Hace cuatro años los jóvenes chilenos lideraron un estallido social que retumbó en América Latina y derivó en el proceso para remover un símbolo del pasado: la Constitución de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, en el tortuoso camino fueron perdiendo interés y protagonismo.
Este domingo los chilenos votarán un plebiscito sobre la segunda propuesta de Constitución redactada en menos de dos años, que según los últimos sondeos podría ser rechazada, tal como sucedió con el primer proyecto elaborado por movimientos de izquierda con el respaldo del joven presidente Gabriel Boric, de 37 años.
“Hay un desgaste. Chile lleva en elecciones más de cinco años, una tras otra. Entonces la gente ya está cansada, (...) agobiada del tema. Dicen ¿qué nos asegura que esto vaya a cambiar?”, sostiene Fernanda Ulloa, estudiante de Ciencias Políticas y presidenta de la juventud del partido político Evópoli (centro derecha), de 24 años.
Después del fracaso del primer proyecto, que planteaba profundas transformaciones como el derecho al aborto, comenzó un nuevo proceso de reforma esta vez a cargo de un consejo elegido por voto popular y dominado por el ultraderechista Partido Republicano. Este segundo proyecto propone una Constitución más conservadora que la actual.
“Los movimientos estudiantiles no tienen la fuerza que tuvieron, y no están movilizados por este plebiscito porque es entre la Constitución del 80 y una Constitución más a la derecha que la del 80″, explica a la AFP Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.
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Necesidades reales
Y aunque la actual Constitución pasó por varias reformas que eliminaron sus normas más autoritarias, todavía divide a este país de casi 20 millones de habitantes, con un 70% nacido después del inicio de la dictadura.
En 2019 los jóvenes protestaron en masa por un mayor acceso a la educación y a la salud, y en favor de pensiones justas, servicios prácticamente privatizados desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El estallido terminó siendo un clamor generalizado contra la inequidad.
Pero entre una y otra discusión constitucional la sociedad se movió. El costo de vida junto a la inseguridad -que la derecha relaciona con la migración, en su mayoría de venezolanos- pasaron a ser sus mayores preocupaciones.
“Al final los dos procesos terminaron desapegándose de las necesidades reales de las personas, pero creo que la voluntad transformadora todavía no se extingue”, sostiene Catalina Lufín, de 22 años y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
¿Aborto a revisión?
Aun así, uno de los temas que podría galvanizar el interés de los jóvenes es la ley de aborto de 2017, que autoriza su práctica en tres causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación) y que bajo la nueva iniciativa podría ser revisada.
El Partido Republicano introdujo un cambio en apariencia de forma, pero que disparó las alertas de los movimientos feministas.
En vez de la “protección del que está por nacer”, vigente actualmente, la nueva normativa consagra el mismo derecho para “quien” está por nacer, lo que según sus promotores garantiza que la vida comienza desde la concepción.
“Desde la juventud republicana asumimos como un desafío ser una generación ‘provida’ que se plantee, no hoy, pero en los años que sean necesarios, que en nuestro país no haya ninguna ley de aborto”, sostiene el presidente de la juventud del Partido Republicano, Cristóbal García, de 27 años.
Derechos sociales
La nueva propuesta profundiza la autonomía de la enseñanza en los colegios, incluso le da opción a las familias de “enseñarles por sí mismos” a sus hijos y no enviarlos a la escuela.
También prevé que el Estado, en vez de asignar un presupuesto general a las escuelas, pague por estudiante matriculado, conservando además la gratuidad en algunas universidades para los más pobres.
Sin financiamiento, se esfuma el deseo de “educación pública, gratuita y de calidad”, observa Lufín.
Además, se fortalecen a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas en dictadura y muy criticadas por las mesadas que entregan: una media equivalente a la mitad del sueldo mínimo (US$ 530) para las mujeres a partir de los 60 años y para los hombres desde los 65.
Indígenas
Si bien el nuevo texto reconoce por primera vez a los pueblos indígenas, no fija normas claras que garanticen su autonomía, tal como proponía la Constitución rechazada en 2022 que declaraba a Chile como un estado “plurinacional”.
“Había que reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios pero también había que darles participación política”, lamenta Andrés Calfuqueo, estudiante mapuche de Ciencia Política de la Universidad Católica, de 23 años.
Discriminados históricamente, los indígenas representan el 12% de la población en Chile.
En caso de que este domingo triunfe el “en contra”, seguirá la Constitución de la dictadura y Chile habrá vuelto al punto de partida.
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