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El objetivo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de utilizar la regulación para limitar la amenaza del cambio climático al sistema financiero no se puede lograr con solo la firma presidencial.
La orden ejecutiva anunciada el jueves para poner en marcha el plan es un gran paso, pero apenas el primero de un largo proceso que la Administración y los reguladores comienzan a tantear.
La Casa Blanca carece de poder para obtener lo que quiere simplemente a través de un mandato ejecutivo y debe superar la resistencia de las industrias de combustibles fósiles, y también del Congreso, que advierten contra el alcance de la regulación.
La medida representa un elemento inicial de los esfuerzos de la nueva Administración por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% para el 2030, en comparación con los niveles del 2005, y convertir a EE.UU. en un líder mundial en clima. Bajo Biden, EE.UU. se reintegró al Acuerdo de París del 2015 sobre el cambio climático después de que su predecesor, Donald Trump, retirara al país del acuerdo.
Bajo la orden de Biden, el director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, y la asesora nacional sobre clima, Gina McCarthy, deben desarrollar una estrategia para evaluar los riesgos para los activos y pasivos financieros del propio Gobierno federal. También solicita al Departamento del Trabajo que informe sobre los riesgos para las pensiones.
El lenguaje es menos contundente en la tarea de construir un régimen de revelaciones de riesgos relacionados con el clima para empresas financieras y no financieras. En la orden, Biden pide a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que trabaje con las agencias reguladoras para “considerar” una serie de acciones, incluida la evaluación del riesgo de cambio climático para la estabilidad financiera de EE.UU.
Límite
La elección de palabras refleja la falta de autoridad directa de la Casa Blanca sobre las agencias reguladoras independientes, según David Arkush, director del programa climático de Public Citizen.
“Esta orden va hasta el límite de lo que pueden hacer”, dijo Arkush.
El Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera, que dirige Yellen, reúne a la Reserva Federal, la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos y otras agencias. El panel puede alentar a las agencias y reguladores individuales a abordar mejor los riesgos específicos, como el cambio climático, y es un foro para coordinar esa acción.
No obstante, las regulaciones individuales, como los posibles nuevos requisitos para la revelación del riesgo climático que la Comisión de Bolsa y Valores podría exigir, siguen siendo competencia de agencias individuales representadas en el consejo.
Sin embargo, incluso en lo que solo alienta, la orden también carece de especificidad con respecto al tipo de régimen de revelación que quiere crear. Eso, según Giulia Christianson, directora de financiamiento sostenible del sector privado en World Resources Institute, revela cómo el proyecto está apenas en etapa inicial.
“Hay muchos planes para planes”, dijo Christianson, quien no obstante percibe la orden como un primer paso. “La verdad del asunto es que nadie ha descubierto cómo evaluar de manera significativa y completa los riesgos asociados con el cambio climático”.
