En un estado con una fuerte presencia hispana —desde barrios cubanos y venezolanos en Miami-Dade hasta comunidades puertorriqueñas en Orlando y Kissimmee, además de familias mexicanas y centroamericanas en el área de Tampa— la aprobación de la SB 1134 cambia de manera profunda el panorama para proyectos municipales que utilizaban el lenguaje de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Oficinas de apoyo comunitario, actividades culturales y capacitaciones internas que se presentaban bajo ese marco deberán revisar su financiamiento y su diseño, ya que la nueva ley, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe que ciudades y condados destinen recursos públicos a iniciativas DEI y prevé sanciones para quienes no se ajusten a las disposiciones a partir del 1 de enero de 2027. Con este movimiento, Florida vuelve a colocarse en el centro de la discusión nacional sobre políticas de diversidad, con la mirada puesta en el alcance real de las restricciones sobre gobiernos locales.
En los últimos años, la gobernación y la Legislatura de Florida han impulsado varias reformas orientadas a redefinir la manera en que las instituciones públicas abordan temas de diversidad y equidad, incluyendo escuelas, universidades y gobiernos locales. La SB 1134 se suma a ese conjunto de medidas y fija un calendario concreto para su implementación. Si resides en Florida o sigues de cerca las decisiones que afectan a las ciudades y condados —porque trabajas para una administración municipal, colaboras con organizaciones de base o participas en programas comunitarios— conviene saber qué cambia y de qué forma podrían verse afectados proyectos que utilizan conceptos de inclusión en su diseño o comunicación.
¿QUÉ ESTABLECE LA LEY SB 1134 DE FLORIDA?
La SB 1134 incorpora nuevas disposiciones en los Estatutos de Florida para prohibir que las autoridades locales financien, promuevan o adopten acciones oficiales relacionadas con diversidad, equidad e inclusión. La normativa también deja sin efecto ordenanzas, reglamentos, políticas y programas que entren en conflicto con estas restricciones.
En términos generales, la ley impide que las ciudades y condados utilicen dinero público para sostener iniciativas encuadradas bajo DEI o estructuras administrativas creadas específicamente con ese propósito. En la práctica, cualquier área del gobierno local que se presente como “oficina de diversidad” o que base su trabajo en criterios identitarios entra en la mira de estas nuevas limitaciones.
En síntesis, la norma dispone lo siguiente:
| Medida | ¿Qué establece? |
|---|---|
| Uso de fondos | Impide destinar recursos de origen público a programas encuadrados en diversidad, equidad e inclusión. |
| Normativa vigente | Anula determinadas ordenanzas, reglamentos y políticas vinculadas con DEI que contradigan el nuevo marco legal. |
| Estructuras específicas | Prohíbe crear, sostener o financiar oficinas dedicadas a estos temas dentro de la administración local. |
| Cargos especializados | Restringe la contratación o permanencia de funcionarios cuya tarea principal sea coordinar acciones de DEI. |
| Aplicación de recursos | Limita que empleados, contratistas, voluntarios o proveedores usen fondos públicos para promover iniciativas definidas como DEI. |
Para residentes hispanos en lugares como Miami, Hialeah, Orlando, Kissimmee o Tampa, esto puede impactar desde capacitaciones internas en ayuntamientos hasta actividades municipales que se presentaban como proyectos de inclusión cultural, especialmente cuando se financiaban con presupuesto local.
El gobernador Ron DeSantis firmó esta ley el 22 de abril y entrará en vigor el 1 de enero de 2027 (Foto: AP)
¿QUÉ ENTIENDE LA LEY POR DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN (DEI)?
Uno de los puntos clave de la SB 1134 es que define con precisión qué se considera DEI en este contexto. Esa caracterización determina qué tipo de iniciativas caen bajo la prohibición.
Según la redacción y los resúmenes oficiales, el término abarca:
- Prácticas que buscan influir en la composición del personal tomando como referencia raza, color, sexo, origen étnico, identidad de género u orientación sexual, más allá de lo requerido por normas antidiscriminación.
- Esquemas que otorgan trato preferente o beneficios adicionales a grupos definidos por esas características identitarias.
- Programas, actividades o capacitaciones diseñados explícitamente a partir de esos criterios.
La misma norma aclara que se mantiene permitido el uso de materiales sobre igualdad de oportunidades o igualdad en el empleo cuyo objetivo sea informar sobre leyes estatales y federales de no discriminación. Es decir, los gobiernos locales deberán seguir cumpliendo con sus obligaciones legales en materia de información, pero sin convertir esos contenidos en plataformas para políticas de DEI tal como las define la ley.
¿QUÉ OCURRE CON LAS OFICINAS Y FUNCIONARIOS VINCULADOS A DEI?
La SB 1134 se dirige de manera directa a las estructuras administrativas creadas alrededor de estos conceptos. Eso incluye tanto oficinas específicas como cargos de alto y medio nivel.
Con la entrada en vigor de la norma:
- No podrán establecerse nuevas áreas dedicadas a diversidad, equidad e inclusión dentro de la administración local.
- Las dependencias ya existentes con ese enfoque deberán dejar de recibir financiamiento público y no podrán continuar operando bajo ese marco institucional.
- Los puestos laborales creados para coordinar programas de DEI —como “chief diversity officer”, “inclusion officer” u otros títulos similares— deberán revisarse, modificarse o eliminarse de acuerdo con el calendario legal.
En regiones urbanas donde algunas ciudades venían desarrollando instancias específicas para trabajar con comunidades diversas, estos cambios pueden implicar reestructuraciones internas y ajustes en la manera de nombrar y organizar esas funciones.
¿QUÉ SANCIONES CONTEMPLA LA NORMA?
La ley incluye mecanismos de control y posibles consecuencias para quienes no se ajusten a las nuevas reglas.
Entre los puntos más relevantes figuran:
- Autoridades locales que, actuando en su función oficial, incumplan la SB 1134 pueden incurrir en misfeasance o malfeasance in office, categorías que se asocian con desempeño indebido del cargo y que pueden derivar en remoción.
- Residentes tendrán la posibilidad de demandar a ciudades y condados si consideran que la administración viola las prohibiciones establecidas.
- Los tribunales podrán otorgar medidas cautelares, pronunciamientos declarativos, compensaciones económicas y pago de costas a quienes litiguen por estos temas.
Para comunidades hispanas que participan de festivales, programas culturales o actividades de apoyo organizadas por gobiernos locales, la amenaza de sanciones y litigios lleva a muchas administraciones a revisar cualquier iniciativa que utilice el lenguaje de diversidad o inclusión con financiamiento público.
¿LA LEY INCLUYE EXCEPCIONES?
Aunque impone restricciones amplias, la SB 1134 también establece varios supuestos en los que sus límites no aplican.
Entre las principales excepciones se encuentran:
- El cumplimiento de normas estatales y federales, incluidas leyes de derechos civiles y disposiciones antidiscriminación.
- El reconocimiento de feriados nacionales y estatales, como Martin Luther King Jr. Day o Juneteenth, que la propia legislación menciona como ejemplos de celebraciones permitidas.
- Actividades patrióticas contempladas por la normativa federal.
- Programas de organizaciones sin fines de lucro dirigidos a personas sin hogar o jóvenes en situación de riesgo, siempre que no impliquen que el gobierno local financie directamente materiales de DEI según la definición legal.
- Conservación y mantenimiento de monumentos, memoriales y museos autorizados por la ley.
- Difusión de información sobre igualdad de oportunidades exigida por las disposiciones contra la discriminación.
La SB 1134 también indica que sus artículos no deben interpretarse como un conflicto con otras normas de Florida o federales relacionadas con protección frente a actos discriminatorios, seguridad en espacios públicos o determinados servicios de salud. Esto busca dejar claro que la regulación sobre DEI no desplaza obligaciones previas en materia de derechos civiles.
NUEVAS CONDICIONES PARA CONTRATOS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS
Otro punto importante de la ley es el impacto sobre empresas, organizaciones y entidades que buscan contratos o subvenciones de gobiernos locales.
La SB 1134 dispone que:
- Potenciales beneficiarios de contratos y ayudas económicas deberán certificar que no emplearán fondos de origen municipal o distrital para exigir a empleados, contratistas, voluntarios o proveedores que se adhieran o estudien materiales considerados DEI por la normativa.
- Esa declaración se convierte en requisito previo para acceder a contratos y subvenciones, lo que obliga a organizaciones comunitarias —incluyendo muchas que trabajan con población hispana— a revisar la manera en que presentan y documentan sus actividades.
En ciudades con alta presencia latina, como Miami, Hialeah, Orlando o Kissimmee, donde numerosas entidades sin fines de lucro dependen de subvenciones locales, este punto puede generar ajustes tanto en la redacción de proyectos como en la forma de nombrar talleres, capacitaciones y campañas de alcance comunitario.
¿CUÁNDO ENTRA EN VIGOR LA SB 1134?
La ley establece como fecha de entrada en vigor el 1 de enero de 2027.
- Los cambios se aplicarán a contratos nuevos o renovados a partir de ese día, mientras que los acuerdos vigentes con personal vinculado a DEI deberán adecuarse según las condiciones fijadas en el texto legal.
- Desde ese momento, ciudades y condados deberán revisar políticas internas, estructuras administrativas y relaciones con terceros para alinearse con las exigencias de la SB 1134.
En conjunto, la norma se inserta en la estrategia de la administración estatal para limitar el uso de fondos públicos en iniciativas identificadas como DEI en el nivel local. Para hispanos que viven en Florida y participan activamente en la vida comunitaria —ya sea en barrios de Miami, zonas de Orlando-Kissimmee o áreas de Tampa y Jacksonville— será clave seguir cómo cada gobierno ajusta sus programas, festivales y contratos con organizaciones, especialmente cuando esos proyectos se presentan bajo el discurso de la diversidad y la inclusión.
