En el Perú el Gobierno aún no ha publicado el decreto que fija el nombre oficial del Año 2026, pero la Presidencia del Consejo de Ministros ya alista la norma que se difundirá en el diario oficial El Peruano en los próximos días. Esta denominación será de uso obligatorio en toda la documentación del sector público durante los doce meses del año, tal como ocurre con cada “nombre del año” desde la década de 1960.
Este nombre tiene carácter administrativo: es obligatorio en documentos oficiales del sector público (oficios, resoluciones, comunicados, sellos, membretes) durante todo el año calendario. En el sector privado su uso es opcional, aunque muchas empresas y medios lo adoptan para mantener coherencia comunicacional.
¿Qué es el “Nombre del Año” en el Perú?
En el Perú, cada año calendario recibe una denominación oficial que busca sintetizar la prioridad política, social o económica del Gobierno central. Este nombre no reemplaza la denominación constitucional del Estado (República del Perú), sino que funciona como un lema institucional que marca la agenda del Ejecutivo.
La práctica se consolidó a partir del gobierno de Fernando Belaúnde Terry, quien dispuso que cada año tuviera un nombre alusivo a ejes como desarrollo, educación, infraestructura, integración nacional o conmemoraciones históricas. Desde entonces solo hay contadas excepciones de años sin denominación, lo que muestra el peso simbólico y comunicacional de esta costumbre.
Desde 1963, el Gobierno del Perú establece un nombre oficial para cada año. Entonces, ¿cómo se denomina el 2026? (Foto: Renato Pajuelo de Andina / Freepik)
¿Cómo se define el nombre oficial del 2026?
El nombre oficial del Año 2026 se aprobará mediante un decreto supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado en el diario oficial El Peruano. Esta norma se sustenta en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que facultan al presidente y al Consejo de Ministros a emitir disposiciones de alcance nacional.
En la práctica, la PCM recoge lineamientos del plan de gobierno, del Marco Macroeconómico Multianual y de las prioridades sectoriales para elegir una frase que conecte con los desafíos del país. Por ello, en los últimos años se han privilegiado mensajes vinculados a la reactivación económica, la paz social, la soberanía nacional o el fortalecimiento de servicios públicos clave como salud y educación.
¿Cuándo se conocerá el Nombre del Año 2026?
El “Nombre del Año” se oficializa mediante un Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y publicado en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con la práctica de los últimos años, esta publicación suele hacerse entre los últimos días de diciembre y las primeras semanas de enero del año que empieza.
¿Qué se sabe hasta ahora sobre el Año 2026?
Diversos medios y portales institucionales coinciden en que, a la fecha, el 2026 aún no tiene una denominación oficial publicada en El Peruano. No se ha registrado ningún decreto supremo que establezca formalmente el nombre del año, por lo que cualquier frase que circule en redes o comentarios de opinión carece de validez jurídica.
Lo que sí se ha adelantado es que el anuncio se hará, como es habitual, entre los últimos días de diciembre del año previo y las primeras semanas de enero del año en curso, una vez que el Ejecutivo termine de afinar el mensaje que quiere proyectar para el 2026. Este margen de tiempo explica que, aun con el calendario ya iniciado, pueda existir un breve periodo sin denominación oficial mientras se cierra la redacción final del decreto.
Desde 1962, el Gobierno del Perú establece un nombre oficial para cada año. Entonces, ¿cómo se denomina el 2026? (Foto: Renato Pajuelo / Andina)
¿Qué criterios usa la PCM para elegir el nombre del año 2026?
La PCM utiliza una combinación de criterios políticos, técnicos y simbólicos para proponer y definir el nombre oficial de cada año en el Perú, siempre alineado con las prioridades del Gobierno y la coyuntura nacional. Aunque es una decisión discrecional del Ejecutivo, responde a un proceso interno con insumos de ministerios y otras entidades públicas.
Criterios políticos y de gestión
- Prioridades del gobierno de turno: El nombre del año debe reflejar el eje central de la gestión presidencial (por ejemplo, reactivación económica, salud, educación, soberanía, bicentenario, etc.).
- Coherencia con el plan y la agenda pública: Se busca que el lema dialogue con el Plan de Gobierno, la agenda social y los programas prioritarios que el Ejecutivo quiere visibilizar durante esos 12 meses.
- Mensaje claro y movilizador: La frase seleccionada busca transmitir un objetivo fácilmente entendible por la ciudadanía y funcional en discursos, campañas y documentos oficiales.
Criterios de contexto y coyuntura
- Situación económica, social y política: La PCM y el presidente ponderan la coyuntura del país (crisis económica, conflictos sociales, procesos de reforma, emergencias sanitarias, etc.) y eligen un nombre que responda a esos retos.
- Hechos históricos o conmemorativos: En años de aniversarios clave (como el Bicentenario o fechas asociadas a batallas o hitos republicanos), el nombre suele resaltar esas efemérides y su carga simbólica.
- Necesidad de orientar la agenda pública: El lema actúa como recordatorio permanente del tema que el gobierno quiere poner en el centro del debate nacional (por ejemplo, “universalización de la salud” o “soberanía nacional”).
Propuestas técnicas e institucionales
- Insumos de ministerios y entidades públicas: A lo largo del año, diversos sectores del Ejecutivo formulan propuestas de denominación, usualmente vinculadas a sus políticas o campañas emblemáticas.
- Aportes de otras instituciones y expertos: En algunos casos, organismos internacionales, gobiernos regionales, academia o sociedad civil pueden influir mediante recomendaciones o iniciativas temáticas que luego la PCM considera.
- Evaluación de pertinencia y alcance: La PCM revisa qué propuesta tiene mayor capacidad de representar un objetivo nacional transversal y no solo un interés sectorial.
Carácter discrecional y formalización
- Decisión final del presidente y el Consejo de Ministros: Entre todas las opciones, el presidente selecciona la denominación que mejor condense la visión de su gestión para ese año.
- Alineamiento con el marco jurídico: La elección se formaliza vía decreto supremo, sustentado en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, lo que le da carácter obligatorio en la documentación estatal.
- Equilibrio entre simbolismo y operatividad: La frase debe ser suficientemente representativa y, al mismo tiempo, manejable para su uso cotidiano en membretes, comunicados, resoluciones y campañas oficiales.
Importancia práctica y política del nombre del 2026
Una vez publicado el decreto, el nombre del Año 2026 deberá consignarse obligatoriamente en la parte superior de resoluciones, oficios, memorandos, informes y demás documentos emitidos por ministerios, gobiernos regionales, municipios y organismos públicos. Además, el Ministerio de Cultura tiene el encargo de traducir esta denominación a lenguas indígenas u originarias para su uso en comunicaciones oficiales dirigidas a pueblos quechuas, aimaras y amazónicos, reforzando un enfoque de inclusión.
Más allá del aspecto formal, el nombre del año actúa como una brújula política: orienta el discurso del Gobierno, sirve de marco narrativo para campañas y programas y envía una señal a la ciudadanía y a los actores económicos sobre el énfasis que tendrá la gestión pública. En ese sentido, la denominación que se adopte para el 2026 será una pieza clave para leer las prioridades del Ejecutivo en un contexto marcado por la necesidad de consolidar la recuperación económica, fortalecer la institucionalidad democrática y atender brechas sociales históricas.
¿Cómo afecta el Nombre del Año a la redacción de documentos públicos?
El Nombre del Año en Perú es de uso obligatorio en la redacción de documentos públicos, porque forma parte del encabezado institucional que deben emplear las entidades del Estado. No cambia el contenido jurídico de los actos, pero sí su forma y presentación administrativa.
Uso obligatorio en el encabezado
- Una vez publicado el decreto supremo, todas las entidades del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y locales deben incorporar el Nombre del Año en la parte superior de sus oficios, resoluciones, informes, memorandos y otros documentos oficiales.
- El texto suele colocarse inmediatamente debajo del nombre de la República del Perú, como parte del membrete institucional.
Alcance en toda la administración pública
- La obligación de uso se extiende a ministerios, organismos constitucionalmente autónomos, programas especiales y empresas públicas, salvo que la norma disponga alguna excepción específica.
- Muchas entidades actualizan sus plantillas, formatos y sistemas de gestión documental (SIGED, mesa de partes virtual, etc.) para generar automáticamente el Nombre del Año en cada documento.
Impacto en plantillas y formatos
- Cada inicio de año, las oficinas de Trámite Documentario y Secretaría General suelen circular un instructivo interno indicando cómo debe figurar la nueva denominación en oficios, resoluciones y comunicaciones externas.
- Se ajustan formatos en Word, PDF y sistemas de impresión para que el Nombre del Año aparezca de manera uniforme, evitando criterios dispares entre áreas.
Revisión y control interno
- Las oficinas de control interno y las secretarías revisan que el Nombre del Año esté correctamente consignado como parte de la verificación formal del documento.
- Aunque la ausencia del Nombre del Año no invalida automáticamente el acto administrativo, puede considerarse una observación de forma y dar lugar a su corrección o rehacer el documento para cumplir con las disposiciones vigentes.
Comunicación externa y percepción ciudadana
- El uso homogéneo del Nombre del Año refuerza el mensaje político y programático que el gobierno quiere posicionar (por ejemplo, énfasis en educación, salud o reactivación económica).
- Para la ciudadanía y los medios, ver esa denominación en cartas, constancias, certificados y resoluciones contribuye a asociar la gestión pública con ese eje temático durante todo el año
