Trump acumula pocos triunfos legales en sus denuncias por el conteo de votos

Durante una audiencia de una de las numerosas demandas electorales presentadas por el presidente Donald Trump, el juez de una corte de Pensilvania le preguntó esta semana a un abogado de su campaña si había encontrado algún indicio de fraude entre las 592 boletas impugnadas.

La respuesta fue no.

“Acusar a las personas de fraude es un paso muy grande”, dijo el abogado, Jonathan Goldstein. “Sólo intentamos terminar con las elecciones”.

Trump no ha sido tan cauteloso, y ha insistido sin evidencia alguna que le “robaron” los comicios, incluso cuando funcionarios electorales de ambos partidos en todo el país aseguran que no ha habido conspiración.

El miércoles, Trump centró sus ataques en Filadelfia, el bastión demócrata que impulsó al candidato demócrata Joe Biden a rebasar el umbral de los 270 votos electorales necesarios para ganar la contienda.

El presidente acusó al funcionario electoral local, el republicano Al Schmidt, de ignorar “una montaña de corrupción y deshonestidad”. Twitter añadió una etiqueta a la publicación que decía que tal acusación de fraude electoral era un asunto contencioso.

Partidarios de Trump han interpuesto al menos 15 impugnaciones tan sólo en Pensilvania, en un intento por quedarse con los 20 votos electorales que otorga el estado. También se han presentado recursos legales en Georgia, Arizona, Nevada y Michigan.

En la corte, sus abogados deben caminar sobre una delgada línea entre defender a su cliente y cumplir con su juramento profesional.

Expertos en ética legal y activistas en favor de la democracia han cuestionado la participación de los abogados en esta batalla, en momentos en los que Trump se aferra al poder y en que Biden echa a andar su agenda.

“Este podría ser un intento por tranquilizar el ego del presidente, pero tiene consecuencias para el mundo real y para personas de verdad”, dijo el profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Loyola Justin Levitt, un exfuncionario electoral del Departamento de Justicia. “El intento de apaciguar el ego del presidente no es un crimen sin víctimas”.

Schmidt declaró a “60 Minutes” de CBS que el personal de su oficina ha recibido amenazas de muerte por el simple hecho de contar votos.

“Viéndolo de adentro hacia afuera, todo esto se siente perturbador”, dijo Schmidt en una entrevista transmitida el domingo. “Contar los votos emitidos antes o durante la jornada electoral por votantes elegibles no es un acto de corrupción. No es hacer trampa. Es democracia”.

Sin embargo, un número incalculable de votantes está aceptando las acusaciones de Trump de que se trató de una elección amañada, y han hecho donativos a un fondo para defensa jurídica.

El despacho de abogados Porter Wright Morris & Arthur, con sede en Ohio e involucrado en las demandas electorales, aparentemente suspendió su cuenta de Twitter el martes después de que se vieron inundados con ataques. La firma no devolvió mensajes enviados en busca de comentarios.

Un segundo despacho, Jones Day, dijo que no representaba a la campaña de Trump sino al Partido Republicano de Pensilvania, en un litigio ante la Corte Suprema en torno a la extensión de tres días para aceptar votos por correo.

A nivel nacional, la estrategia está en manos de aliados de Trump como Rudy Giuliani, el abogado personal del presidente; el operador político David Bossie, quien no es abogado de profesión; y Jay Sekulow, un abogado principal durante el juicio político a principios de este año. Bossie recientemente fue diagnosticado con COVID-19.

El experto en derecho electoral Rick Hasen dijo que si Trump tuviera un caso sólido, esperaría ver la participación de reconocidos litigantes ante la Corte Suprema, como los exfiscales generales Paul Clement o Theodore Olson.

“Hay algunos nombres de abogados reconocidos que le indican a la Corte Suprema que algo es serio”, dijo Hasen, profesor en la Universidad de California, campus Irvine. En su lugar, “la campaña anunció que pondría a cargo a Rudy Giuliani y a David Bossie”.