:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/FMT227RT3RCZ3HUAZ5QJ7ROEFU.jpg)
Estados Unidos y Reino Unido buscarán la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras “las imágenes de Bucha”, la ciudad ucraniana donde fueron hallados cientos de cadáveres de civiles.
“Las imágenes de Bucha y la devastación a lo ancho de Ucrania requieren que hagamos coincidir nuestras palabras con nuestras acciones”, dijo la embajadora de Washington en las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, en un tuit.
“No podemos permitir que un Estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que estimamos siga participando” en el Consejo, añadió.
“Ante las fuertes evidencias de crímenes de guerra, incluidos los informes sobre fosas comunes y la atroz matanza de Bucha, Rusia no puede seguir siendo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Rusia debe ser suspendida”, declaró la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss.
Periodistas independientes internacionales hallaron el fin de semana cuerpos con ropas civiles, algunos con sus manos atadas, en la ciudad de Bucha, afuera de la capital ucraniana Kiev, tras la retirada de tropas rusas.
El alcalde de Bucha, Anatoly Fedoruk, dijo que muchos “fueron asesinados a tiros, en la nuca”.
La escala de las matanzas aún se investiga, pero la fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, señaló que se han recuperado los cuerpos de 410 civiles.
La Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, dijo que las imágenes de Bucha apuntan a “posibles crímenes de guerra”.
El Kremlin negó que las fuerzas rusas mataron a civiles y alegó que las imágenes de cadáveres en Bucha son “falsas”.
Suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos requeriría el voto a favor de dos tercios de la Asamblea General de la ONU. Una medida así ya se tomó en el pasado contra Libia.
“Rusia no debe tener una posición de autoridad en ese organismo, ni debemos permitir que utilice su asiento en el Consejo como herramienta de propaganda para sugerir que tiene una preocupación legítima por los derechos humanos”, dijo Thomas-Greenfield.
