Arranca campaña electoral en Venezuela, la oposición regresa

Tomás Guanipa, candidato a alcalde de Caracas, conversa con los vecinos de las barriadas pobres del oeste de la ciudad donde el deterioro de las calles obstaculiza el tráfico, se rompen las tuberías de agua potable y las aguas residuales arrastran a su paso basura y restos orgánicos descompuestos.

Tras casi dos décadas de alcaldes oficialistas, el candidato opositor promete atender estos y otros problemas y pide el voto de los capitalinos para “rescatar” a la ciudad y que sus casi dos millones de habitantes “vivan mejor”.

A simple vista Guanipa es uno más de los cerca de 70,000 candidatos a la elección de gobernadores, alcaldes y legislativos estatales y municipales del 21 de noviembre, pero el dirigente opositor -acusado de intentar derrocar al ilegítimo presidente Nicolás Maduro- fue uno de los diputados que salieron del país.

Durante su exilio se desempeñó durante casi 19 meses como representante en Colombia de Juan Guaidó, quien como jefe de la anterior Asamblea Nacional se proclamó en el 2019 presidente interino y es reconocido por Estados Unidos y decenas de países como presidente legítimo de Venezuela tras la elección de Maduro meses antes en unos comicios considerados fraudulentos.

La candidatura de Guanipa es, en parte, resultado de que el proceso judicial en su contra fuera dejado de lado por decisión de Maduro en agosto del 2020. El retorno de muchos opositores este año a la senda electoral terminó por allanarse en el marco de los ahora suspendidos diálogos en México.

Guanipa, que participa como delegado de la oposición en las conversaciones - suspendidas unilateralmente por el chavismo en protesta por la extradición de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro, desde Cabo Verde a Estados Unidos- confía en que los diálogos se reanuden tras las elecciones.

Los principales partidos opositores -que desde el 2017 habían boicoteado los procesos electorales alegando que no existían condiciones idóneas- confirmaron su participación el 31 de agosto.

El boicot entonces estuvo “totalmente justificado” dado que las condiciones “eran inaceptables para asistir”, dijo Guanipa a The Associated Press en un recorrido por la Parroquia San Juan.

“Todavía no tenemos las condiciones electorales suficientes para poder decir que estamos en un país donde hay elecciones competitivas, pero los avances que hemos logramos son una rendija que nos permite abrir una ventana de oportunidades, que yo creo que tenemos que aprovechar”, acotó.

La campaña electoral comenzó oficialmente el jueves en un escenario, donde más allá de la elección, serán puestos a prueba tanto las autoridades como el sistema electoral de Venezuela, desacreditado luego de años signados por la inhabilitación de partidos y algunos de los candidatos opositores más populares.

Muchos dudan de la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado incluso de fijar las fechas de las elecciones y sus condiciones para que se ajusten a los objetivos políticos del Ejecutivo en detrimento de sus adversarios.

Como parte de los esfuerzos de las nuevas autoridades electorales para despejar esas dudas, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, anunció la víspera el despliegue de 2,000 fiscales electorales que tendrán la responsabilidad de vigilar que se cumpla la normativa durante la campaña electoral.

Entre las atribuciones de los fiscales está registrar cualquier irregularidad durante la campaña y remitirla al organismo electoral para que el directorio tome las medidas correctivas correspondientes. La campaña electoral finalizará el 18 de noviembre.

Según cifras oficiales, más de 21 millones de venezolanos están facultados para elegir 3,082 cargos en los comicios, que antes se realizaban por separado debido a la complejidad de elegir 23 gobernadores, 335 alcaldes y varios miles de legisladores estatales y municipales mediante listas que incluyen a los postulantes y sus suplentes.

Calzadilla resaltó que el “proceso electoral se desarrolla en medio de un clima de diálogo” y garantizó la “transparencia y seguridad del voto”.

Los comicios también serán monitoreados por organismos independientes, una añeja exigencia de los críticos del gobierno socialista.

La Unión Europea aceptó la invitación de las autoridades venezolanas y envió observadores para monitorear la campaña electoral y las próximas elecciones. La UE, que el año pasado no reconoció los comicios legislativos, no participaba de un proceso electoral venezolano desde el 2006.

La misión europea realizará una evaluación técnica independiente de todo el proceso electoral y dará recomendaciones para futuros comicios.

El CNE también fue remozado para la ocasión. En mayo Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, designó como miembros de su nueva directiva a dos reconocidos opositores, incluido un activista que estuvo preso acusado de participar en supuestas acciones para desestabilizar al gobierno. Es la primera vez desde el 2005 que la oposición venezolana tendrá más de un miembro en el directorio del organismo electoral compuesto por cinco personas.

Esa concesión fue vista por algunos como un esfuerzo por rescatar la confianza de los venezolanos en el voto y también sería parte de una serie de medidas adoptadas por el régimen de Maduro con miras a mejorar su imagen en el extranjero y sumar respaldo para lograr que Washington alivie las sanciones impuestas para forzar su renuncia.

Los nombramientos de las autoridades electorales se concretaron después de varias semanas de negociaciones tras bastidores entre representantes del gobierno y adversarios moderados, algunos de ellos alineados con el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles.

Los pasados comicios estatales y municipales estuvieron signados por cuestionamientos locales e internacionales y el boicot de los principales partidos opositores, que alegaron la falta de condiciones para garantizar una elección justa y transparente.

Entre otras acciones para alentar la participación, el CNE realizó una revisión profunda del padrón y del sistema electoral automatizado. También estaba previsto “revisar el estado de las inhabilitaciones” por diversas causas de algunos de los dirigentes más populares de la oposición, pero la mayoría de ellas se mantuvieron.

La habilitación dependía de otras instancias como el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, que despojó el control de tres de las cuatro principales fuerzas opositoras a sus tradicionales líderes y pasó el liderazgo de esas organizaciones a disidentes opositores que han sido señalados de tener vínculos con el gobierno.

No se descarta que si los diálogos en México prosperan se logren finalmente esas y otras metas.