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Únete al canal de GestiónPor Cass Sunstein
En un futuro próximo, el Congreso estadounidense debería crear una Comisión de Integridad Electoral, con una sola tarea: proteger a Estados Unidos de la interferencia extranjera en sus elecciones.
Esa es la inequívoca lección del Volumen 5 del informe del Comité Selecto del Senado sobre “Campañas e interferencia de medidas activas rusas en las elecciones del 2016”.
Ponga a un lado sus propias convicciones políticas. No pregunte si los miembros de la campaña de Donald Trump trabajaron en concierto con los funcionarios rusos para que ganara las elecciones.
Una cosa está clara: el Gobierno ruso tomó múltiples medidas para interferir con el proceso electoral estadounidense.
Como dice el informe bipartidista:
El Comité descubrió que el Gobierno ruso se involucró en un esfuerzo agresivo y multifacético para influir, o intentar influir, en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016… El Comité encontró que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó el esfuerzo ruso de piratear redes informáticas y cuentas afiliadas al Partido Demócrata e información perjudicial para Hillary Clinton y su campaña presidencial. La intención de Moscú era dañar la campaña de Clinton, mancillar un esperado Gobierno de Clinton, ayudar a la campaña de Trump después de que Trump se convirtió en el presunto candidato republicano y socavar el proceso democrático de Estados Unidos.
Nadie debería dudar de que Rusia tiene una amplia capacidad para interferir, de manera grande y pequeña, nuestro proceso democrático. Pero el problema se extiende mucho más allá de Rusia. Según funcionarios de inteligencia, China e Irán también están utilizando “medidas de influencia encubiertas y abiertas” para perturbar y alterar el resultado de las elecciones estadounidenses.
Con el tiempo, los riesgos han ido creciendo y la amenaza a nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos es mayor ahora que en 2016. Es probable que empeore mucho más.
Como lo muestra el informe de la comisión del Senado: la interferencia extranjera está diseñada para influir en la votación. Pero también tiene la intención de debilitar y deslegitimar a Estados Unidos en general: aumentar la polarización, generar desconfianza, hacer que los estadounidenses se teman y se odien entre sí, mermar nuestra capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, destruir nuestro papel internacional.
Las instituciones existentes están mal preparadas para responder. El Congreso puede promulgar leyes, pero ¿quién las hará cumplir? Tanto bajo presidentes demócratas como republicanos, la Casa Blanca es inevitablemente un animal político, preocupado por las perspectivas electorales del titular y su partido.
La Comisión Federal de Elecciones no ha desarrollado exactamente una reputación de excelencia y efectividad en los últimos 20 años. Pero incluso si lo hubiera hecho, no sería una institución apropiada para monitorear la interferencia extranjera en las elecciones, ya que se centra principalmente en las leyes de financiamiento de campañas.
Y aunque el mandato de la Comisión Federal de Comunicaciones es muy amplio, carece de la autoridad adecuada para proteger la integridad del proceso electoral.
Los estados tienen muchas responsabilidades en la supervisión de las elecciones, incluso para los cargos federales, pero hay 50. Ninguno tiene la capacidad suficiente para identificar amenazas extranjeras, y mucho menos para contrarrestarlas.
Una nueva Comisión de Integridad Electoral tendría un solo trabajo: limitar la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses.
Para hacerlo, debe ser independiente y no partidista. Debería consistir en cinco comisionados, nombrados por períodos de cinco años, y no tener más que una mayoría simple de personas del mismo partido político.
Para cumplir con los requisitos constitucionales, sus miembros serían nombrados por el presidente, sujeto a los consejos y el consentimiento del Senado. Debido a la importancia de su tarea, se debe esperar, y acordar ampliamente, que sus miembros no puedan estar sujetos a ningún tipo de control presidencial.
No hay garantías en este punto. Un presidente podría tratar de constituir una comisión con personas que se preocupen mucho por sus perspectivas. Si el Senado es controlado por el mismo partido del presidente, podría no proporcionar un control adecuado. La única respuesta posible, ciertamente imperfecta, es la insistencia en los principios generales: la comisión no es una entidad política y no debe incluir comisionados que tengan algún tipo de misión política.
Como mínimo, las funciones de la comisión deben incluir investigación y presentación de informes. Se le debería exigir que presente informes cada seis meses al Congreso y al presidente sobre los esfuerzos extranjeros para interferir con las elecciones estadounidenses. Al mismo tiempo, debe ser instruido para que haga recomendaciones al Congreso y al presidente sobre las respuestas apropiadas a las amenazas existentes.
Parte de su trabajo podría llegar a clasificarse, pero en la medida de lo posible, y de acuerdo con su misión, sus informes deberían hacerse públicos. Ciertamente debería tener el poder de ordenar la comparecencia legal.
El Congreso también necesitaría otorgar a la comisión la autoridad para establecer regulaciones vinculantes, por ejemplo, para controlar y restringir ciertos usos de las redes sociales por parte de Gobiernos extranjeros diseñados para sesgar la política estadounidense. El propio Mark Zuckerberg instó a algo similar, declarando simplemente que “la legislación es importante para proteger las elecciones”.
Sin duda, el diablo está en los detalles. Para comenzar, tiene sentido leer el informe del comité del Senado con sumo cuidado, y también el Volumen 1 del informe de Robert Mueller, asesor especial del Departamento de Justicia, con el objetivo específico de identificar las amenazas actuales y ver qué se puede hacer al respecto.
La comisión también debe diseñarse prestando especial atención a los límites constitucionales del poder del Congreso para crear comisiones independientes. La mejor interpretación de la ley actual es que una comisión de múltiples miembros como la propuesta aquí sería, en efecto, constitucional.
Una nueva agencia federal nunca debe crearse a la ligera. Pero en 1972, el Congreso creó la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor. En 2011, creó la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
Si los consumidores estadounidenses merecen protección contra los riesgos para su seguridad y sus billeteras, entonces seguramente los ciudadanos estadounidenses merecen protección contra los riesgos para su capacidad de autogobierno. Trabajemos para proporcionar esa protección.
