En Estados Unidos, millones de personas usan sus cuentas bancarias para recibir el sueldo, pagar la renta, enviar remesas a México, Centroamérica o el Caribe y manejar sus gastos diarios con la mayor normalidad posible. En ese contexto, cualquier ajuste en las reglas puede tener efectos inmediatos. Por eso ha generado tanta preocupación la posibilidad de que los bancos comiencen a pedir información sobre el estatus migratorio de sus clientes, una idea que ya encendió las alertas entre inmigrantes, familias mixtas y defensores de la inclusión financiera. En medio de este debate, ha cobrado fuerza la versión de una orden ejecutiva que alteraría una práctica que por años fue bastante clara: los bancos verifican identidad y origen de fondos, pero no el estatus migratorio de la persona.
Aunque parezca un asunto técnico, en realidad toca la vida cotidiana de millones de personas en EE. UU. Hoy, muchas familias hispanas —incluidas aquellas que usan ITIN para cumplir con sus obligaciones fiscales— dependen del sistema bancario para evitar cargar efectivo, pagar servicios, hacer compras o enviar dinero a sus seres queridos. La pregunta es simple, pero con mucho peso: ¿qué pasaría si los bancos empezaran a pedir algo más?
¿DE QUÉ TRATA LA POSIBLE ORDEN EJECUTIVA?
La propuesta, mencionada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en entrevista con CNBC, apunta a que los bancos recolecten información sobre el estatus migratorio de sus clientes.
En términos simples, esto implicaría que, al abrir una cuenta —y posiblemente también en cuentas ya existentes—, las entidades financieras tendrían que preguntar si la persona es:
- Ciudadano estadounidense.
- Residente permanente.
- Naturalizado.
- Titular de una visa.
- O si no tiene estatus migratorio regular.
Hasta ahora, ese tipo de información no forma parte de los requisitos bancarios estándar en Estados Unidos.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado que se viene una orden ejecutiva que obligará a bancos a pedir el estatus migratorio de sus clientes (Foto: AP)
¿QUÉ CAMBIARÍA FRENTE AL SISTEMA ACTUAL?
Actualmente, las instituciones financieras en EE. UU. siguen reglas de identificación conocidas como “Know Your Customer” (KYC), pero estas se enfocan en verificar identidad, no estatus migratorio.
Hoy, los bancos suelen pedir:
- Documento de identidad válido.
- Dirección.
- Número de Seguro Social o ITIN.
Con la nueva orden, se sumaría:
- Declaración o verificación del estatus migratorio.
Este cambio puede sonar administrativo, pero en la práctica podría redefinir quién se siente seguro al entrar a una sucursal, abrir una cuenta o mantener su dinero en el sistema formal.
EL PESO POLÍTICO DETRÁS DE LA PROPUESTA
Esta iniciativa no surge de la nada. Algunos legisladores republicanos ya han impulsado propuestas similares. Uno de los nombres más visibles es Tom Cotton, quien ha planteado que los bancos afiliados a la Federal Deposit Insurance Corporation exijan información migratoria a sus clientes.
En el fondo, esto refleja una tendencia política más amplia: vincular el acceso a servicios financieros con el control migratorio.
IMPACTO EN MIGRANTES Y CONTRIBUYENTES
Aquí es donde el tema se vuelve especialmente sensible. Muchas personas sin documentos utilizan el ITIN para abrir cuentas bancarias, lo que les permite guardar su dinero de forma segura, enviar remesas, pagar impuestos y evitar depender del efectivo.
Si la orden entra en vigor, expertos advierten que podría producirse un efecto contrario al buscado.
Posibles consecuencias:
- Personas saliendo del sistema bancario.
- Menor recaudación de impuestos.
- Mayor uso de efectivo, con menos trazabilidad financiera.
- Más vulnerabilidad económica para migrantes y familias trabajadoras.
Dicho de otra forma: excluir a estas personas no las saca de la economía; más bien puede empujarlas hacia la informalidad, justo cuando muchos ya enfrentan rentas altas, empleo inestable y el costo de vida que aprieta en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles o Houston.
EL IMPACTO ECONÓMICO PARA LOS BANCOS
No solo los clientes sentirían el cambio. Las propias entidades financieras también enfrentarían una carga importante. Un análisis del American Action Forum estima lo siguiente:
| Concepto | Estimación |
|---|---|
| Horas adicionales de papeleo | 30 a 70 millones |
| Costos totales | entre US$2,600 y US$5,600 millones |
Y eso considerando solo la verificación de nuevas cuentas. El reto más grande, según el informe, sería revisar las cuentas ya existentes, algo que podría multiplicar los costos y la complejidad operativa.
UN ESCENARIO TODAVÍA INCIERTO
Aunque la orden ejecutiva todavía no entra en vigor, el debate ya está sobre la mesa. Y no es menor: mezcla inclusión financiera, política migratoria y regulación bancaria en un mismo frente.
Lo que conviene tener claro es que cualquier cambio de este tipo no solo afectaría a quienes no tienen documentos. También podría alterar la relación entre los bancos y millones de clientes, además de aumentar costos en todo el sistema financiero.
Habrá que seguir de cerca los próximos anuncios del Departamento del Tesoro y las reacciones tanto del sector bancario como de las organizaciones de defensa de migrantes. Porque si algo está claro, es que una medida así tocaría de lleno la vida cotidiana de muchas familias latinas en Estados Unidos.
Esta medida es impulsada por el gobierno de Donald Trump, que, como sabemos, lleva una política migratoria muy fuerte contra los indocumentados (Foto: AFP)
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