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El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, bajo presión de sindicatos y senadores, está estudiando formas de brindar alivio a las refinerías de petróleo locales de los mandatos de mezcla de biocombustibles, dijeron tres fuentes conocedoras del asunto.
El asunto enfrenta a los trabajadores de las refinerías y a los agricultores, que dependen de los mandatos de biocombustibles para apuntalar el mercado del maíz.
Esto podría provocar un cambio radical en el gobierno, que estaba reduciendo la dramática expansión de exenciones del expresidente Donald Trump para las refinerías. La ley exige que mezclen miles de millones de galones de etanol y otros biocombustibles en su combustible cada año o que compren créditos a los que lo hagan.
Los créditos, conocidos como RIN, se encuentran actualmente a su precio más alto en los 13 años de historia del programa, y las refinerías han dicho que la política amenaza con quebrar a unos fabricantes de combustible ya golpeados por la caída de la demanda durante la pandemia.
Los defensores de los biocombustibles responden que los fabricantes de combustible deberían haber invertido en instalaciones de mezcla hace años y pueden traspasar los costos adicionales de comprar créditos a los consumidores en los surtidores.
Los senadores demócratas Chris Coons y Tom Carper de Delaware han mantenido al menos dos reuniones en las últimas semanas con Michael Regan, director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), para discutir la prestación de ayuda a las refinerías, según las tres fuentes.
Coons y Carper buscaban ayudar a la única refinería del estado, una planta en la ciudad de Delaware con una capacidad de alrededor de 180,000 barriles por día. Sus solicitudes se sumaron a un coro de súplicas de otros estados que albergan refinerías, como Pensilvania, Texas y Luisiana.
En las reuniones, Regan y los senadores discutieron opciones como una exención a nivel nacional que exima a la industria de refinación de algunas obligaciones, reducir la cantidad de combustible renovable que los refinadores deben mezclar en el futuro, crear un precio límite para los créditos de cumplimiento y emitir una declaración de emergencia, dijeron dos fuentes.
Nick Conger, portavoz de la EPA, confirmó que Regan se reunió con los senadores, pero no comentó más sobre las discusiones ni dijo si la agencia está buscando formas de brindar alivio a las refinerías. Coons no respondió a una solicitud de comentarios.
Un portavoz de Carper dijo que el senador ha hablado con Regan varias veces sobre los altos costos de los RIN.
Seth Harris, asistente adjunto del presidente en asuntos laborales y económicos, también se ha reunido con representantes sindicales para escuchar sus quejas sobre los mandatos de biocombustibles, dijeron dos fuentes. Harris no respondió a una solicitud de comentarios.
Las refinerías comerciales como PBF Energy, que opera la planta de la ciudad de Delaware, dicen que las leyes de biocombustibles podrían obligar al cierre de plantas y acabar con miles de empleos sindicales.
La compañía cerró recientemente la mayor parte de su refinería en Nueva Jersey, la última medida de este tipo a lo largo de la costa este. La región ha visto caer la capacidad de producción de combustible en un 40% desde el 2000.
Los datos federales muestran que solo quedan ocho refinerías de las 17 que estaban operando en la costa este del país en el 2000.
