría estado mejor sin el escándalo, pero el hecho de que hubiera una reacción institucional, en mi opinión, habla bien de cómo funciona la democracia”, dijo por correo electrónico Patricio Navia, analista político chileno y profesor de la Universidad de Nueva York.
Estrella regional
Los inversores ya parecen haber dejado atrás los escándalos. Los fondos de pensiones locales invirtieron US$ 533 millones en acciones de Sociedad Química y Minera de Chile SA este año después de haber vendido todas sus posiciones en el 2015, cuando estalló el escándalo.
Y el país más rico de Sudamérica finalmente está comenzando a sentirse como antes. El crecimiento repuntó más que en todos sus vecinos importantes, la inversión crece después de cuatro años de declinación y la popularidad del presidente Sebastián Piñera supera el 50%, la más alta de la región.
Chile también sigue estando en una mejor posición que otras naciones latinoamericanas -dejando de lado Uruguay- en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional.
El riesgo para Chile en este momento es volverse complaciente y esperar que surja otro escándalo, dijo María Jaraquemada, directora del centro de investigaciones Espacio Público, que hace un seguimiento de los casos de corrupción en la región.
“Se han hecho reformas y eso contribuye a la confianza de los inversores, pero lo que nos preocupa es que, cuando las cosas se calmen, también se calme la agenda de reformas”, dijo Jaraquemada. “No me sorprendería que surgieran otros escándalos en el futuro”.
Los legisladores del Frente Amplio, una coalición ecléctica de partidos de izquierda, presentaron este miércoles una petición a la Corte Suprema para destituir al fiscal nacional Jorge Abbott por promover la impunidad en las causas relativas a SQM y Penta. Un tribunal dictaminó esta semana que los fundadores de Penta, Carlos Eugenio Lavin y Carlos Alberto Delano, eran culpables de evasión fiscal y no de soborno, a pesar de que entregaron dinero a un funcionario público.
Su castigo es una sentencia de cuatro años en suspenso y multas por unos US$ 2.6 millones -una gota en el océano si se tiene en cuenta que Penta vendió recientemente la administradora de fondos de pensiones Cuprum por US$ 1,100 millones y la empresa aseguradora y de servicios de salud Banmédica en US$ 2,800 millones a UnitedHealthGroup.
“Los escándalos demostraron, ante todo, que las penas y las regulaciones existentes para las prácticas corruptas son insuficientes a la hora de castigar en forma efectiva a los infractores”, dijo Navia. “Los directivos de Penta y SQM saldrán del paso con multas abultadas, pero sin ir a la cárcel”.
