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El gobierno de Panamá estima que la economía del istmo para el próximo año crezca entre 1% y 2% desde la estimación previa del 5%, por los efectos del cierre de una mina de cobre de la canadiense First Quantum Minerals, dijo a Reuters un funcionario del Ministerio de Economía.
Además, Hernán Arboleda, director de Políticas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, aseguró que el gobierno tendrá que conversar con las agencias calificadoras internacionales para reiterarles que en el país hay “seguridad jurídica”.
La semana pasada, tras semanas de protestas, la corte suprema de Panamá declaró “inconstitucional” el contrato que le permitía a First Quantum operar la mina de cobre más grande del país y el presidente Laurentino Cortizo aseguró que su gobierno acatará el fallo y procederá al cierre “ordenado y seguro” de la operación.
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“A lo mejor la tasa de crecimiento no es 4%, a lo mejor puede ser 1%, a lo mejor 2% o puede ser 1.5%”, dijo Arboleda en una entrevista con Reuters, asegurando que las cifras aún son extraoficiales. “Ya no hay mina, entonces tendremos una caída”, agregó.
Este año, Panamá lidera las previsiones de crecimiento económico del Banco Mundial para América Latina y el Caribe con un 6%. Arboleda aseguró que la estimación se sigue manteniendo para 2023 a pesar del golpe económico por el cierre de la mina, cuya producción comercial está suspendida por bloqueos.
Seguridad jurídica, ventajas
En los últimos años, la economía del país centroamericano, fuertemente impulsada por los servicios financieros y logísticos, se ha expandido a tasas superiores al promedio de la región. El año pasado, el PBI panameño creció un 10.8%.
La operación de First Quantum aportaba alrededor del 5% del PBI de Panamá. JPMorgan advirtió que las probabilidades de que Panamá pierda el grado de inversión aumentarían significativamente si se revocaba el contrato.
El contrato impugnado otorgaba a First Quantum un derecho minero de 20 años con una opción de prórroga por otros 20 años, a cambio de US$ 375 millones en ingresos anuales para Panamá. Los manifestantes argumentan que los términos del acuerdo son demasiado generosos con la minera y alegan prácticas corruptas en su aprobación. La empresa lo ha negado.
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Arboleda dijo que la administración del presidente Laurentino Cortizo hablará con las agencias calificadoras de riesgo para asegurarles que en el país “hay seguridad jurídica”.
“Hay que reforzarlo y conversar con las calificadoras y volver a decirles y recordarles lo que es Panamá, volver a decirles que hay seguridad jurídica”, dijo el funcionario.
Panamá, una de las economías más estables de Latinoamérica, tiene el codiciado grado de inversión de las tres grandes firmas calificadoras: S&P, Moody’s y Fitch.
“Un inversionista debería fijarse en que no puede entrar en actividades mineras (en Panamá), ya está vedado. Pero todas las demás actividades, ahí están las ventajas que tiene Panamá, está el dólar, está el canal, las comunicaciones”, explicó Arboleda.
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