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La Convención Constitucional de Chile aprobó esta semana la creación de un Servicio Nacional de Salud, una de las principales demandas detrás del estallido social del país en el 2019.
Según la propuesta, el sistema se financiará, al menos en parte, a través de un impuesto a todos los trabajadores. Las personas que utilicen aseguradoras de salud privadas, conocidas como Isapres, en el futuro cotizarán automáticamente en el sistema estatal. Podrán contratar un seguro privado, pero con un costo adicional.
El cambio afectará a millones de personas. Aunque las Isapres aseguran a menos de una sexta parte de los chilenos, reciben casi la mitad de los ingresos de la cotización del 7% de los salarios destinada a salud. El Gobierno subvenciona el sistema estatal con los impuestos generales. Ahora, todo ese dinero irá al nuevo servicio nacional de salud.
“Esto provocará una mejora sustancial de la calidad con respecto al sistema actual”, dijo Jorge Carabantes, médico y líder de un grupo que impulsó los cambios. “La atención médica ya no dependerá de la capacidad de pago”.
El objetivo es mejorar los servicios para el 80% de la población que depende del saturado sistema estatal. Pero, al mismo tiempo, muchas personas de la clase media se verán obligados a atenderse en un servicio de salud que ya tiene más de dos millones de personas en lista de espera.
The British United Provident Association Ltd., o Bupa, del Reino Unido, es propietaria de Isapre Cruz Blanca, mientras que la estadounidense UnitedHealth Group Inc. es dueña de Banmédica y Vida Tres, y el holding chileno Inversiones La Construcción S.A. es propietario de Isapre Consalud.
Estallido social
La mejora de los servicios de salud fue una de las principales demandas de la ola de protestas que estalló a fines del 2019. Los disturbios sociales llevaron a la creación de la Convención para reescribir la Constitución que data de la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Un Servicio Nacional de Salud representaría un cambio fundamental en el Estado minimalista consagrado en la Constitución actual.
No todos están contentos. El cambio “implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios”, dijo la Asociación de Isapres en un comunicado.
Carabantes, el médico que apoya el cambio, califica las declaraciones de alarmistas. “Va a ser un cambio lento y progresivo al nuevo sistema”, dijo. “No se instalará de la noche a la mañana”.
Además, el pleno de la Convención devolvió a la comisión un artículo que planteaba que los proveedores de servicios de salud no podrán perseguir fines de lucro.
Chile, que durante tres décadas ha sido visto como un bastión del neoliberalismo, está considerando un profundo cambio de rumbo, con un grupo de redactores de la Constitución de tendencia izquierdista y un Gobierno joven y socialista recién instalado. La Convención debe presentar la propuesta de reforma constitucional antes del 4 de julio, la cual posteriormente será sometida a un plebiscito en septiembre.
Las recientes votaciones son ejemplos de la negativa de la Convención a atender los llamados a la moderación, según Credicorp Capital, citando la creación de una nueva Cámara de las Regiones que sustituya al Senado, una mayor autonomía regional y el cambio a un Estado plurinacional.
“Muchos actores políticos, económicos y académicos han estado pidiendo moderación, pero dada la naturaleza de los artículos aprobados, parece que la CC no está atendiendo estas peticiones”, dijeron los analistas Samuel Carrasco y Daniel Velandia en un informe el miércoles.
Otras votaciones clave
Esta semana, la Convención Constitucional también aprobó garantizar el derecho a una vivienda digna y a la seguridad social. Las implicaciones prácticas de estas medidas no están claras.
La Convención rechazó una propuesta que buscaba la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.
Una propuesta de sistema en el que el Estado otorga permisos temporales y revocables para el uso del agua y el viento obtuvo el lunes la mayoría de dos tercios necesaria.
El nuevo sistema priorizaría el consumo humano y la sostenibilidad de las reservas.
“Estas autorizaciones, ya sean individuales o colectivas, no generan derechos de propiedad”, señala un artículo.
El pleno también rechazó el jueves un segundo grupo de propuestas de la comisión de medio ambiente, que incluyen artículos que reemplazarían el actual modelo de concesiones mineras, por uno de permisos temporales entregados por el Estado.
Los 52 artículos propuestos volverán a la comisión para ser revisados.
La votación fue seguida de un acalorado intercambio en el que los proponentes acusaron al “Colectivo Socialista”, que votó en contra, de “traidores”.
Se rechazó una controvertida propuesta que establecía que las personas “tienen derecho a la desobediencia civil contra una autoridad que estuviere incumpliendo con lo establecido en esta Constitución o violando los derechos humanos”, y se devolvió a una comisión para su revisión.
El pleno aprobó el derecho a una “muerte digna”, que según algunos abre la puerta a la eutanasia.
