Las imágenes de la matanza en Bucha, en Ucrania, evidencian algunos de los crímenes que la Corte Penal Internacional (CPI) puede procesar en La Haya, pero experiencias como las del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia (TPIY) muestran que el objetivo de que los responsables rindan cuentas es un viaje lento y difícil, pero no imposible.
Un equipo del fiscal de la CPI, Karim Khan, está ya investigando la situación en Ucrania y los expertos consultados coinciden en que lo urgente es garantizar que cualquier evidencia quede guardada y los testimonios estén documentados ahora que los eventos son aún recientes.
“La justicia es una partida muy larga. Es importante no perder la esperanza, seguir con la documentación, porque las cosas que hoy son políticamente imposibles, podrían no serlo en diez años. No va a ser mañana o en un mes”, señala Iva Vukusic, profesora de Historia Internacional en la Universidad de Utrecht e investigadora del trabajo del TPIY.
El TPIY, que se disolvió en el 2017, se creó en 1993 por la ONU para juzgar los crímenes en la antigua Yugoslavia, cuando aún ni siquiera existía la CPI, que empezó a operar en el 2002 y no es un tribunal de la ONU, sino que tiene al Estatuto de Roma por tratado fundacional, firmado por 123 países, entre los que no están ni Rusia ni Ucrania.
Vukusic explicó que el juicio a los perpetradores de los crímenes de los noventa en los Balcanes es “sin duda una historia judicial de éxito en comparación con otros conflictos porque cientos de personas fueron juzgadas en La Haya y en la región”, pero recordó que durante años “nadie pensó que se llegaría a ver alguna vez a los acusados en la Corte”.
“Todo el mundo se estaba rindiendo. Me acuerdo de mis colegas y de mí esos años, pero luego fueron arrestados, procesados y condenados”, señala.
Sospechosos de alto nivel, como el general Ratko Mladic, y su jefe político, Radovan Karadzic, no fueron arrestados hasta el 2011 y 2008, respectivamente, y después sentenciados a cadena perpetua por crímenes como el genocidio de Srebrenica (1995), y los crímenes de guerra y lesa humanidad en el asedio de Sarajevo (1992-1996).
Las evidencias y la experiencia
Factores como el cargo, la intención y el conocimiento son elementos clave a nivel legal para poder determinar qué tipo de delitos se han cometido en esta guerra en Ucrania
Marieke de Hoon, experta en Derecho Penal Internacional, subraya que hay dos preguntas que deben probarse legalmente: “Si aquellos al mando sabían que se estaban cometiendo crímenes de guerra o debían haberlo sabido” y “si, de ser conscientes, hicieron lo posible para evitarlos”.
“Lo difícil, más que probar el tipo de crímenes, suele ser demostrar quién es el responsable. Aunque hay que tener en cuenta que estos crímenes se están cometiendo en directo, así que es difícil imaginar que no estén al tanto. Tampoco veo signos de que el Kremlin lo esté evitando, todo lo contrario”, específica.
Destaca que “no hay que enfocarse solo en la CPI, sino también en los esfuerzos conjuntos y en las justicias nacionales”, incluido de Ucrania, para procesar a los autores de estos crímenes de guerra y lesa humanidad, a excepción de Vladimir Putin, quien como presidente tiene inmunidad ante los tribunales domésticos, pero no ante la CPI.
Rusia no es miembro de la CPI, lo que augura una falta total de cooperación de Moscú con cualquier proceso que se celebre en La Haya, a pesar de que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) ven indicios de que el Ejército ruso ha cometido posibles crímenes de guerra en las áreas bajo su control en Ucrania, entre ellos ejecuciones sumarias de civiles.
Ucrania tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, pero en el 2014 y 2015 hizo dos declaraciones en las que aceptó de forma parcial su jurisdicción para identificar y juzgar a los perpetradores y sus cómplices de actos cometidos en Ucrania desde el 2014.
Esto permitió al fiscal Khan abrir una investigación de los crímenes que se cometieron desde la anexión rusa de Crimea hasta la actualidad.
De Hoon recuerda que, a pesar de ser “un conflicto en curso”, muchas pruebas están siendo documentadas y “eso da esperanzas”, y Vukusic también ve un esfuerzo para verificar y almacenar pruebas “que no tiene precedentes”, lo que, dice, “no existía en los noventa con la exYugoslavia”.
A pesar de las imágenes de Bucha, el Kremlin niega cualquier crimen, por eso, insisten las expertas, recopilar pruebas es vital. “La justicia internacional es, aunque imperfecta, un campo desarrollado con mucha experiencia y personas que saben lo que están haciendo. Hay esperanza”, concluye Vukusic.