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Únete al canal de GestiónLos familiares de “presos políticos” en Nicaragua pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) libertad y justicia, durante una audiencia sobre medidas provisionales a la que el Estado nicaragüense no asistió.
Como parte de la supervisión de medidas urgentes por el caso “Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua”, la CorteIDH realizó una audiencia pública para corroborar el cumplimiento de las acciones dictadas el 24 de junio pasado.
El Tribunal internacional había solicitado la liberación inmediata de Chamorro, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla y en una notificación posterior de Daisy Tamara Dávila Rivas.
En la audiencia de este viernes, los familiares de los beneficiarios detallaron la situación que han vivido desde la detención y la poca o nula información que tienen sobre su paradero, mientras que el Estado de Nicaragua no se presentó a la comparecencia virtual.
“No sabemos nada sobre el paradero de mi esposo, ni su familia, ni los abogados, ni su médico ha podido verlo o hablar con él, tampoco tenemos acceso a expediente judicial. Solicitamos una prueba de vida porque todos los días extrañamos poderlo escuchar y ver por videollamada”, dijo entre lágrimas Berta Valle esposa de Maradiaga, quien se encuentra exiliada en Estados Unidos.
Por su parte, Carolina Jackson, hija de Aguerri, quien tiene 80 días sin ver a su padre, exigió que el Estado nicaragüense libere inmediatamente a José Adán, así como a los otros desaparecidos.
“Ha sido como vivir un duelo sin que esté muerto. Hoy él es un desaparecido político por promover el restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres, justas y transparentes. Mi padre se convirtió en un enemigo del régimen por su labor y acusado sin fundamento”, destacó Jackson.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que Chamorro y los otros presos políticos han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y campañas de descrédito desde el 2018, cuando estalló la crisis socio política en ese país.
Sin embargo, los ataques fueron incrementados en el 2021 a partir de su anuncio de disponer su tiempo a la consolidación de la unidad de la oposición para las elecciones que serán celebradas en noviembre próximo.
“El escalamiento de la violencia en estos últimos meses ha constituido en una criminalización de la oposición política o la disidencia principalmente por liderazgos sociales, pero se ha criminalizado también a las personas defensoras de derechos humanos, identificándolas como enemigos políticos. Solicitamos la inmediata libertad y proteger su vida y de su núcleo familiar“, afirmó la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola.
Además, Urrejola solicitó aprobar que la CIDH y la CorteIDH puedan ingresar a territorio nicaragüense para constatar la implementación de las medidas provisionales.
La fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, representante de los beneficiarios, indicó en su intervención que estos permanecen desaparecidos desde hace casi tres meses.
“La ausencia del Estado en esta audiencia reafirma el incumplimiento a estas medidas y su obligación de informar a la Corte el paradero y la situación de las personas beneficiarias, así como aportar pruebas que respalden sus inexactas afirmaciones, ya que los hechos denunciados son inexistentes”, afirmó Núñez.
El presidente Daniel Ortega, que está en el poder desde el 2007 y busca una nueva reelección en las elecciones del 7 de noviembre, acusó a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos y los tildó de “criminales”, por lo cual son procesados por supuestamente cometer delitos que constituyen traición a la patria o lavado de dinero.
Al menos una veintena de personas consideradas opositoras han sido capturadas, entre ellas aspirantes a la Presidencia, exvicecancilleres, históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, exdirigentes empresariales, banqueros, dirigentes opositoras, una ex primera dama, periodistas y extrabajadores de una ONG, entre otros.
