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Existen grandes brechas en las negociaciones sobre el Tratado de Alta Mar que se están llevando a cabo en Nueva York, entre ellas la magnitud de los informes de impacto ambiental frente a acciones como la anunciada por Japón de verter al océano Pacífico 1.29 millones de metros cúbicos de agua radiactiva de Fukushima.
Las negociaciones “están progresando”, no obstante hay que superar aún varios puntos, señala la experta en el tema de Alta Mar de la organización Pew Charitable Trusts de Estados Unidos, Liz Karan y directora del proyecto “Protecting Ocean Life on the High Seas” (Protección de la vida marina en alta mar).
En principio, marzo del 2022 es la fecha prevista para que los países integrados en Naciones Unidas presenten el Tratado que se negocia del 7 al 18 de marzo para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, es decir más allá de las jurisdicciones nacionales marinas, y establecer normas de protección frente actividades como la pesca, la minería marina, el transporte de mercancías, la contaminación o la investigación.
Karan asegura que a pesar de que las negociaciones van lentas, “todo es posible”, aunque ve difícil culminar en quince días una negociación tan amplia sobre todos los factores que confluyen en la protección del fondo marino fuera de la jurisdicción nacional (BBJN, por sus siglas en inglés) y que lleva mucho tiempo -más de 15 años- sobre la mesa.
Además, existen intereses y presiones de varios sectores que intentan obtener el máximo provecho en las negociaciones, reconoce Karan, quien, no obstante, señala que las organizaciones y representantes de la sociedad civil, después de dos años de retraso debido a la pandemia, solo pueden seguir las conversaciones vía telemática y muchas delegaciones nacionales negociadoras con la Autoridad Marina “son más reducidas”.
Los informes de impacto ambiental sobre diferentes actividades o acciones que puedan afectar la vida marina es uno de los puntos más candentes para los negociadores que buscan la actualización de la Convención del Mar de Naciones Unidas de 1994.
Un buen ejemplo de ello, según Karan, es el anuncio hecho por Japón de verter 1.29 millones de metros cúbicos de agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima, que sufrió un accidente el 11 de marzo del 2011 tras un tsunami.
Este anuncio de las autoridades japonesas para el 2023 tiene la oposición de los pescadores locales que temen ahora el cese definitivo de su ya mermada actividad por la contaminación de agua radiactiva, además del rechazo expresado por países vecinos como China y Corea del Sur.
Esta misma semana, un estudio de la expedición “OceanScientific Contaminantes del Mediterráneo 2020″, que analiza la densidad de los compuestos químicos y orgánicos que contaminan el medio marino, reveló que España se posiciona por encima de la media en la contaminación química que vierte al Mar Mediterráneo.
La expedición, dirigida por el francés Yvan Griboval, recogió un total de nueve muestras en un espacio de unas 1,000 millas náuticas (desde Mónaco hasta la desembocadura del Tíber en Italia, Porto Cervo en Cerdeña, Barcelona y Mataró en España, y La Seyne-sur-Mer, en Francia), en las que se encontraron contaminantes como: bifenilos policlorados (PCB), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) o tributiltinas (TBT).
Sobre la contaminación que producirá el conflicto en Ucrania, la representante de Pew Charitable Trusts explica que llevará un tiempo conocer cuáles serán las repercusiones sobre el océano y el medio ambiente, pero a pesar de la crisis humanitaria, este conflicto ha demostrado que “el multilateralismo no está muerto”, y que los países pueden unirse para una acción rápida y decisiva.
Esto podría demostrar que “con un efecto dominó y espíritu de cooperación y acción urgente se puede actuar frente a la crisis climática o del océano”.
La presión de la pesca y los países que la ejercen para quedar fuera de la influencia de este tratado “es limitada”, según Karan, quien recuerda que más del 80% de las capturas en todo el mundo las realizan cinco países: China, Japón, Corea del Sur, Taiwán y España.
No obstante, la experta recuerda que algunas experiencias demuestran que limitar las capturas temporales en el océano revierte en posteriores beneficios en la recuperación de la biodiversidad y en los propios pescadores y armadores.
El Tratado de protección de Alta Mar busca además determinar el impacto ambiental y sobre la biodiversidad del transporte de mercancías que ha “aumentado en las dos últimas décadas”, actividad para la que se “estudia un impuesto”.
“El océano nos da el aliento que tomamos cada segundo, pero también garantiza la vida marina y en la tierra”, asegura Karan, y subraya la acción de los gobernantes que apuestan por la conservación del océano, como el compromiso de 40 países en Brest (Francia) en febrero pasado, el de UNEA5 en Nairobi contra la contaminación de los plásticos y las dos próximas oportunidades, la primera en abril en Palaos (Oceanía) y en Lisboa en junio próximo.