Leyes.Estas son las leyes de California que entrarán en vigor en 2026 y que todo inquilino y propietario deben saber

En 2026, Californiapondrá en marcha un nuevo paquete de leyes de vivienda que puede reordenar la vida de cualquiera que pague renta en el estado: definirá si tu próximo depa incluye refrigerador y estufa, quién se hace cargo de la limpieza después de un incendio y hasta qué tan agresivos podrán ser los aumentos de alquiler. Durante décadas, en ciudades como Los Ángeles, San José o Bakersfield, cientos de miles de familias latinas han vivido “a la carrera” para poder cubrir el techo: firmando contratos en inglés que casi no entienden, aceptando unidades sin electrodomésticos básicos y soportando filtraciones o moho por miedo a que el dueño “se enoje” y no renueve el contrato. En barrios como Boyle Heights, Pacoima, Santa Ana o el barrio Logan en San Diego abundan las historias del compa al que le subieron la renta de un día para otro, de la tía que duerme en la sala para que todos puedan seguir cerca de la chamba o del abuelo que no despega la vista de su cheque del Seguro Social para no atrasarse con el casero. A partir de 2026, leyes como AB 628, SB 610, SB 79, AB 246 y los nuevos topes de renta en la ciudad de Los Ángeles apuntan precisamente a corregir ese desequilibrio: obligan a entregar viviendas mejor equipadas, establecen responsabilidades claras tras desastres naturales, impulsan más edificios cerca del transporte público, ofrecen un escudo temporal a quienes dependen del Seguro Social y estrechan el margen de cuánto puede subir el alquiler cada año.

Para los hispanohablantes que viven en California —ya sea manejando “troca” en la construcción, trabajando de niñera en el West Side, limpiando oficinas de madrugada en Downtown o haciendo “rides” en Uber por toda la 405— entender estas reglas no es solo un asunto legal: es una herramienta concreta para negociar mejor, evitar abusos y tomar decisiones informadas sobre si conviene quedarse, mudarse o buscar ayuda antes de que llegue un aviso de desalojo.

Al final, conocer estas normas es una forma de ganar un poco de tranquilidad: de saber qué puedes exigir cuando firmas un nuevo contrato, qué opciones tienes si tu edificio se llena de humo por un incendio o qué hacer si tu renta en Los Ángeles empieza a moverse después de varios años congelada.

ELECTRODOMÉSTICOS OBLIGATORIOS EN LA RENTA

A partir del 1 de enero de 2026, la ley AB 628 convierte en requisito legal que toda vivienda en alquiler tenga una estufa y un refrigerador en buen estado en los nuevos contratos o en los que se renueven. Hasta ahora, era común ver anuncios en zonas de Los Ángeles o el Este de la Bahía con la frase “bring your own fridge”, pero desde 2026 una unidad sin estos equipos puede ser considerada inhabitable según el Código Civil de California.

• La obligación aplica cuando el contrato se firma, se enmienda o se renueva a partir de 2026; los equipos deben mantenerse operativos, y si están bajo “recall” del fabricante el dueño tiene hasta 30 días para repararlos o cambiarlos.
• Inquilinos que prefieran usar su propio refrigerador podrán hacerlo, pero esa decisión deberá quedar por escrito; algunos tipos de vivienda, como hoteles residenciales o SRO con cocina compartida, quedan fuera de esta exigencia.

En barrios angelinos como Koreatown, Pico-Union o Boyle Heights, donde muchos latinos comparten departamento para dividir la “renta”, esto puede significar que ya no tendrán que coordinar quién aporta el refri usado que, por suerte, tiene alguno.

HUMO DE INCENDIOS U OTROS PERJUICIOS DE DESASTRES: EL DUEÑO RESPONDE

Tras incendios como los de Palisades o Eaton, que llenaron de cenizas departamentos del sur de California, la nueva SB 610 deja claro que el propietario —no el inquilino— es responsable de limpiar daños por humo, ceniza, moho, asbesto, malos olores y agua usada para apagar el fuego. La norma refuerza que una vivienda no se considera habitable hasta que las autoridades de salud la declaran segura, y obliga al dueño a permitir el regreso del inquilino al mismo alquiler que pagaba antes del desastre, sin cobrar renta por los meses en los que no fue posible habitar el lugar.

• Voces de organizaciones de inquilinos, como la Altadena Tenants Union, han celebrado la ley porque “cierra la brecha” que dejaba a los arrendadores margen para desentenderse de la limpieza del hollín y la ceniza.
• Expertos en vivienda señalan que, aunque muchos propietarios ya asumían estos costos, la claridad legal cambia la conversación cuando un inquilino de Riverside, San Diego o el norte del condado de L.A. llega con fotos del departamento cubierto de humo.

En comunidades latinas acostumbradas a “aguantarse” por miedo a represalias, abogados de servicios legales recomiendan documentar todo por escrito y buscar ayuda antes de aceptar vivir entre olores a quemado y manchas de moho.

MÁS EDIFICIOS CERCA DEL METRO Y DEL BUS

La SB 79, conocida como la Abundant & Affordable Homes Near Transit Act, reescribe el mapa de la vivienda alrededor del transporte público en gran parte de California. A partir del 1 de julio de 2026, permitirá edificios mucho más altos cerca de estaciones de metro, tren ligero y corredores de autobuses rápidos, incluso en zonas que hoy son solo de casas unifamiliares.

• Cerca de los puntos de tránsito más importantes, como estaciones de metro en Los Ángeles o BRT en el Área de la Bahía, se permitirán edificios de hasta ocho o nueve pisos junto al andén, con alturas algo menores a medida que se alejan unas cuadras.
• El urbanista Michael Lane, de la organización SPUR, resume la apuesta: más densidad cerca del transporte para subir la demanda del sistema, reducir emisiones y crear vivienda “donde tiene sentido”, en lugar de seguir empujando a las familias trabajadoras hacia el desierto o más allá de la I‑5.

Aunque la ley es estatal, ciudades como Los Ángeles han expresado resistencia, sobre todo por la pérdida de control local, y se esperan disputas legales sobre qué barrios —como partes de Westlake, South L.A. o el Valle de San Fernando— deberán aceptar edificios más altos. Para muchos inquilinos latinos que hoy viven a una hora en “freeway” de su trabajo, la promesa a largo plazo es tener más opciones de vivienda cerca del metro o los buses rápidos que cruzan el condado.

ESCUDO PARA QUIENES DEPENDEN DEL SEGURO SOCIAL

La AB 246, conocida como Social Security Tenant Protection Act, crea una nueva defensa para inquilinos cuya única o principal fuente de ingresos es el Seguro Social. Si el gobierno federal interrumpe o retrasa esos pagos por causas ajenas al beneficiario —por ejemplo, un cierre de gobierno—, el inquilino podrá usar esa “dificultad por Seguro Social” como defensa en un proceso de desalojo por falta de pago.

• La protección no borra la deuda: una vez restablecidos los pagos, el inquilino tendrá que ponerse al día o acordar un plan de pagos en un plazo corto, de alrededor de dos semanas, para conservar la vivienda.
• El respiro puede durar varios meses mientras el caso avanza en tribunales, pero solo aplica si el corte de beneficios se debe a errores del gobierno o situaciones fuera del control del beneficiario, y la ley está programada para regir hasta 2029.

En vecindarios de alta población mayor como East L.A., el Valle de San Fernando o Santa Ana, donde abuelos que cuidan a los nietos dependen de sus cheques del Seguro Social para pagar la “renta”, esta ley busca evitar que un fallo burocrático termine en desalojo.

NUEVO TOPE A AUMENTOS DE RENTA EN LOS ÁNGELES

Mientras a nivel estatal siguen vigentes los techos de aumento de la ley de control de rentas de California, la ciudad de Los Ángeles aprobó en 2025 un cambio histórico a su fórmula de control de alquileres para las unidades bajo el sistema RSO. Tras casi cuatro años de congelamiento de rentas durante la pandemia de COVID‑19, los primeros aumentos volverán a sentirse, pero bajo reglas más estrictas a partir de 2026.

Organizaciones de inquilinos subrayan que más de 1,5 millones de angelinos viven en las 651.000 unidades con renta estabilizada, muchas de ellas ocupadas por familias latinas que comparten cuarto o “garage convertido” para poder seguir cerca del trabajo. La ciudad también consolidó protecciones que impiden desalojos sin “justa causa” y dan acceso a asistencia legal a inquilinos de bajos ingresos, cambiando el equilibrio de fuerzas entre “landlords” y arrendatarios.

RESUMEN DE LAS LEYES A FAVOR DE INQUILINOS