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El voto histórico de la Cámara de Representantes para acusar al presidente Donald Trump se acerca al final del tercer año tumultuoso del presidente, que a su vez es el tercer año de la prolongada prueba de esfuerzo que ha estado haciendo a la Constitución de Estados Unidos. Es una ocasión para verificar la pregunta más básica que se puede hacer en una democracia: ¿Cuál es el estado de nuestra Constitución?
La respuesta corta es que la Constitución, hasta el momento, está resistiendo el desafío más extendido a sus principios y normas que ha enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. El juicio político en sí mismo es en realidad una mejora significativa en la ejecución de la Constitución. Indica que al menos la mitad del poder legislativo, la Cámara, ahora está tomando en serio su propia responsabilidad de defender la Constitución ante el desprecio presidencial por ella.
Hasta ahora, es la otra rama del gobierno —el poder judicial— la que prácticamente ha hecho el único control efectivo sobre el recurrente impulso de Trump de violar la Constitución. Cuando Trump ha firmado órdenes ejecutivas que violan la Constitución, los tribunales a menudo las han anulado. Los tribunales también han bloqueado otras acciones ilegales del poder ejecutivo. Entonces, cuando se trata de las normas constitucionales formales que los tribunales interpretan y aplican, la Constitución ha funcionado notablemente bien desde enero de 2017.
La Constitución ha vacilado en la erosión significativa de nuestras normas informales y no escritas. Estas tienen peso constitucional incluso si no son identificables como reglas estrictas del derecho constitucional. Incluyen cosas como la politización del Departamento de Justicia y la FBI y la sutil corrupción de la presidencia a través del continuo empeño de Trump por mantener sus intereses comerciales mientras se mantiene en el cargo. Durante la mayor parte de los últimos tres años, Trump ha socavado con éxito ese tipo de normas no escritas, duramente ganadas.
Desde que asumió la presidencia, Trump ha cometido una amplia gama de actos que posiblemente podrían clasificarse como delitos graves y faltas leves procesables. La Cámara decidió no acusarlo por aquellos, como la obstrucción de la justicia descrita en el informe de Robert Mueller, sino por los delitos graves y faltas que violaron específicamente los principios constitucionales de la democracia y la separación de poderes.
El primer cargo del juicio político, por abuso de poder, representa la insistencia de la Cámara de que la Constitución prohíbe que el presidente use su puesto para obtener un beneficio político personal y que influya deshonestamente en su propia reelección con la ayuda de una potencia extranjera. Aunque ningún estatuto prohíbe claramente esta conducta, está prohibida por la propia Constitución a través de la cláusula que prescribe la acusación por "delitos graves". El juicio político materializa el principio básico de que el presidente no puede intentar quebrantar la democracia.
El segundo cargo, por obstrucción al Congreso, defiende el principio de que el presidente no puede obstaculizar al poder legislativo y, por lo tanto, quedar exento de acatar la Constitución. Aquí la Cámara reivindica el principio de separación de poderes. En este caso tampoco hay una disposición legal que diga que el presidente no puede negarse a cooperar en una investigación de juicio político. Pero es un principio incrustado en la propia Constitución, específicamente en la lógica de la autoridad del Congreso para supervisar al presidente.
El juicio político por sí solo es apenas una parte de lo que el poder legislativo debe hacer para defender la Constitución. Si, como es probable, el Senado no destituye a Trump, podría implicar que la conducta del presidente es aceptable. El resultado podría erosionar aún más las normas constitucionales.
No obstante, la Cámara al menos ha transmitido el mensaje de que Trump ha violado la Constitución. Y lo ha hecho de manera más marcada que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos, con la posible excepción de Richard Nixon. Andrew Johnson fue acusado por ignorar una ley, en sí misma inconstitucional, que decía que no podía despedir a los miembros de su gabinete sin el consentimiento del Senado. Bill Clinton fue acusado por mentir bajo juramento sobre su relación sexual con una becaria, un acto que fue legal y moralmente incorrecto, pero que obviamente no es una violación a un principio constitucional fundamental.
Nixon, quien renunció antes de ser acusado, encubrió los esfuerzos de su campaña para socavar la democracia, al igual que Trump. Y obstruyó al Congreso, aunque de manera menos absoluta que Trump. Las acciones de Nixon también fueron dirigidas contra la Constitución. Fueron delitos graves y faltas leves, como los de Trump. Y han pasado a la historia como ejemplos de conducta no presidencial.
Cuando los historiadores cuenten sobre el legado de Trump de debilitar la Constitución, ahora incluirán la respuesta de la Cámara. Eso importa. La Constitución no es la mano muerta del pasado. Es una tradición viva cuyo significado evoluciona en tiempo real y se ve afectada por lo que los actores constitucionales de hoy dicen que significa.
El voto de juicio político es la acción más importante que la Cámara puede asumir en defensa de la Constitución. No es suficiente, pero es un comienzo.
Por Noah Feldman
Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.