Chile, cada vez más cerca de decidir si entierra la Constitución de Pinochet

Con la promulgación este lunes de una reforma que habilita la convocatoria de un plebiscito en abril, Chile se encuentra cada vez más cerca de decidir si quiere enterrar la actual Constitución, redactada en la dictadura militar y blanco de críticas en las manifestaciones por su corte neoliberal.

“Este plebiscito, el primero en 30 años, nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días”, indico el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, durante la firma del documento.

La ley, resultado de un histórico acuerdo alcanzado en noviembre entre casi todas las fuerzas parlamentarias, permite celebrar un plebiscito el 26 de abril para preguntarle a la ciudadanía si quiere una nueva Constitución y qué mecanismo debería redactarla: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos electos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.

"La Constitución no es una vara mágica. Sí puede darnos el marco institucional adecuado para poder avanzar con las políticas públicas y la participación de toda la sociedad hacia un país con mayor capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos", agregó Piñera, flanqueado por algunos de los líderes de los principales partidos.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

¿Una salida a la crisis?

La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social que vive Chile desde hace más de dos meses, el más grave desde el retorno a la democracia y que ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas y ha provocado miles de heridos.

Los manifestantes culpan a la actual Constitución, reformada más de 40 veces, de ser el origen de la grandes desigualdades del país, pues le concedió al Estado un rol "subsidiario" (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.

El catedrático de la Universidad de Utrecht (Holanda) Javier Couso indicó que, pese a que el voto en el primer plebiscito es voluntario, es "muy probable" que este salga adelante.

"El proceso constituyente va a ser largo, laborioso, complejo, pero va a dar como resultado una Constitución elaborada en democracia, algo que sería inédito, pues nunca hemos tenido una Constitución que emane de un mecanismo democrático", agregó.

Según la última encuesta Cadem, el 86% de los chilenos está a favor de una nueva Ley Fundamental y un 61% apoya una convención constituyente y un 36% una convención mixta.

El sondeo también refleja que la gran mayoría es partidaria de incluir cuotas de género, para indígenas e independientes en la redacción del nuevo texto, una cuestión que se está debatiendo actualmente en el Parlamento.

Para el sociólogo de la Universidad de Chile Octavio Avendaño, la convocatoria del plebiscito es "histórica", pero no va solucionar la grave crisis en la que está sumido el país: "La gente pide profundas reformas estructurales en salud, educación y pensiones, no medidas sociales puntuales y livianas. Sin esas reformas, difícilmente vamos a superar el estallido social".

Aunque tanto las manifestaciones pacíficas como los incidentes de extrema violencia (incendios, saqueos y barricadas) han bajado de intensidad, el experto augura un "repunte" de las protestas en marzo, cuando acabe el verano austral y se aproxime el plebiscito.

Otro lapidario informe sobre DD.HH.

La promulgación de la ley tiene lugar el mismo día que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente público y autónomo que ha monitoreado desde el inicio la crisis, presentó un informe en el que acusó a las fuerzas de seguridad de haber cometido "las más graves y múltiples" violaciones a los derechos humanos desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El informe del INDH coincide con otros análisis elaborados por distintos organismos en las últimas semanas, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).

“También está pendiente la crisis de derechos humanos y no vemos una actitud clara por parte del Gobierno, que lo único que hace es criticar los informes y apoyar a las fuerzas de seguridad”, concluyó Avendaño.