En este momento, el Año 2026 no cuenta con una enominación oficial aprobada por el Poder Ejecutivo, por lo que el país ha iniciado el calendario sin “nombre del año”. Lo único seguro hoy, viernes 9 de enero, es que el nombre oficial del Año 2026 será una frase que refleje prioridades políticas, económicas o sociales del gobierno de turno, siguiendo el patrón de años recientes como el “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” en 2025. Hasta que no haya publicación en Normas Legales, las instituciones públicas deben seguir usando solo el nombre oficial vigente del año anterior.
En Perú, cada año calendario recibe una denominación oficial como “Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana” (2025), que se usa en todos los documentos del sector público. Esta frase aparece al encabezado de oficios, resoluciones, comunicaciones oficiales y suele difundirse en campañas y mensajes del gobierno. Este nombre tiene un sentido principalmente:
Medios nacionales coinciden en que, hasta los primeros días de enero de 2026, el decreto que fija el nombre del año aún no ha sido emitido. Esto significa que, de manera formal, no existe todavía una denominación oficial para incluir en documentos, sellos y membretes del Estado.
Algunos puntos clave que te conviene tener claros:
Cuando el Ejecutivo tome la decisión, el Nombre del Año 2026 se oficializará mediante un decreto supremo publicado en El Peruano, tal como ocurrió con el 2025 (“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”), a través del Decreto Supremo N.° 149-2024-PCM. Esa publicación es el punto de partida para su uso obligatorio.
Si quieres enterarte primero y con total seguridad, puedes:
A partir de la publicación:
En el Perú, cada año calendario recibe una denominación oficial que busca sintetizar la prioridad política, social o económica del Gobierno central. Este nombre no reemplaza la denominación constitucional del Estado (República del Perú), sino que funciona como un lema institucional que marca la agenda del Ejecutivo.
La práctica se consolidó a partir del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien dispuso que cada año tuviera un nombre alusivo a ejes como desarrollo, educación, infraestructura, integración nacional o conmemoraciones históricas. Desde entonces solo hay contadas excepciones de años sin denominación, lo que muestra el peso simbólico y comunicacional de esta costumbre.
La responsabilidad de definir el nombre oficial del año recae en el presidente de la República y el Consejo de Ministros, quienes toman la decisión final. Los ministerios y entidades públicas envían propuestas de denominación, y la opción escogida suele estar alineada con la coyuntura económica, política, social o con conmemoraciones históricas relevantes para el país.
En años recientes se ha visto un claro énfasis en mensajes de soberanía, unidad, paz y reactivación económica, como “Año del fortalecimiento de la soberanía nacional” (2022), “Año de la unidad, la paz y el desarrollo” (2023) o el ya mencionado 2025, centrado en la recuperación económica. Esta lógica hace que el nombre del Año 2026 probablemente apunte también a una prioridad de gestión, ya sea en crecimiento económico, inclusión social, institucionalidad o alguna efeméride clave.
Hasta el momento, los medios solo han podido confirmar que el Año 2026 sigue “sin nombre oficial”, que no hay decreto supremo en Normas Legales y que el Ejecutivo mantiene pendiente la decisión. Algunos contenidos virales e incluso mensajes en redes sociales se han adelantado con posibles denominaciones, pero ninguna tiene carácter obligatorio ni respaldo jurídico mientras no aparezca en El Peruano.
Lo que sí está claro es el procedimiento: una vez que el Ejecutivo apruebe la frase definitiva, el nombre del año regirá de forma oficial del 1 de enero al 31 de diciembre y será de uso obligatorio en todos los documentos y comunicaciones de las entidades del Estado. El sector privado puede adoptar o no esta denominación, aunque muchas empresas la incorporan en membretes, campañas y documentos para alinearse con el mensaje institucional del país.
La PCM utiliza una combinación de criterios políticos, técnicos y simbólicos para proponer y definir el nombre oficial de cada año en el Perú, siempre alineado con las prioridades del Gobierno y la coyuntura nacional. Aunque es una decisión discrecional del Ejecutivo, responde a un proceso interno con insumos de ministerios y otras entidades públicas.
Una vez publicado el decreto, el nombre del Año 2026 deberá consignarse obligatoriamente en la parte superior de resoluciones, oficios, memorandos, informes y demás documentos emitidos por ministerios, gobiernos regionales, municipios y organismos públicos. Además, el Ministerio de Cultura tiene el encargo de traducir esta denominación a lenguas indígenas u originarias para su uso en comunicaciones oficiales dirigidas a pueblos quechuas, aimaras y amazónicos, reforzando un enfoque de inclusión.
Más allá del aspecto formal, el nombre del año actúa como una brújula política: orienta el discurso del Gobierno, sirve de marco narrativo para campañas y programas y envía una señal a la ciudadanía y a los actores económicos sobre el énfasis que tendrá la gestión pública. En ese sentido, la denominación que se adopte para el 2026 será una pieza clave para leer las prioridades del Ejecutivo en un contexto marcado por la necesidad de consolidar la recuperación económica, fortalecer la institucionalidad democrática y atender brechas sociales históricas.
El nombre oficial del Año 2026 se conocerá únicamente cuando el Decreto Supremo sea publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, que es la fuente oficial de la normativa del Estado peruano.
Sí. Una vez aprobado, todas las entidades públicas deben consignar el nombre oficial del año en sus documentos, oficios, resoluciones y comunicaciones, del 1 de enero al 31 de diciembre. En el caso de instituciones privadas, su uso es opcional, aunque ampliamente extendido por razones de imagen y alineamiento institucional.
El Estado dispone que, tras su designación, el nombre del año sea traducido a lenguas originarias como quechua, aimara y otras, a través del Ministerio de Cultura. Esta práctica busca reforzar la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural del país en toda la comunicación oficial.
El nombre del año cumple una función simbólica y política: sintetiza una prioridad nacional y busca orientar el discurso público, los programas estatales y la percepción ciudadana durante esos 12 meses. Además, se ha convertido en una tradición peruana desde los años 60, al punto de generar cada año una alta expectativa mediática y un interés constante en búsquedas sobre cómo se llamará el nuevo año.
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